El comisario jubilado José Manuel Villarejo (El Carpio, 1951) se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional en el primer juicio en el que se aborda si los negocios privados de 'Inteligencia' para grandes empresas españolas que llevó a cabo durante años, reportándole ingresos millonarios, fueron legales puesto que a la vez estaba en activo en la Policía.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide para él 109 años de prisión en el proceso que arranca este miércoles ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, considera que aprovechó su condición policial y los contactos que tenía en el Cuerpo para ofrecer a sus clientes unos servicios que iban más allá de lo que podía dar cualquier empresa legal de detectives. Consideran que, para aportar a sus clientes trapos sucios sobre la competencia, enemigos o empleados poco fiables, Villarejo accedió a bases de datos confidenciales tanto de la Policía como de compañías telefónicas gracias a una red de colaboradores dentro del Cuerpo o en segunda actividad que también se sentarán en el banquillo. También que utilizó métodos propios de la extorsión para conseguir los objetivos de quienes le contrataron.

Hasta 26 personas (entre ellas su socio el abogado Rafael Redondo, su esposa Gemma Alcalá, su hijo José Villarejo o el comisario también jubilado Enrique García Castaño) se sientan junto al ya archiconocido comisario en el banquillo de los acusados de la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), además de cinco personas jurídicas, las empresas que le contrataron.

Los tres encargos

El policía retirado, que estuvo en prisión preventiva entre noviembre de 2017 y marzo de 2021, se juega mucho en este juicio en el que se aborda la legalidad de los trabajos que realizaron él y sus colaboradores más próximos para tres encargos que le hicieron un despacho de abogados de Madrid (Herrero & Asociados), el empresario andaluz Juan Muñoz Tamara (marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana) y Susana García-Cereceda, una de las herederas de Luis García-Cereceda, el promotor de la urbanización más cara de Madrid (La Finca), en detrimento de su hermana Yolanda para quedar en mejor posición para la herencia.

En el primer caso, se trataba de espiar a una escisión de abogados del despacho que se montaron otro bufete, Balder IP Law, convirtiéndose en competencia. En el segundo caso, el comisario habló con Muñoz Tamara y su hermano de utilizar un vídeo del abogado (exjuez) de un deudor de ambos para presionarle y que así solucionara la deuda. Se trataba de un vídeo en el que supuestamente se le veía consumir cocaína con prostitutas.

Los fiscales acusan a Villarejo en el juicio en el que se abordan las tres piezas de investigación Iron, Pintor y Land -en referencia a los tres encargos citados, respectivamente,- de los delitos de cohecho activo y pasivo, descubrimiento de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, extorsión y revelación de secretos, también relacionados con la vida íntima de uno de los afectados.

Validez de la prueba inicial

Las primeras sesiones del proceso de este miércoles y jueves ante el Tribunal compuesto por los magistrados Ángela Murillo (presidenta), Carmen Paloma González y Fermín Echarri estarán dedicadas a las cuestiones previas.

Villarejo, que además de como acusado ejercerá como defensor de sí mismo junto a su abogado Antonio García Cabrera, tratará en primer lugar de anular la causa por la invalidez de la prueba inicial contra él, las grabaciones que recogió durante años de toda persona con la que hablaba. Sostendrá que se le requisaron cuando fue detenido y que se han ido seleccionando con ánimo de ir abriendo piezas de investigación de manera prospectiva -pues el motivo por el que fue detenido fue otro-, que no se respetó la cadena de custodia en su tratamiento y que han sido manipuladas.

Repercusión en la macrocausa 'Tándem'

Más allá de tratar de desmontar la causa por nulidad, el comisario jubilado también sostendrá que no pudo incurrir en cohecho como miembro de la Policía mientras realizaba trabajos privados porque éstos siempre le fueron permitidos en el Cuerpo, incluso que sus empresas fueron utilizadas para delicados trabajos de Estado con distintos gobiernos, tanto socialistas como del PP. Al participar como abogado defensor, el comisario tendrá la posibilidad de interrogar a testigos y otros acusados, si estos lo aceptan.

La sentencia resultante de esta primer gran juicio contra Villarejo, sus colaboradores y quienes le contrataron será clave para saber si continúan en el Juzgado Central de Instrucción 6 las investigaciones por los encargos que le hicieron grandes empresas del Ibex 35 como Iberdrola o BBVA, cuyo presidente y expresidente, Ignacio Sánchez Galán y Francisco González, figuran como investigados en la macrocausa 'Tándem'.