El Congreso ha avalado este jueves el real decreto-ley presentado por el Gobierno para frenar la escalada del precio de la luz, un paquete de medidas que incluye un recorte de los beneficios extraordinarios obtenidos por las eléctricas a cuenta del sobrecoste del gas no asumido. Sólo se han opuesto al proyecto el PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, 152 diputados contra una mayoría de 182 que suman PSOE, Podemos y el resto de socios minoritarios. Sólo PNV, Junts y el PDeCAT se han abstenido.

La propuesta del Gobierno levantó un polvorín en los grupos de la oposición por su carácter "intervencionista", pero durante su turno de defensa en el Pleno la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que suavizará el recorte a las eléctricas y quedarán exentas aquellas compañías que ofrezcan precios "razonables" a las industrias. Ribera ha señalado, además, que el Gobierno completará el proyecto "en las próximas semanas" para una reducción efectiva del recibo de la luz.

En todo caso, la vicepresidenta cuarta del Gobierno ha recalcado que todas las medidas aprobadas en Consejo de Ministros y avaladas por el Congreso tienen un carácter temporal, ya que el recorte de los beneficios extraordinarios de las eléctricas finaliza, en principio, el 31 de marzo.

Ley de Memoria

Este jueves, el Congreso también ha dado luz verde a la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno tras ser rechazadas las enmiendas a la totalidad del texto. En concreto, el Pleno ha tumbado los dos vetos de devolución presentados por PP y Vox, así como el de ERC, cuya formación ha propuesto un texto alternativo.

El proyecto pilotado por la ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, implica una ampliación de la ley de memoria actualmente vigente, y que introduce el delito de exaltación del franquismo o la extinción de la Fundación Francisco Franco y la del Valle de los Caídos. La norma ha pasado hoy su primer examen en el Congreso, pero le espera un proceso de tramitación arduo por los recelos que despierta el texto los socios de Sánchez, incluyendo a Unidas Podemos, que consideran que la norma se queda corta y que se debe abordar el texto con mayor ambición.