El Gobierno y el Partido Popular han alcanzado este jueves un insólito acuerdo para renovar los órganos constitucionales, un pacto que incluye el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos, según confirman fuentes populares y de Moncloa. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que lleva en funciones desde finales de 2018, queda fuera del acuerdo.

Según trasladan ambas partes, la renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente el próximo 25 de octubre, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. "Hemos dado un paso importante en el reforzamiento de nuestras instituciones", defienden los populares.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han mantenido sendas reuniones el miércoles por la tarde y este mismo jueves de las que se ha desprendido el acuerdo. Respecto a la ausencia de un pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces, desde el principal partido de la oposición celebran que ambas partes se han comprometido a "avanzar en el desbloqueo sobre la base de una mayor independencia", sin renunciar a las principales condiciones del PP para renovar el órgano.

Momento clave para el TC

El acuerdo de renovación -que el líder de los populares Pablo Casado propuso este miércoles en la sesión de control al Gobierno tratando de descolocar a Pedro Sánchez- llega en un momento clave para el Tribunal Constitucional. Al tercio de magistrados que ya deberían haber sido reemplazados (el presidente Juan José González Rivas, la vicepresidenta Encarnación Roca y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés) se sumarán el año que viene los otros cuatro magistrados Antonio Narváez, Pedro González-Trevijano, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares que también cumplen su mandato. Dos deben ser reelegidos a propuesta del Gobierno y otros dos, del Consejo General del Poder Judicial.

Firmando la renovación antes de junio del próximo año (fecha en que tendría que ser renovado el segundo tercio del Tribunal), el Partido Popular se asegura la propuesta de dos magistrados y que el Gobierno proponga a otros dos, como ya tenían acordado en las negociaciones de los últimos años que no llegaron a buen puerto. Conseguiría así que el Tribunal de garantías mantenga una mayoría de magistrados de corte conservador en el momento en que, además, tiene por delante la resolución de los recursos contra la sentencia del procés más importantes: los del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Sin embargo, esas posibilidades de mantener una mayoría conservadora en el tribunal de garantías podrían cambiar el junio próximo, puesto que el Gobierno tendrá la posibilidad de proponer a dos magistrados pero el CGPJ, si sigue sin renovarse, no podrá hacer nombramientos según la reforma de la Ley del Poder Judicial que impulsaron PSOE y Podemos. Con todo, tal y como ha avanzado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el acuerdo alcanzado este jueves no incluye nombres, que "irán discutiéndose esta semana" para presentar el listado definitivo el próximo 25 de octubre en el Congreso. Fuentes de Moncloa confían en que se conocerán definitivamente a finales de esta semana o el próximo lunes 18 a más tardar.

El acuerdo incluirá a personas de reconocido prestigio y de consenso

En este punto se aventura la siguiente batalla por la renovación del órgano de gobierno de los jueces que, de momento, ha quedado fuera del acuerdo a diferencia de lo que quería el Gobierno. El Partido Popular insiste en que sólo renovará dicho órgano si el PSOE se compromete a reformar la Ley del Poder Judicial para que sean los jueces quienes elijan a los 12 vocales judiciales del órgano, como piden las instituciones europeas, con el fin de garantizar una mayor independencia del Consejo.

Precisamente el partido de Casado recurrió ante el Tribunal Constitucional la reforma legal que impide al CGPJ realizar nombramientos con el mandato cumplido. Una sentencia del TC contra la aprobación de dicha ley con la mayoría de los partidos del Gobierno sería un varapalo más -después de los que ya se ha llevado por la gestión del Covid- para el Ejecutivo de Sánchez. Una renovación del CGPJ antes de que eso ocurriera sería deseable para el Gobierno. Tanto desde el Ejecutivo como desde el PP comparten que el acuerdo al que se ha llegado este jueves es importante para reforzar las instituciones y la confianza de los ciudadanos en éstas.

Otra de las líneas rojas que el Partido Popular puso cuando se sentó a negociar con el Gobierno en anteriores ocasiones fue que el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, no participara en las conversaciones. Este jueves, desde el Gobierno han trasladado que esta vez Unidas Podemos "ha participado, obviamente al ser parte del Gobierno, en el acuerdo" que incluirá a personas "de reconocido prestigio y de consenso y se darán a conocer en los próximos días".

Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas

En cuanto al Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, el primero es la institución que más tiempo lleva en interinidad (desde 2017) tras expirar el mandato de Soledad Becerril. Desde entonces, su número dos en la institución, Fernando Fernández Marugán, asumió las competencias. Durante los últimos tres años que Gobierno y PP se han sentado a negociar la renovación en distintas ocasiones este órgano siempre ha sido el menos relevante para ambos, cuando no debería haber habido excesivos problemas para encontrar un sustituto de consenso.

Más sensible es la renovación del Tribunal de Cuentas, un órgano en manos de perfiles altamente cualificados aunque mayoritariamente próximos al Partido Popular. La decisión sobre la legalidad de los avales de la Generalitat para cubrir las fianzas de los 34 ex altos cargos del Govern en las denominadas embajadas catalanas en el exterior cuando Sánchez necesitaba recabar el apoyo de los partidos independentistas para sus presupuestos anuales convirtió al órgano fiscalizador en una piedra en el zapato del presidente. La renovación del órgano fiscalizador llega en un momento clave, cuando tiene que resolver sobre la posible responsabilidad de esos gastos del procés en el exterior.