El Gobierno destina aún 100.000 euros al año al pago de pensiones a ciudadanos marroquíes que lucharon por Franco y a sus familias. Se trata de una contribución regulada por el dictador a finales de 1965 y que sigue manteniéndose casi medio siglo después pero con cuantías significativamente inferiores a las que se reservaban años atrás por el fallecimiento de muchos de sus beneficiarios. Sólo desde 2007, el Gobierno ha desembolsado por este concepto más de 7,5 millones.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, enviado esta semana por el Ejecutivo de coalición al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, mantiene en 100.000 euros -como en el ejercicio en curso- la partida prevista para este este fin. Por segundo año consecutivo, el apunte no se consigna en la sección relativa a las clases pasivas sino en el programa 142A del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación bajo el enunciado 'Pago de pensiones de acuerdo con el artículo 19 Ley 172/1965'.

Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de diciembre de 1965, la citada norma venía a regular la situación del personal marroquí que sirvió en el Ejército español, de los familiares de marroquíes muertos en campaña y de los pertenecientes a Fuerzas Mahzen, oscilando el importe en función de las circunstancias familiares y los años de servicio. Estas pensiones no sólo cubrían al personal que perteneció a la Guardia Mora; también a las Unidades Regulares del Ejército español que pasaron a formar parte de las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes, a la Agrupación de Tropas Nómadas y a las Unidades de Policía Territorial del Sáhara.

"Desaparecidas las circunstancias que, en su día, aconsejaron la recluta y encuadramiento de este personal en las unidades de nuestro Ejército, España no puede olvidar su destacada actuación en las campañas de África y la Guerra de Liberación y los meritorios servicios prestados al Ejército", justificaba la ley en su preámbulo. Y añadía: "Por ello se ha estudiado la forma de resolver definitivamente la situación de este personal, hoy ciudadano de un país amigo, unificando la diversa legislación que a ellos afecta y fijando las bases para establecer -con la tradicional generosidad del Estado español- la cuantía de aquellas pensiones o indemnizaciones que deberá percibir como merecida compensación a sus años de servicio y la forma en que éstas podrán serles señaladas y abonadas, teniendo en cuenta las especiales características y circunstancias que en ellos concurren".

De 500 a 3.500 pesetas al mes

En concreto, la ley reconocía el derecho a cobrar 500 pesetas al mes para los oficiales retirados, casados y sin hijos; 1.000 pesetas al mes para los casados con hijos; 3.500 pesetas por año de servicio para los jefes de las Fuerzas Mahzen; hasta 3.000 para los capitanes, y de 750 a 2.250 para las tropas, desde soldados hasta sargentos. De un solo pago.

A los retirados marroquíes se les concedían 750 pesetas mensuales y a las viudas y huérfanos de los Regulares, 500. Todos ellos tenían derecho a dos pagas extraordinarias al año de idéntico importe: una el 18 de julio y otra en la Pascua de Aid-El-Kebir (festividad mayor de los musulmanes). Por ofrecer un elemento de comparación, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España en 1965 era de 1.800 pesetas mensuales. Las pensiones eran, por tanto, especialmente generosas para aquellos que habían vuelto a Marruecos.

Según se detalla en el artículo 19, del abono de las pensiones -en el caso de los residentes en Marruecos- se encarga la Pagaduría Central de Mutilados y Pensionistas Marroquíes de Tetuán con el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que los que viven en España han de cobrar en la pagaduría que les corresponda con cargo al crédito de la Presidencia del Gobierno.

El Estado ha abonado unos 7,5 millones desde 2007, según los datos ofrecidos por el Gobierno al senador Mulet (Compromís)

Las cuantías siguen siendo las mismas. La ley tan sólo se modificó a finales de 1966 para elevar de 21 a 23 la edad máxima a la que los hijos podrían percibir la pensión, manteniéndose que la asignación tendría carácter vitalicio para la viuda salvo si contraía nuevamente matrimonio o abandonaba a sus descendientes y que no era transmisible.

En los últimos años, el senador Carles Mulet (Compromís) ha registrado diversas iniciativas parlamentarias para conocer la cantidad que ha salido del presupuesto del Estado para abonar dichas pensiones y las medidas que pensaba adoptar el Gobierno para poner fin a esta situación, "al tratarse de personas reclutadas por el dictador genocida para saquear, violar, decapitar, robar, amputar, quemar, asaltar, masacrar, a la población de la España democrática".

De acuerdo con los datos facilitados por la Pagaduría de Tetuán, los pagos efectuados en 2007 a marroquíes que pertenecieron en su día a unidades del Ejército español alcanzaron la cifra de 2.982.692.20 euros, exactamente 59.226,76 euros más que al año siguiente. Entre 2009 y 2013, los abonos los hizo directamente la Caja Marroquí de Pensiones por deudas anteriores, según ha informado el Gobierno.

El gasto ha ido mermando de forma importante en los últimos años: 406.266,75 euros en 2014, 315.974,99 euros en 2015, 286.511,98 en 2016, 189.358,14 en 2017 y 72.093,63 durante el primer semestre de 2018, último dato ofrecido al senador Mulet. Tanto en los PGE de 2021 como en el Proyecto de Ley para 2022, la cantidad consignada es de 100.000 euros.