El pacto exprés entre Gobierno y Partido Popular para desbloquear los órganos pendientes de renovación -todos salvo el Consejo General del Poder Judicial- se celebró con júbilo en los cuarteles generales del principal partido de la oposición y el del Gobierno (PSOE). Unos por tener la iniciativa política (fue Pablo Casado quien tendió la mano en este sentido a Pedro Sánchez en plena sesión de control) y otros por ver más cerca que nunca el fin de la parálisis del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace casi tres años.

Pero en el camino que pretenden transitar de la mano socialistas y populares comienzan a encontrarse algunas piedras: los candidatos que se sentarán en las instituciones pendientes de renovación, y más concretamente la posibilidad de que Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, acceda a uno de los cuatro asientos en liza del Tribunal Constitucional. La línea roja del principal partido de la oposición de "despolitizar la Justicia" y garantizar la independencia de los órganos choca con la propuesta de Campo, cuya carrera está ligada al PSOE desde hace décadas. Nada más conocerse que su nombre está en las quinielas -algo que no desmienten ni Gobierno ni PP- otros partidos como Vox no han tardado en criticar el "reparto" de cargos "del bipartidismo".

Tanto en Ferraz como en Génova dieron por hecho el acuerdo para renovar el TC, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos cuando el pacto que cerraron personalmente el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y el secretario general del PP, Teodoro García Egea no incluía un listado de nombres. "Las personas que formarán parte de estos órganos en la nueva etapa serán de reconocido prestigio y de consenso", resumieron PSOE y PP en un comunicado conjunto. Ambas fuerzas se emplazaron a continuar las negociaciones en los días siguientes para presentar más pronto que tarde un listado definitivo de candidatos pero, según fuentes conocedoras de las negociaciones, "aún no ha habido ninguna propuesta formal" en este sentido.

En este contexto, la posibilidad de que el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, busque acomodo en el Tribunal Constitucional tras su periplo gubernamental ha enturbiado las conversaciones entre PP y PSOE, un extremo que los populares no confirman porque, insisten, "los nombres no se están negociando en estos momentos". En el número 13 de la calle Génova evitan levantar un veto expreso contra el ex titular de Justicia como sí hicieron con los jueces progresistas de la lista propuesta por el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero sugieren que aceptar la candidatura del también ex vocal del consejo de jueces a propuesta del PSOE implicaría una enmienda a la defensa de la despolitización de los órganos constitucionales de la que hace bandera el líder del PP, Pablo Casado.

Fue el propio presidente de los populares el que ya dibujó en una entrevista para Onda Cero cuál sería el principal escollo de la negociación de los candidatos: "Mi posición es que sería bueno que, al menos en el caso del Tribunal Constitucional, se propusiesen nombres que no hubiesen ocupado responsabilidades de alto nivel político por una cuestión no de incompatibilidad, sino por mandar un mensaje de independencia y de imparcialidad", avanzaba el jefe de la oposición, sin responder a la pregunta de si el Partido Popular levantaría o no un veto a un dirigente que acudía al Consejo de Ministros semanalmente hasta hace tan sólo tres meses.

El PP se empeña en subrayar las diferencias respecto a la negociación del CGPJ de la del resto de órganos, incluido el Tribunal Constitucional, para evitar fijar condiciones en base a sus principios que puedan alejar el acuerdo. Los populares circunscriben cualquier pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces a que Sánchez registre una ley para "despolitizar la justicia" y cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo. Pero la despolitización, como se encargó de subrayar el propio Pablo Casado, sólo es condición para el CGPJ, no para el Constitucional. ¿Por qué? "Porque el caso del TC es distinto dado que no es un órgano judicial", sino "una institución política" que "eligen los tres poderes del Estado", avanzó el presidente del PP.

Vox critica el acuerdo

Con todo, el PSOE pondrá en un brete a Pablo Casado si incluye en su propuesta de candidatura al Constitucional a Juan Carlos Campo. Los populares tendrían entonces dos opciones: romper amarras y volver al asedio institucional, lo que daría alas al PSOE en su narrativa de que es el PP el que "bloquea" una renovación que mandata la Constitución; o aceptar y verse ante la tesitura de explicar el por qué de su apoyo al ministro responsable de la concesión de los indultos a los presos del 'procés' o del nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado que recurrieron PP y Vox.

Precisamente este martes el Tribunal Supremo aborda dichos recursos contra el nombramiento de la también exministra de Justicia, Dolores Delgado, como máxima responsable de la Fiscalía. La formación de Pablo Casado denunció en su recurso contra el decreto para su designación la "inequívoca vinculación" con el partido del Gobierno de la que fue diputada socialista hasta su elección. Consideró que, eligiéndola, el Ejecutivo no respetaba la independencia judicial y buscaba "situar al ministerio público a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación".

Mientras, y en plena pugna por el espacio político de la derecha, Vox no ha perdido la oportunidad de arrinconar al PP por un acuerdo que, de materializarse, puede pasar factura a los populares en favor de los de Santiago Abascal en su bolsa común de votantes. Vox ya denunció la pasada semana cómo los de Pablo Casado habían dado "oxígeno" al Gobierno de Sánchez. "El PP comparte la 'agenda progre'" y "está más cerca del PSOE que de sus propios votantes", denunció el líder de la formación, haciendo gala una vez más de uno de sus argumentos estrella para desactivar el auge de los populares. Con la posibilidad abierta de que Casado se avenga a negociar el nombre de Campo en la lista para el Tribunal Constitucional, Santiago Abascal volvió a lanzar una advertencia en redes sociales: "El pacto del bipartidismo progre, cada día más cerca".

Campo, bien visto en el PP

Juan Carlos Campo volvió a su plaza de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras quedar fuera del Gobierno en la última remodelación de Pedro Sánchez junto con los ministros Carmen Calvo, Arancha González Laya y José Luis Ábalos. El juez siempre ha sido un perfil bien visto en el Partido Popular por su centralismo y voluntad de diálogo.

Después de que el primer acuerdo de renovación del CGPJ a finales de 2018 entre Gobierno y PP saltara por los aires por filtrarse un mensaje en el que el senador popular Ignacio Cosidó se alegraba de que hubieran acordado proponer como presidente del órgano y del Tribunal Supremo a Manuel Marchena, lo que les permitiría "controlar la Sala Segunda" del alto tribunal que juzgaría a los impulsores del 'procés' "desde detrás", Campo pasó a representar al Gobierno en las conversaciones con la oposición. Al otro lado de la mesa se sentaba el portavoz de Justicia del PP y consejero madrileño Enrique López, con el que tenía una buena relación personal desde décadas atrás. Estuvieron a punto de sellar un acuerdo hasta en dos ocasiones.

Campo conserva buenas relaciones con miembros del actual CGPJ que está en funciones desde hace casi tres años, tanto del bloque conservador como del progresista. Su propuesta como relevo para uno de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional de salida que Gobierno y oposición han acordado reelegir no supondría problemas para el PP si no fuera por los límites que el propio partido de Casado ha puesto en las últimas fechas, y que ahora le echan en cara otros partidos como Vox. Desde que el pasado miércoles el líder del PP sorprendiera con la propuesta para renovar el Alto Tribunal en la sesión de control al Gobierno, se retomaron las conversaciones entre el secretario general del PP Teodoro García Egea y el ministro de Presidencia Félix Bolaños.

Los nombres del catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo y la jurista Yolanda Gómez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por parte de PP y Gobierno, respectivamente, tendrían el respaldo de ambas partes de la negociación para llegar al TC, según trasladan fuentes conocedoras de ésta. En cuanto a los candidatos para renovar el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, aún no ha trascendido ninguno de los que se barajan.

El PP repite que mantendrá su línea roja contra la politización de los órganos judiciales para garantizar su independencia. Esa exigencia se refiere tanto a que no se elijan cargos vinculados directamente con el partido del Gobierno como a que no renovará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si el equipo de Sánchez no se compromete a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que sean los jueces quienes elijan a los 12 vocales judiciales del órgano. Admitir la inclusión de Campo en el acuerdo para sustituir a su presidente Juan José González Rivas, su vicepresidenta Encarnación Roca y los dos magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés, supondría una contradicción con sus propios argumentos que ya le están echando en cara tanto el partido de Santiago Abascal como la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera.

La interlocución es "fluida" y las reuniones continuarán esta semana antes de desvelar qué nombres accederán al Tribunal Constitucional y al resto de instituciones. Pero el calendario comienza a apretar: PSOE y PP cuentan con apenas una semana para resolver los escollos que puedan surgir en la negociación, ya que ambas fuerzas se comprometieron a llevar la renovación de las instituciones y el listado definitivo de nombres tanto a Congreso como Senado en la semana del 25 de octubre.