El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se ha escudado en “la discreción y la inteligencia” para evitar cualquier pronunciamiento sobre las violaciones de derechos humanos que sufre la activista saharaui Sultana Jaya, en arresto domiciliario sin orden judicial desde el pasado noviembre. En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el jefe de la diplomacia ha ido incluso más allá al tratar de desvincular a España de su responsabilidad histórica con los saharauis como potencia administradora del territorio.

“En política exterior se requiere discreción. Dice que España es potencia administradora. Ni en la lista de territorios no autónomos de la ONU y ni en ninguna resolución del Consejo de Seguridad, España lo es, ya que dejó de serlo en el año 1975. Pero no le quepa duda, en nuestras relaciones con todos los países del mundo, hacemos valer la defensa de los derechos humanos, de manera global y en los casos particulares", ha declarado Albares a la pregunta del portavoz del PNV, Aitor Esteban.

La posición del ministro, en el cargo desde julio, no está respaldada por el derecho internacional ni las resoluciones de la ONU. En un comunicado, la delegación española del Frente Polisario recuerda que “España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, última colonia de África pendiente de descolonización”. “El Sáhara Occidental es uno de los 17 territorios de todo el mundo todavía considerados como una colonia por el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas. Por lo tanto, el Sáhara Occidental sigue siendo, en la actualidad, una colonia, y España responsable de ese territorio”, señala la organización que controla los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

"España es la potencia administradora"

“Según el ministro, España se desligó de sus responsabilidades con la firma de los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid, el 14 de noviembre de 1975. Dichos acuerdos han sido señalados como nulos por la ONU y la Audiencia Nacional de España, cuando aún estaba presidida por el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska”, subraya la entidad saharaui. “La Resolución 34/37 de la Asamblea General, de 21 de noviembre de 1979, califica de ocupación la presencia de Marruecos en el Sahara Occidental”, añade.

Esteban ha interpelado a Albares sobre las medidas llevadas a cabo por España para "salvar la vida de Sultana Jaya, en consonancia con el espíritu de defensa de los derechos humanos que anima su política exterior". La activista Jaya es presidenta de la Liga Saharaui para la Defensa los derechos humanos y en Contra del Expolio de los Recursos Naturales en Bojador. Lleva bajo arresto domiciliario sin orden judicial desde el 19 de noviembre de 2020. Durante los últimos tres lustros ha padecido agresiones físicas, amenazas de muerte, tortura y acoso sexual. Albares ha evitado referirse a ella en su intervención en el Hemiciclo.

“Sabe perfectamente la dificultad en materia de derechos humanos. A ningún estado le gusta tomar medidas porque se pueda pensar que son terceros los que le obligan a ello o son terceros los que las toman por ellos. No hay otra forma que ser inteligente y ser discreto en estos casos”, ha alegado el ministro y militante del PSOE. “Las relaciones de buena vecindad son algo muy importante, pero yo le aseguro que las relaciones de buena vecindad jamás se anteponen por este gobierno a la defensa y promoción de los derechos humanos”, ha apostillado vagamente. “La inteligencia se demuestra con cierta rapidez. Un año llevamos ya con esto”, le ha vapuleado Esteban.

Polémica por los premios Sájarov

Precisamente el portavoz peneuvista le ha recriminado a Albares el voto del PSOE en el parlamento europeo junto a VOX para impedir que Jaya fuera elegida en la terna de finalistas del premio Sájarov, que ha recaído este miércoles en el disidente ruso encarcelado Alexei Navalny. “Me preocuparía mucho que hubiera salido de su ministerio la orden de votar en contra de la candidatura de Sultana al premio Sájarov y hacerlo en favor de Jeanine Áñez, una golpista propuesta por VOX que, por cierto, expulsó a la número dos de la embajada española del país. Me parece sorprendente”, ha reconocido.

“Si tan buenas relaciones tenemos con Marruecos, sean amigos o adversarios, es deber de todos luchar contra la injusticia. Si son amigos más razones habrá para poder acercarse e impedir estas situaciones verdaderamente que son inaceptables”, ha concluido.

En apenas cuatro meses en el cargo, Albares se ha colocado en el centro de la polémica por su evidente acercamiento al régimen de Mohamed VI. Rabat y Madrid protagonizaron en mayo la mayor crisis diplomática reciente después de que miles de marroquíes llegaran a nado a las costas de Ceuta, un movimiento de presión marroquí por la acogida por razones humanitarias del líder del Polisario, Brahim Ghali, que fue condenado por el Parlamento Europeo. Este pasado fin de semana el PSOE incluyó en su ponencia marco un impulso de las relaciones con la dictadura marroquí y dejó por escrito su decisión de ser valedor de Rabat en Europa en un contexto marcado por la anulación del acuerdo pesquero entre Marruecos y la UE por la justicia comunitaria.

España intenta rehuir su responsabilidad como potencia administradora pero no puede desligarse de ello de forma unilateral

FRENTE POLISARIO

“España intenta rehuir su responsabilidad como potencia administradora pero no puede desligarse de ello de forma unilateral. El derecho internacional es muy claro en ese sentido”, replica el Polisario. “La reciente sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea define al territorio del Sahara Occidental como distinto y separado de Marruecos. Esta definición lleva implícito el hecho que es un territorio pendiente de descolonización y su potencia responsable sigue siendo España”, agrega. “Ha llegado el momento de entender y digerir las consecuencias de esta sentencia de la justicia Europea, por el bien de todos, incluido el de España”, exige el comunicado.

El Polisario solicita al Gobierno de Pedro Sánchez que “cumpla con sus responsabilidades como potencia administradora y, en particular, que garantice la protección de la activista saharaui Sultana Jaya y su familia y exija al gobierno de Marruecos el respeto del Derecho Internacional Humanitario”.