El Gobierno y el Partido Popular han llegado a un acuerdo este jueves para renovar los órganos constitucionales pendientes de renovación, es decir, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Sin embargo, el evidente acercamiento entre Sánchez y Casado no ha servido para desencallar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace casi tres años.

Con este acuerdo, los nuevos magistrados que tomarán el relevo en el Tribunal Constitucional -cuyo mandato caducó en 2019- serán el catedrático Enrique Arnaldo y la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concha Espejel a propuesta del PP; y la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Inmaculada Montalbán; y el magistrado de la Audiencia Nacional, Juan Ramón Sáez por la parte del PSOE. Finalmente, en la lista no ha entrado el nombre del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, cuya candidatura había entrado en las quinielas y cuya propuesta había rechazado frontalmente el líder de la oposición, Pablo Casado.

Respecto al Defensor del Pueblo, será finalmente el ex líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, quien tome las riendas de la institución. Mientras tanto, los populares han designado a la diputada Teresa Jiménez Becerril como su número dos en el citado órgano.

La fumata blanca ha llegado cuando el reloj pasaba de las 21:00 horas de la noche después de una semana de intensos contactos para despejar las incógnitas que rodeaban a la elección de los nombres de los órganos constitucionales, especialmente los que afectaban al Tribunal Constitucional. El PSOE ha aceptado finalmente el nombre de Enrique Arnaldo quien, según fuentes jurídicas y populares, levantaba ciertos recelos en el ala socialista por su implicación en el caso 'Palma Arena' junto al ex presidenta balear, Jaume Matas.

En Génova se congratulan por haber alcanzado un acuerdo en el que priman los perfiles "profesionales y técnicos de reconocido prestigio". Los de Pablo Casado han puesto como condición a la negociación que, al menos en los órganos jurisdiccionales, no hubiese perfiles con una clara afiliación política para avanzar en la condición programática de la "despolitización" de las instituciones.

Por su parte, fuentes socialistas insisten en la "satisfacción" de haber alcanzado un acuerdo de cuatro de los cinco órganos constitucionales que se mantenían en interinidad, si bien ha lanzado un órdago a los populares insistiendo en la necesidad de dar el siguiente paso y desbloquear el CGPJ, "tal y como establece la Constitución".

Tribunal de Cuentas y Agencia de Protección de Datos

También ha habido acuerdo para renovar el Tribunal de Cuentas, que contará con los siguientes nombres: dos consejeras de la institución, Enriqueta Chicano Jávega y Dolores Genaro Moya; Isabel Fernández Torres, (profesora de Derecho Mercantil en la UCM); Elena Hernáez Salguero, (ex presidenta del Tribunal Económico-Administrativo de Madrid); Diego Íñiguez Hernández, (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo); Rebeca Laliga (subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia); José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil); Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona); Javier Morillas (catedrático de Economía Aplicada); Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado del Colegio de Vizcaya); María Luz Rodríguez Rodríguez (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona); y Miguel Ángel Torres Morato (actual fiscal jefe del Tribunal de Cuentas).

Respecto a la Agencia de Protección de Datos, la directora será Belén Cardona Rubert, catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia. Cardona tendrá como director adjunto a Borja Adsuara Varela, abogado y consultor en derecho digital.