El acuerdo se ha demorado pero no por mucho tiempo. Gobierno y PP ultiman estos días la negociación para renovar el Tribunal Constitucional y el resto de órganos constitucionales, y prevén presentar un listado definitivo antes del próximo lunes, según avanzan fuentes de Moncloa. Una y otra parte se habían comprometido a llevar al pleno del Congreso y del Senado el desbloqueo definitivo de los órganos pendientes de renovación -salvo el CGPJ- en la semana del 25 de octubre, si bien los plazos se han dilatado y la votación parlamentaria no se producirá al menos hasta principios de noviembre.

Ambas partes inciden en que las conversaciones avanzan a buen ritmo, a la espera de despejar la incógnita que atañe especialmente al Tribunal Constitucional: los cuatro candidatos -dos a propuesta del PSOE y otros dos por la parte del PP- que servirán de relevo a los magistrados de salida del tribunal. La posible candidatura del ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, enrareció las conversaciones entre Gobierno y PP, por rechazar los populares cualquier nombre que implique enmendar el límite de todo acuerdo con el Ejecutivo de Sánchez: la "despolitización" de los órganos constitucionales.

No es el único nombre que ha generado fricciones en la negociación. Según pudo confirmar El Independiente, la propuesta del catedrático de Derecho Constitucional, Enrique Arnaldo, por parte del PP ha generado también recelos entre los socialistas, por su presunta implicación en el caso 'Palma Arena' junto al ex presidente de Baleares, Jaume Matas. El otro nombre que entra en las quinielas es el de la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Yolanda Gómez, que en este caso iría a propuesta del PSOE.

Para lo que sí hay un acercamiento evidente es para el Defensor del Pueblo. El PSOE ha desempolvado su propuesta de impulsar a Ángel Gabilondo para dirigir el mencionado órgano, mientras que en el PP no se oponen a la petición, según confirman fuentes de la dirección a El Independiente. De hecho, los populares nunca llegaron a oponerse a que el ex líder del PSOE en la Comunidad de Madrid ocupase el mencionado puesto, si bien ambas fuerzas se emplazan a desencallar el resto de las instituciones y alcanzar un acuerdo que parece inminente.

Gobierno y PP alcanzaron un acuerdo exprés la pasada semana para desbloquear los órganos constitucionales a excepción del CGPJ, un pacto que incluía al Tribunal Constitucional, el de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, en las reuniones que entonces mantuvieron personalmente Teodoro García Egea y Félix Bolaños no se resolvieron los nombres que presentarían de forma conjunta ante Congreso y Senado para el efectivo desbloqueo de las instituciones, un listado que, en el caso del Tribunal Constitucional, sigue siendo una incógnita.