Miembros del Tribunal de Cuentas están preocupados por si PSOE, Unidas Podemos y los partidos independentistas en el Congreso de los Diputados que dieron su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez ponen en marcha una reforma legal que modifique sus funciones para impedir que el órgano pueda seguir persiguiendo el desvío de fondos públicos para la promoción del independentismo.

Temen, según trasladan a El Independiente, que la negociación para renovar el órgano fiscalizador de las cuentas públicas entre Gobierno y Partido Popular abra la puerta a una reforma legal con la que se suprima la función jurisdiccional que ha permitido exigir una fianza de 5,4 millones de euros a los políticos que promocionaron el proceso de independencia de Cataluña en el exterior a través de las embajadas catalanas y el Diplocat.

La Constitución Española recoge en su artículo 136 la función de enjuiciamiento contable del Tribunal de Cuentas para remitir a las Cortes Generales "un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido". Podría parecer que la función jurisdiccional está protegida, por tanto, en dicho artículo de la Carta Magna. Sin embargo, fuentes del órgano reparan en que el mismo artículo tiene una brecha en su redacción que permitiría vaciar de contenido su función más importante.

En el artículo 2 de éste se afirma que "las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales" el citado informe anual. Y es precisamente ese punto y la afirmación "sin perjuicio de su propia jurisdicción" la que sospechan que los partidos del Gobierno podrían utilizar para impedir que los consejeros de cuentas puedan perseguir un mal uso del gasto público y exigir responsabilidades al respecto. Precisamente la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas consiste "en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en el ámbito de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos".

Tras las declaraciones de Illa

Las sospechas de los miembros del Tribunal de Cuentas se fundan en unas declaraciones que hizo este lunes el líder del Partido Socialista Catalán (PSC) Salvador Illa, quien pidió "revisar" las funciones del Tribunal de Cuentas que han permitido exigir la fianza millonaria solidaria a los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al ex vicepresidente Oriol Junqueras, entre otros líderes independentistas.

Illa hizo estas declaraciones después de que el Tribunal de Cuentas rechazara los avales de la Generalitat para cubrir la fianza millonaria impuesta y que Esquerra Republicana de Cataluña anunciara que cubriría el montante para evitar el embargo de los bienes de los políticos bajo la lupa de órgano fiscalizador.

Inmediatamente después, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE Felipe Sicilia salió a matizar sus palabras. Afirmó que ahora el PSOE está "centrado" en la renovación del órgano y no en la modificación de sus funciones.

Cambiaría el equilibrio del Tribunal

Dicho acuerdo de renovación está ya cerrado y se llevará al Parlamento en paralelo con la propuesta de nombres para reemplazar a los magistrados del Tribunal Constitucional que cumplieron su mandato hace dos años, según las dos partes de la negociación. Conllevará un cambio de equilibrios en el órgano, que ahora cuenta con mayoría de siete consejeros conservadores propuestos por el Partido Popular en 2012, cuando tenía mayoría en las Cortes, frente a cuatro propuestos por el PSOE.

Ahora serían los partidos del Gobierno (PSOE y Podemos) quienes propondrían y elegirían a la mayoría de miembros, pasando a controlar el órgano. En caso de que dichos partidos propongan una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de la Ley de Funcionamiento del Tribuna de Cuentas, podrían sacarla adelante con su mayoría parlamentaria, igual que se sacó adelante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha permitido impedir al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos mientras esté en funciones.

Por medio de dicha reforma, según sospechan en el órgano fiscalizador, se podría "determinar la función jurisdicción, reduciéndola a una fase inmediatamente posterior a la aprobación de informes para su remisión a los tribunales, evitando que la tenga el Tribunal de Cuentas", trasladan fuentes internas.

La reforma legal exigiría un informe previo del propio órgano que, ya en manos de una mayoría progresista, podría pasar por dar su beneplácito. Pero, en caso de que no fuera así, dicho informe no sería vinculante, reparan las citadas fuentes que ven intereses políticos negativos por parte de los partidos del Gobierno en el acuerdo de renovación pactado con el principal partido de la oposición.