El acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para renovar los órganos constitucionales eligiendo a perfiles afines a PSOE y PP a partes iguales para el Tribunal Constitucional deja el camino más libre de obstáculos para acabar con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva desde finales de 2018 en funciones.

El órgano de gobierno de los jueces ha quedado fuera del acuerdo anunciado la noche de este jueves que incluye el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, pero el acercamiento entre ambos partidos avanza una salida próxima para éste.

Las asociaciones judiciales se mantienen vigilantes ante el posible anuncio de renovación e insisten: "No se puede renovar el Consejo sin hacer la reforma legal para que sean los jueces quienes eligen a los vocales judiciales, como nos ha pedido en distintas ocasiones Europa", afirma Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente.

Los políticos ya nos han engañado muchas veces

"La situación es insostenible en el CGPJ, donde ha habido un desgaste tremendo para la institución. Tiene que haber una renovación, pero también un compromiso claro, inequívoco e irreversible de que se reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los políticos ya nos han engañado muchas veces, hasta que no lo veamos no lo creeremos", traslada María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

El Partido Popular se mantiene en que sólo renovará el órgano de gobierno de los jueces si el Gobierno se compromete a impulsar una reforma en el Congreso de los Diputados a través del PSOE para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que en ésta quede claro que los 12 vocales judiciales del CGPJ serán elegidos por jueces y entre jueces, como insta el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) a España desde hace años para garantizar la independencia del órgano respecto de los intereses partidistas de los partidos políticos. El PSOE, sin embargo, considera que el sistema actual de elección de los miembros del Consejo por parte de Congreso y Senado es adecuado y dicha reforma no es necesaria.

La vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourova insistió recientemente también en que es un "reto" para España que el CGPJ funcione, alegrándose de que el presidente Pedro Sánchez anunciara la paralización de la reforma "dura" de la mencionada ley, con la que Podemos y PSOE buscaban rebajar la mayoría para proponer y elegir a los miembros del CGPJ en una segunda vuelta, quitándose de encima el problema de necesitar el apoyo de los grupos de la oposición para desbloquear el órgano. Una propuesta por la que Sánchez se llevó un aviso de Europa y la oposición de toda la carrera judicial.

Para Jorge Fernández Vaquero, presidente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), es "positivo que en la situación de polarización actual, los dos partidos políticos que tienen la representación mayoritaria de la sociedad hayan sido capaces de alcanzar puntos de encuentro y que las instituciones vuelvan a la normalidad en cuanto a los plazos de funcionamiento que tienen establecidos en la Constitución. Sin embargo, nos parece preocupante la forma en la que se ha producido la renovación porque nuevamente nos encontramos con una negociación al margen del Parlamento en la que parece que han tenido bastante peso factores que no tienen que ver estrictamente con el mérito y la capacidad como demuestra el hecho de que lo primero que se ha puesto de manifiesto en relación con estos nombramientos es el vínculo de estas personas con uno u otro partido. Evidentemente hay que avanzar para que haya puntos de encuentro, para que las instituciones se renueven en plazo y no permanezcan en situación de interinidad mucho tiempo, pero hay que cambiar las formas de actuar y esto lo tienen que interiorizar nuestros políticos porque de lo contrario seguiremos avanzando en la mala dirección".