Un total de 82.931 agentes están llamados la próxima semana a las urnas para elegir a los 16 vocales que les representarán durante los próximos cuatro años en el Consejo de la Guardia Civil, el órgano que debe ser oído antes de la modificación del estatuto profesional y del régimen disciplinario, del cambio en las condiciones de trabajo y de otros asuntos que afecten a aspectos sociales y económicos de los funcionarios que integran el Cuerpo.

La votación, que se desarrollará entre el martes y miércoles, determinará la representatividad de las asociaciones profesionales y su peso en la institución. El proceso incluye varias novedades. De entrada, habrá en liza un vocal más en la escala de cabos y guardias: 12 en lugar de los 11 que se repartieron en 2017. Con 70.609 funcionarios (65.699 en activo y 5.093 en situación de reserva, lo que representa el 85,4 % del total de la plantilla), aquélla es con diferencia la más numerosa.

Serán también las primeras elecciones al Consejo de la Guardia Civil a las que concurra Jucil, el brazo de la asociación Jusapol -la plataforma constituida hace cuatro años para reivindicar la equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza- en el Instituto Armado. Buscan repetir el éxito electoral de Jupol, sindicato hermano en la Policía Nacional que se convirtió en la organización mayoritaria en junio de 2019 tras conseguir ocho de los 14 vocales en liza.

"Defensa de la institución"

"Trabajamos desde hace tres años para convertirnos en la asociación mayoritaria. Ésa es la expectativa. Queremos ser la mayoritaria para entablar negociaciones al día siguiente con las demás y presentar un frente común para conseguir diversos logros, entre ellos el de la equiparación salarial total", explica Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil. Estas siglas unen en la actualidad a más de 12.000 asociados.

Con un "afán generalista", Jucil presenta candidatura en las tres escalas (cabos y guardias, suboficiales y oficiales) con un programa en el que también se incluye la "defensa de la institución", la exigencia de más efectivos y medios materiales, presión para que no se aplique el Código Penal Militar, el restablecimiento del principio de autoridad y que el Estado suscriba una póliza de responsabilidad civil que cubra a los agentes en caso de tener que hacer frente a indemnizaciones y fianzas derivadas de posibles errores que cometan en el ejercicio de sus funciones para salvaguardar su patrimonio.

En el seno del Cuerpo nadie duda de que Jucil obtendrá sillas en el próximo pleno del Consejo de la Guardia Civil a costa de otras organizaciones. La incógnita que se mantendrá hasta que se conozcan los resultados del recuento es con qué vigor irrumpirá como asociación representativa. "No lo hará con la misma fuerza que Jupol, van a notar un cierto desgaste interno", declara a este diario el presidente de otra de las asociaciones.

Jucil, que concurre por primera vez, aspira a repetir el éxito electoral del sindicato 'hermano' en la Policía Nacional

De momento, la mayoritaria sigue siendo la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana de las organizaciones profesionales del Cuerpo tras fundarse en 1994. Con más de 24.000 afiliados en la actualidad, la AUGC tiene siete representantes en cabos y guardias, casi la mitad de la totalidad de los vocales que suman todas las escalas.

"De la mano de AUGC vamos a modernizar la Guardia Civil, la vamos a traer al siglo XXI. Lo venimos demostrando y la realidad sólo apunta a una dirección y es que una organización sólida y fuerte como la nuestra puede cambiar esta realidad", expone el portavoz, Pedro Carmona. "El Gobierno de España tiene que seguir conociendo que las condiciones profesionales, sociales y económicas de los guardias civiles están todavía pendientes de resolverse y que desde AUGC, con el apoyo de todos los guardias civiles en el Consejo, vamos a seguir reclamándoselo", añade.

Convocados por esta organización profesional, más de 3.500 guardias civiles -según los organizadores- se manifestaron a las puertas del Ministerio del Interior el pasado 18 de septiembre en demanda de un reparto "justo" del concepto salarial de la productividad, la implantación de los turnos con cadencia de trabajo en el Cuerpo y el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial, al no haberse cumplido todas las cláusulas firmadas en marzo de 2018 con el equipo de Juan Ignacio Zoido (PP).

Objetivo: la equiparación salarial total

Alcanzar la igualdad retributiva total con el resto de policías autonómicas es uno de los objetivos que figura en todos los programas electorales. La Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) quiere "impulsar" ante el Gobierno y los grupos parlamentarios las medidas legislativas necesarias para asegurar que en el futuro no se produzca una disfunción salarial con otros cuerpos, en gran medida cerrada con los 807 millones de euros desembolsados por Interior entre 2018 y 2020. Ese compromiso lo asumió el Ejecutivo de Mariano Rajoy y se plasmó en la cláusula octava del acuerdo. No se ha dado un solo paso para que pueda ser una realidad.

ASESGC reivindica también el desarrollo de la carrera horizontal dentro de esta escala, la reducción a cinco años del tiempo de ascenso de sargento a sargento primero en vez de los once actuales, el cumplimiento de la Ley de régimen del personal de la Guardia Civil para que los suboficiales realicen siempre funciones ejecutivas y directivas, así como que éstos puedan voluntariamente seguir trabajando hasta los 65 años -como los cabos y guardias- en lugar de tener que pasar necesariamente a la reserva a los 60.

Conseguir que la actividad profesional se pueda alargar de forma voluntaria entre los agentes de esta escala es uno de los objetivos que también se marca Independientes de la Guardia Civil (IGC). La mejora de las condiciones para la conciliación laboral y familiar, la ejecución completa del acuerdo de equiparación salarial y la "reordenación territorial de las unidades" son otras de sus prioridades.

"Reparto de la productividad, la implantación de la turnicidad, paso al grupo B a la escala de cabos y guardias, acceso a la Guardia Civil con bachiller y la equiparación salarial completa", enumera Juan Amado, secretario de Comunicación y Prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). Ésta es una de las ocho organizaciones con representación en la actualidad.

"Luchamos por conseguir el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial, por conseguir establecer turnos de trabajo que permitan conciliar la vida familiar y profesional, reivindicamos que deje de aplicársenos el Código Penal Militar, queremos seguridad para los que garantizamos la seguridad: chalecos antibalas individuales, fundas antihurto, pistolas 'Taser', seguros de responsabilidad civil y seguridad jurídica para nuestras actuaciones... También pedimos una reestructuración del despliegue y finalmente la readmisión de los compañeros fundadores del asociacionismo expulsados del Cuerpo en los años 90", expone el presidente de UniónGC, Marcelino García. Éste destaca que la candidatura que él encabeza es la "única paritaria" de las que se presentan.

La Asociación Profesional de Cabos (APC), entre tanto, sigue viendo un "amplio margen de mejora tras décadas de ostracismo". La organización quiere seguir estando en el Consejo de la Guardia Civil -órgano en el que tiene ahora un vocal- para plantear demandas y opinar sobre cuestiones que afecten directamente a este colectivo. Pasar del grupo funcionarial C1 al B, consolidar y aumentar las jefaturas de unidades de hasta siete guardias civiles, reserva de plazas para ascenso a suboficial, productividad exclusiva para los cabos jefes y segundos jefes de especialidades, reducción de tiempos de ascenso, aumentar la duración del curso de cabo para lograr una mejor cualificación y la obtención del título de Técnico Superior en FP son algunos de sus proyectos.

Unión de Oficiales (UO) presenta candidatura tanto en la escala de oficiales como en la de oficiales Ley 42/99 (donde tiene un vocal en la actualidad). "Es esencial que la Guardia Civil permanezca libre de injerencias que no persiguen ofrecer un buen servicio al ciudadano, por ello nos hemos comprometido a ser la herramienta que proteja la acción de mando como elemento imprescindible para el buen funcionamiento de las unidades que componen el Cuerpo", defiende el presidente de esta asociación, Francisco García Ruiz.

Mejora de la carrera profesional

La mejora de la carrera profesional, el incremento de la tasa de encuadramiento, el mantenimiento de las retribuciones íntegras hasta cumplir los 63 años, la posibilidad de seguir ascendiendo durante los dos primeros años de pase a la situación de reserva y conseguir que el Ministerio del Interior contrate un seguro de responsabilidad -incumplimiento que les llevó el pasado mes de junio a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo- son otros de los objetivos de UO. 

"Desde APROGC seguiremos luchando para mejorar las condiciones laborales en el seno de la institución, pero lo haremos respetando nuestra naturaleza y nuestros propios valores, entendiendo que esto es lo que hace a la Guardia Civil un Cuerpo único y eficaz en el desempeño de sus funciones", plantea su presidenta, Begoña Uña Cantalapiedra.

Ese convencimiento "no es impedimento" -asegura- para seguir reclamando mejoras en las condiciones laborales del colectivo para que estén "a la altura de nuestra lealtad a la institución". "Lucharemos por conseguir mejores condiciones económicas acordes al desempeño de nuestras funciones y mejoras en medios de protección, así como en la defensa de mejoras en la conciliación laboral y familiar, y la exigencia de una defensa judicial efectiva acorde al desempeño de nuestras funciones", resalta.