Isabel Díaz Ayuso cree que, esta vez sí, podrá aprobar sus primeros presupuestos autonómicos desde que se hizo con las riendas de la Comunidad de Madrid, pero los tiempos que maneja el PP para conseguir el apoyo de Vox a las cuentas son, cuanto menos, ajustados. Tal y como publicó El Independiente, la presidenta madrileña se marcó como objetivo atar el 'sí' de Vox antes de la presentación del anteproyecto en el Consejo de Gobierno, que se reunirá este miércoles 27 de octubre para la aprobación del texto. Eso deja a ambas fuerzas un exiguo margen de apenas 24 horas para cerrar un pacto que aun cuenta con importantes escollos que los populares tratarán de salvar 'in extremis'.

La derogación de las dos leyes de género que impulsó Cristina Cifuentes en 2016 -la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia- ha sido condición recurrente de Vox para entenderse con Díaz Ayuso incluso antes del adelanto electoral del 4-M. Rocío Monasterio ya recuperó esta reivindicación durante el debate de investidura de la presidenta madrileña y la formación ha vuelto a ponerla encima de la mesa en la negociación de los presupuestos madrileños. Pero el PP no se ha movido un ápice de la posición que ya fijó en el mes de septiembre y cierra la puerta a aceptar dicha condición y derogar las leyes de género vigentes en la región porque "están cumpliendo una función muy importante".

La clave de las negociaciones está, no obstante, en la búsqueda de un término medio que satisfaga a ambas partes. Por ejemplo, los populares nunca han ocultado que, pese a defender que las leyes de género han de seguir vigentes, estarían dispuestos a reescribir "aspectos formales" del texto, con el foco puesto en la presunción de inocencia y en el freno a las denuncias falsas que provocan "graves perjuicios a los más inocentes". Si Vox aceptará o no la modificación parcial de las leyes de género que quiere derribar a cambio de su apoyo a los presupuestos es aún una incógnita, aunque en el PP recuerdan que la fuerza de Vox en la Asamblea es ahora mucho menor que antes del 4-M.

A Ayuso le bastan cuatro abstenciones de los de Rocío Monasterio para sacar adelante sus primeros presupuestos, pero Vox promete hacer valer el exiguo pero necesario apoyo que necesita Díaz Ayuso para ejecutar promesas electorales de la talla de una nueva bajada impositiva o de la implantación del 'cheque bebé', medidas que necesitan del sustento de unas nuevas cuentas autonómicas. Tanto es así que este mismo lunes, y en plenas negociaciones entre los equipos de Ayuso y Monasterio, Vox registró en la Asamblea una Ley Integral de Igualdad y no Discriminación que se propone derogar las dos leyes de género actualmente vigentes en la Comunidad de Madrid, entre otras cuestiones para que los niños "no se vean adoctrinados en los colegios" por ideología de género.

Fuentes de Vox Madrid señalan que tanto las negociaciones con el PP respecto a la ley de Igualdad como las conversaciones en materia presupuestaria se están abordando en estos momentos de forma paralela, aunque apuntan a que ambas materias están estrechamente relacionadas en tanto que un acercamiento de posturas o un encaje positivo por parte del PP a su ley de Igualdad despejaría la tramitación de unas cuentas públicas para 2022 que Ayuso quiere tener listas "en tiempo y forma". Con todo, y aunque los populares buscan alumbrar un pacto incluso el mismo miércoles por la mañana porque las conversaciones "van por el buen camino", Rocío Monasterio no descarta extender la agonía y la negociación mediante la presentación de enmiendas a los presupuestos en la Asamblea de Madrid.

La gratuidad educativa, el otro gran obstáculo

Al margen de la derogación de las leyes de género, el otro gran obstáculo que separa a Ayuso y Monasterio tiene que ver con la exigencia de Vox de implantar la gratuidad total de la educación en la etapa infantil -de 0 a 3 años- en Bachillerato y en Formación Profesional para centros públicos, concertados y privados, una medida que provocaría un impacto en las arcas públicas regionales de unos 400 millones de euros, un gasto que en Vox ven más que "razonable" teniendo en cuenta que el presupuesto madrileño ascenderá a unos 23.000 millones de euros.

Fuentes cercanas a la presidenta madrileña descartan aplicar la medida -al menos en su totalidad- al considerarla económicamente inviable, aunque los de Rocío Monasterio insisten en buscar financiación en partidas más "innecesarias", como la inversión de 700 millones que Ayuso ha comprometido para la reducción de ratios escolares a partir del próximo curso. Aunque en el ejecutivo de Díaz Ayuso no cierran la puerta a ampliar las bonificaciones para las familias en materia educativa para contentar a Vox, recuerdan que la Comunidad de Madrid tiene bonificado el acceso a la educación infantil para niños de 0 a 3 años en toda la red pública autonómica además de disponer de un 'cheque guardería' de 160 euros al mes para el 90% de familias con menores escolarizados en centros privados.