"Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012". El pacto de coalición es preciso respecto al compromiso que adquirieron PSOE y Podemos en 2019, pero la elaboración del nuevo marco de relaciones laborales ha generado un terremoto en el Gobierno casi sin precedentes. La confrontación es total. En la recta final de la negociación con los agentes sociales de un texto que debería estar aprobado antes de que finalice el año, socialistas y morados mantienen las espadas en alto mientras la legislatura de Sánchez se tambalea.

Que "hay que seguir negociando" es prácticamente el único punto común que une a los dos sectores gubernamentales encabezados por Yolanda Díaz y Nadia Calviño. En el PSOE insisten: todo el Gobierno debe estar representado en la mesa de negociación, que no renuncian a tutelar. Y en Podemos, contraatacan. No sólo no aceptan las "injerencias" de los socialistas en las que consideran que son competencias exclusivas del Ministerio de Trabajo, sino que recalcan que tampoco hay acuerdo respecto a los contenidos de la reforma laboral cuyas conclusiones, en teoría, estaban cerradas desde hacía un año. Yolanda Díaz promete personalmente batalla, pero Podemos disparará en el resto de frentes para arrinconar al hermano mayor de la coalición e imponer por la fuerza su minoritario papel en el Gobierno. El propio Pablo Iglesias ya se encargó de marcar la línea dura que desde hace días sigue Podemos a rajatabla. "Al socio se le respeta", advirtió en La Ser.

Al margen de la pugna por la derogación de la reforma laboral, Unidas Podemos presentará batalla en otras leyes clave del Gobierno en un clima de tensión que empieza a ser irrespirable. Los morados han pisado el acelerador en proyectos estancados de la coalición justo en el momento más delicado del mandato de Pedro Sánchez. La tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana -más conocida como 'ley mordaza'- es un claro ejemplo de cómo Podemos tensa la cuerda en Moncloa. La formación dirigida por Ione Belarra presiona al PSOE para desbloquear "ya" una iniciativa que planteó el PNV y que lleva paralizada en el Congreso desde septiembre del año pasado.

Aunque los morados advirtieron que llevarían el asunto a la Mesa del Congreso, el portavoz parlamentario de la formación, Pablo Echenique, anunció este martes que concederían a los socialistas una prórroga de una semana para desatascar importantes escollos de la norma, como la regulación de las devoluciones en caliente de inmigrantes que en el PSOE apuestan por mantener y que en Podemos rechazan de plano. Por si hubiese poca presión sobre tejado socialista, el nuevo margen temporal pactado entre los socios de coalición ha generado malestar en los socios de Sánchez. "Una vez más se prorrogan los plazos de enmienda a nuestra reforma de la 'ley mordaza'. ¿Pero no habían dicho que se desbloqueaba? En fin", criticaba Aitor Esteban en Twitter.

El conflicto entre los socios de Gobierno continúa incluso tras la aprobación de uno de los hitos de la coalición: la ambiciosa ley de Vivienda que tanto PSOE como Podemos tratan de vender como una victoria propia ante su electorado. Tras un largo año de arduas negociaciones, el Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de ley que, entre otros aspectos, garantiza el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, limita los precios en zonas tensionadas y bonifica a los propietarios que ofrezcan precios asequibles.

Pero la formación morada, y pese al acuerdo que la coalición anunció a bombo y platillo hace casi un mes, promete batalla a Sánchez en el proceso de enmiendas de la ley en el Congreso. El portavoz parlamentario, Pablo Echenique, anunció este martes que el siguiente paso en su estrategia de presión a Pedro Sánchez será la de la presentación de enmiendas por parte del grupo parlamentario de Unidas Podemos para "mejorar" el texto porque, según ha remarcado, el proyecto "no llega todo lo lejos" que querría el socio minoritario del Gobierno. Y no son los únicos. También los socios de Gobierno en el Congreso, como ERC, Bildu o el PNV, que advierten que la negociación para lograr su voto afirmativo no será precisamente fácil.

Pero la batalla política no se ha quedado ahí. Como informaba Europa Press, la ausencia de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó ayer la nueva ley de Vivienda ha generado malestar en Unidas Podemos, ya que la formación fue también era proponente de la futura normativa. El órdago socialista fue rápidamente respondido por Belarra, que contraprogramó en Twitter el anuncio que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez hacía al mismo tiempo en Moncloa. La dirigente de Podemos publicó un vídeo en redes sociales en el que, además de desgranar los principales puntos de la ley, reivindicaba el papel de la formación morada en la aprobación de la norma.

En el tintero quedan otros asuntos pendientes de negociación, en un momento en que la desconfianza es máxima entre los socios de Gobierno. Los puntos más polémicos en los que Podemos promete batalla política tienen que ver con la tramitación de la conocida como 'ley del sólo sí es sí', con el debate sobre la prostitución abierto en canal, o la de memoria democrática, en la que el grupo confederal ya ha elaborado una serie de enmiendas parciales para endurecer la norma y pedir que se revisen algunos puntos, como la amnistía durante el período de la Transición y la restitución de bienes inmuebles requisados durante el franquismo.

Podemos, Batet y Rodríguez

Aunque la mayoría de fuerzas parlamentarias, incluido el PSOE, no ven "más recorrido" al caso de Alberto Rodríguez después de que Meritxell Batet comunicase la inhabilitación del ex diputado de Podemos por un delito confirmado por el Supremo de atentado contra la autoridad, en la formación morada, lejos de calmar los ánimos, tratan de encender el debate y poner contra las cuerdas a la presidenta del Congreso y dirigente socialista por "ceder al chantaje" del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena y tramitar la pérdida del escaño del dirigente morado.

A la petición de dimisión que ayer pronunció la portavoz de Podemos, Isa Serra, se ha unido este martes Pablo Echenique, que calificó de "auténtico escándalo político" la decisión de Batet, a la que acusó de estar inmersa en un "proceso lleno de irregularidades". Se refería el dirigente morado al informe que emitió el jefe de los letrados del Congreso el pasado lunes que avalaba por escrito la decisión de retirar el acta a Alberto Rodríguez, un documento que, sin embargo, contradice a otro informe que los letrados del Congreso publicaron unos días antes y que defendía justamente que no procedía la inhabilitación del ex diputado canario.