La Dirección General de la Policía ha cuantificado en 55 el número de menores no acompañados repatriados a Marruecos tras entrar en situación irregular el pasado mes de mayo en Ceuta. Esa cifra equivale al 4,67 % de todas las llegadas de 'menas' a la ciudad autónoma en dicha fecha aprovechando la inacción de las autoridades del país vecino como protesta por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser atendido de coronavirus en un hospital de La Rioja.
En respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia, la Policía Nacional detalla que entre el 7 de mayo y el 27 de agosto se ha reseñado a 1.177 menores no acompañados en Ceuta. Las pruebas de determinación de edad confirmarán si todos lo son realmente, puesto que algunos jóvenes pudieran tener más edad de la que dicen.
Interior, por primera vez, aporta una cifra sobre los menores que accedieron a Ceuta en mayo bordeando los espigones fronterizos de Benzú y Tarajal en el marco de una entrada masiva que supuso la llegada a la ciudad de unos 10.000 inmigrantes. Ello se producía en medio de la crisis diplomática entre España y Marruecos por la acogida a Gali, que permaneció 44 días ingresado en un hospital de Logroño.
El pasado 4 de junio, el grupo de Vox en el Congreso de los Diputados registró una pregunta escrita con la que trataba de conocer "el número exacto de menores que entraron ilegalmente" en Ceuta durante la semana del 17 de mayo. En su respuesta, el Gobierno se remitía a lo manifestado por el ministro Grande-Marlaska durante su intervención ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja, donde hubo de dar explicaciones sobre la situación migratoria que vivía la ciudad autónoma.
En aquella comparecencia, el ministro no aportó el dato que habían requerido por escrito tres semanas antes las parlamentarias Macarena Olona, Rocío de Meer y María Teresa López, y trató de delimitar las competencias de su departamento en esta materia. "Nosotros en Interior llevamos el registro de los menores no acompañados. Pero, una vez identificados, una vez que se hace su registro público y figuran los datos correspondientes, la protección del menor corresponde a las comunidades autónomas o a otros departamentos ministeriales, no a Interior. Evidentemente, cuando es preciso y necesario, garantizamos su seguridad personal", sostuvo.
Medio millar sigue en Ceuta
Junto con las reseñas llevadas a cabo, la Dirección General de la Policía cifra en 55 las repatriaciones de menores marroquíes que se llevaron a cabo entre los días 13 y 16 del pasado mes de agosto en la contestación emitida por Transparencia. Según las últimas estimaciones ofrecidas por la Administración local, unos "470" continúan aún tutelados por el Gobierno ceutí.
Esas devoluciones situaron el pasado verano al ministro del Interior en el centro de la polémica, después de que el Juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Ceuta paralizara la repatriación de nueve jóvenes a Marruecos al entender que no se estaba respetando el ordenamiento jurídico. La suspensión se acordaba al admitir las medidas cautelares que habían solicitado la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes y la Fundación Raíces.
"No consta que se haya cumplido con ninguno los preceptivos trámites. No se ha aportado información alguna de los menores afectados que permitan conocer los datos que han determinado su repatriación. No consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores, ni a la Ciudad Autónoma pese a asumir ésta la guarda de los menores, ni al Ministerio Fiscal, sin que en modo alguno pueda entenderse que se cumple con los trámites exigidos la mera remisión a Fiscalía del listado de menores que ese mismo día se van a repatriar. Y tampoco se ha aportado la resolución motivada susceptible de ser recurrible", argumentó la juez.
La Policía cifra en 1.177 las reseñas de 'menas' realizadas y las repatriaciones consumadas en 55
La Delegación del Gobierno en Ceuta acordó la repatriación a Marruecos de los jóvenes que llegaron a la ciudad en mayo en respuesta a una comunicación de la Secretaría de Estado de Seguridad -fechada el 10 de agosto- en la que le rogaba que "procediera a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses y derechos". En la comunicación se aludía a un acuerdo bilateral con Marruecos firmado en 2007, si bien la magistrada recordó que aquélla no podía estar por encima ni de la Ley orgánica de protección jurídica del menor ni de la Convención Derechos del Niños de Naciones Unidas.
A mediados de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional inadmitió el recurso presentado por la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra el citado escrito del Ministerio del Interior al entender que se trataba de una comunicación interna sin efectos frente a terceros. "Más allá de la apariencia formal de carta o comunicación interadministrativa, de su contenido y de lo actuado por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad en fechas posteriores se estima que nos hallamos en presencia de una actuación administrativa no susceptible de impugnación", zanjó.
Acuerdo bilateral con Rabat
En una entrevista publicada por El País el pasado 23 de octubre, el ministro Grande-Marlaska insistió en que son las autoridades de Ceuta las competentes para tutelar a los jóvenes y promover la repatriación de los no vulnerables. "Lo que se hizo desde el Ministerio del Interior, como recientemente ha dicho la Audiencia Nacional, fue simplemente decir que estos retornos se podían articular a través de un acuerdo de 2007 con las autoridades de Marruecos porque estas estaban dispuestas. Ahora, esos retornos son una cuestión que está sub judice", declaró.
Cinco meses y medio después, el Ministerio del Interior sigue sin ofrecer la cifra exacta de cuántos migrantes en situación irregular lograron acceder a Ceuta los días 17 y 18 ante la pasividad de Rabat. En las estadísticas oficiales, los datos relativos a esta ciudad autónoma no incluyen las entradas registradas el pasado mes de mayo.
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