En el ecuador de la legislatura, Pedro Sánchez mira ya a 2023. Los recelos en Moncloa no sólo vienen por el crecimiento de la derecha y por la recuperación electoral de la opción política que dirige Pablo Casado, cuyo tándem con Santiago Abascal podría ser mayoritario cuando vuelvan a abrirse las urnas, sino por los líos que tiene en su propia casa. El presidente del Gobierno se mueve en un difícil equilibrio del que espera salir victorioso: por un lado, necesita revivir el malherido espacio político de Unidas Podemos para restaurar la suma necesaria de izquierdas en las urnas; y por otro, se lanza a aplacar el creciente protagonismo de Yolanda Díaz, cuyo foco "ha encendido las luces de alarma" en el ala socialista del Ejecutivo desde hace semanas.

El principal inconveniente es que un paso en falso en esa ecuación puede desmigajar la coalición. El caso portugués, con la trayectoria política del socialista Antonio Costa como espejo de la de Pedro Sánchez, es el claro ejemplo de que la ruptura del bloque de izquierdas es más que posible. Y en España los cimientos que sustentan la alianza de PSOE y Podemos se han resquebrajado en las últimas semanas, hasta tal punto de que la confianza entre los socios se encuentra en estado crítico. La reforma laboral es el detonante pero, en el fondo, el fuego cruzado viene motivado por la ventana de oportunidad que ha visto Unidas Podemos de marcar perfil propio alejándose del programa socialista; y por el intento del PSOE de capitalizar las banderas políticas que los morados habían hecho suyas, limitando su papel al de apoyo necesario de Sánchez, el de actor secundario del Gobierno.

Pedro Sánchez y sus acólitos aprietan sin llegar a asfixiar y se lanzan a rentabilizar los logros políticos de la coalición. El último episodio de esta estrategia ha ocurrido a cuenta de la prometida derogación de la reforma laboral, compromiso que aparece literalmente recogido en el punto 1.3 del acuerdo de coalición. Y el pulso, de nuevo, ha tenido como protagonistas a Nadia Calviño y Yolanda Díaz, dos ministras que ya habían echado un pulso en otros asuntos como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Ministerio de Trabajo que dirige la gallega ha comandado desde el pasado mes de marzo el diálogo con empresarios y sindicatos para enmendar por completo la reforma laboral que en 2012 aprobó el PP de Mariano Rajoy antes de que finalice el año.

Pero cuando apenas restaban 20 días para la fecha límite que se había marcado Yolanda Díaz para lograr un acuerdo con los agentes sociales antes de remitir el texto al Congreso y a Europa, Sánchez tiró del freno de mano. Los socialistas no sólo exigieron tutelar la recta final de las negociaciones, sino remodelar el texto por serias discrepancias con preceptos como la ultraactividad o la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa. En privado, los morados veían el movimiento de Sánchez como un intento de salir en la foto final y atribuirse un mérito que, entienden, corresponde en exclusiva a Yolanda Díaz. En público, la propia ministra de Trabajo dejó clara su "sorpresa" porque justo ahora la parte socialista del Gobierno decidiese obstaculizar la consecución de un acuerdo.

Pedro Sánchez y Nadia Calviño coordinaron sus discursos para insistir en la búsqueda de "consenso" en el seno del Ejecutivo como condición sine qua non para "modernizar" -que no derogar como defiende Díaz- el marco de relaciones laborales actualmente vigente. La premisa, al margen de las discrepancias en los contenidos, es hacer valer el peso mayoritario de los socialistas en la coalición y diluir la influencia personalista de Podemos en un proyecto de gran envergadura que, insisten, ha de ser visto como un éxito del Ejecutivo en su conjunto y no únicamente de Yolanda Díaz. "La voluntad del Gobierno de España es inequívoca. Este es un Gobierno que cumple con sus compromisos", insistía ayer Pedro Sánchez, en referencia al acuerdo programático que firmaron socialistas y morados en 2019.

Para desencallar la situación, Moncloa aceptó que fuese Yolanda Díaz quien liderase la negociación a cambio de que ella cediese a la presencia de varios 'policías' socialistas -representantes de los departamentos de Nadia Calviño y de José Luis Escrivá- en la mesa de diálogo para que los postulados de Podemos no se inclinasen en exceso hacia la posición de los sindicatos y dejase en la estacada a la patronal, reticente a los planteamientos de Díaz. El próximo martes está prevista en Moncloa una reunión clave en la que Sánchez pondrá frente a frente a la vicepresidenta primera y a la segunda con el objetivo de encontrar una postura común en cuanto a los contenidos para poder continuar las reuniones sobre la reforma laboral. El calendario apremia porque el acuerdo con los agentes sociales debería estar cerrado en apenas 15 días, y Trabajo no se plantea cambiar los plazos fijados para terminar la negociación en tiempo y forma.

Esconder a Podemos

Los movimientos en el ala socialista del Gobierno no pasan desapercibidos bajo tejado morado. Pablo Iglesias ya marcó la línea del partido en la estrategia que, según sugirió en La Ser, se estaba construyendo contra su sucesora en el Ejecutivo y adelantó que la batalla por la reforma laboral es algo que "está ganado ya", elevando el pulso contra el PSOE. "Algunos se creen que siguen gobernando en solitario, pero eso se ha terminado. Al socio de Gobierno se le respeta", añadió, ante la perplejidad de la ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que pedía respetar el peso mayoritario del PSOE -120 escaños- frente al de Podemos -35 diputados-.

En la misma línea se expresó el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que insistió en que el departamento de Yolanda Díaz fue quien alumbró en exclusiva el "escudo social" del que hizo gala el propio Pedro Sánchez durante el Congreso Federal socialista. "El PSOE tiene miedo y está nervioso por la popularidad de Yolanda Díaz", aseveró, deslizando que esos recelos son los que han llevado a los socialistas a paralizar un acuerdo "inminente" para la reforma laboral.

Desde el PSOE, sin embargo, niegan la mayor y reiteran la tesis de que "no hay ministerios de Podemos o del PSOE" sino un único Gobierno para defenderse de las críticas, si bien es cierto que, en las últimas semanas, los socialistas han desplegado una ofensiva para apartar el foco de los morados. Lo hicieron en la carta remitida a la militancia del partido con motivo del congreso socialista, en la que se atribuyeron en exclusiva logros alcanzados por la coalición en la que jugó mucho la presión de Unidas Podemos y que se caracterizaron por un continuo choque de trenes en el seno de la coalición.

Así, en la misiva mencionaban como éxitos propios la aprobación del Ingreso Mínimo Vital o del Salario Mínimo Interprofesional, que contaron con la resistencia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá; y de la titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. También se subrayaba como un logro socialista la tramitación de la ley LGTBi, que desató un fuerte conflicto entre Carmen Calvo e Irene Montero, sin pasar por alto otros proyectos como los ERTE o la ley de vivienda, aprobada recientemente en el Consejo de Ministros tras casi un año de negociación.

Precisamente, la nueva normativa que, entre otras cuestiones, limitará los precios del alquiler provocó un nuevo choque entre PSOE y Podemos el mismo día que se dio luz verde a la ley. Moncloa quiso borrar el rastro de Podemos en la comunicación oficial de la ley de vivienda pese a su papel de proponente en la nueva normativa y descartó a la actual dirigente de Unidas Podemos, Ione Belarra, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ausencia de la ministra de Derechos Sociales generó malestar en la formación morada, y Belarra respondió contraprogramando en Twitter el anuncio que la ministra socialista de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, hacía al mismo tiempo desde Moncloa. A la misma hora, la dirigente de Podemos publicó un vídeo en el que desgranaba los principales puntos de la ley y en el que, además, reivindicaba el papel de los socios minoritarios del Gobierno en la aprobación de la norma.