Tras nueve días de ardua negociación, PSOE y Partido Popular alcanzaron hace una semana el primer gran acuerdo de una legislatura en que las relaciones entre Gobierno y oposición permanecían prácticamente congeladas. El acercamiento, que tuvo al 'hombre fuerte' de Sánchez, Félix Bolaños; y al 'número dos' de Casado, Teodoro García Egea, como principales interlocutores, logró desbloquear cuatro de los cinco órganos constitucionales pendientes cuya renovación dependía de que socialistas y populares quisiesen estrecharse la mano. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no entró finalmente en el paquete, la voluntad de negociación entre PSOE y PP de la que ambas fuerzas hicieron gala los días previos parecía acercar finalmente un acuerdo para una institución que está a punto de cumplir tres años en funciones. Pero nada más lejos de la realidad.

Desde el pacto para el desbloqueo del Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Española de Protección de Datos y el Tribunal Constitucional, los interlocutores de Gobierno y oposición no han vuelto a levantar el teléfono. De hecho, fuentes autorizadas del PP no sólo corroboran este extremo, sino que directamente aplazan 'sine die' la renovación del Poder Judicial sin descartar que el bloqueo se extienda hasta el fin de la legislatura a pesar de la mano tendida por parte de ambas fuerzas en el resto de instituciones. No hay fecha para retomar las conversaciones y, en algunos casos, tampoco prisa.

El escollo sin resolver es el mismo que esgrimen en el primer partido de la oposición desde hace meses. El PP no se bajará de una condición que, incluso, quiso hacer extensible a la renovación del Tribunal Constitucional y el de Cuentas, que no es otro que el de la "despolitización" de los órganos. En el caso del Poder Judicial, la premisa es que "los jueces no elijan a los jueces" y la fórmula es el registro por parte del PSOE en el Congreso de los Diputados de una reforma del Poder Judicial que, entre otros puntos, modifique el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces con el objetivo de blindar la independencia del órgano frente a posibles injerencias políticas.

Al margen de que Podemos se quede al margen de la presente negociación para la elección de los 12 vocales pendientes de designación, la de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la única vía que contempla el PP para desbloquear el CGPJ antes de que aspire la legislatura, pero las fuentes consultadas inciden en que incluso aunque eso sucediera y el PSOE cediese a su exigencia, al asunto aún le quedarían flecos por resolver ante los recelos de que los socialistas presentasen enmiendas durante la tramitación parlamentaria de la nueva ley. Es decir, aunque los socialistas registrasen la reforma, los populares necesitarían atar "más compromisos" antes de llegar a un acuerdo definitivo.

Es por este motivo por el que desde el PP ven la consecución de un pacto para el CGPJ como algo utópico. Consideran que los "amagos" de los socialistas en este sentido son del todo insuficientes y que su condición, que "está clara desde el principio", es inamovible. Las fuentes consultadas vinculan el compromiso de Pablo Casado con la despolitización como "un punto más" de su futuro programa electoral y abandonarlo ahora, insisten, tendría graves consecuencias tanto para su credibilidad como líder como para las propias siglas del partido, con el añadido de que Vox mide cada paso en falso del jefe de la oposición.

Hasta la fecha, y según trasladaron fuentes socialistas, el PSOE se ha abierto únicamente a abordar cambios en la legislación y abordar reformas en el sistema de elección, pero siempre después de que se lleve a cabo la renovación efectiva de consejeros que ya cuenta con una demora de casi tres años. Por este motivo y ante la presión del propio Poder Judicial, el PSOE insiste en que Casado debe acatar el marco que mandata la Constitución porque "incumplirlo sólo consigue su desprestigio de las instituciones y el desprestigio de nuestro Estado".

Sin embargo, el PP cuenta con un 'as' para forzar al PSOE a aceptar sus condiciones: si Sánchez quiere imponer sus nombres en el CGPJ y controlar también el Tribunal Constitucional -desde cuyo órgano han llegado últimamente los golpes judiciales más dañinos parta el Gobierno- , necesita desbloquear la renovación del primero antes de junio de 2022.

Esa es la fecha en la que se debe llevar a cabo la próxima renovación del Tribunal Constitucional, momento en que vencería el mandato de otros cuatro magistrados de la institución. Entonces, el Gobierno deberá proponer a dos candidatos que sustituyan a los magistrados Antonio Narváez y Pedro González-Trevijano, mientras que al Consejo General del Poder Judicial le corresponderían otros dos nombres ante la salida de Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol. No obstante, el Gobierno maniató mediante una reforma legal al ente presidido por Carlos Lesmes para evitar que éste pudiese hacer nombramientos mientras estuviese en funciones como forma de presionar al PP. Pero ahora, y teniendo en cuenta que la ley establece claramente que el Tribunal Constitucional debe renovarse por tercios, Sánchez no podría designar a sus dos candidatos si antes no renueva al CGPJ.