El Tribunal Constitucional se aproxima a una nueva situación sin precedentes si Gobierno y Partido Popular no llegan a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de junio, cuando vence el mandato de cuatro magistrados. Dos de ellos tienen que ser reemplazados a propuesta del Gobierno y, otros dos, a propuesta del órgano de gobierno de los jueces.

El pasado 21 de octubre, el Alto Tribunal superó la situación de bloqueo que arrastraba desde noviembre de 2019. El ministro de Presidencia Félix Bolaños y el secretario general del PP Teodoro García Egea acordaron proponer a los cuatro miembros que sustituirán al presidente, la vicepresidenta y los dos magistrados del órgano cuyo mandato venció hace dos años. Pero el acuerdo de renovación, lejos de lo que pudiera parecer, no trae la calma esperada al Alto Tribunal sino que avanza un período de tensión política tanto dentro del órgano como fuera de éste si los dos principales partidos del Congreso no desbloquean el CGPJ, en funciones desde 2018.

El Consejo de jueces no puede hacer nombramientos como consecuencia de la ley impulsada por PSOE y Podemos que le impide dicha función mientras está en funciones. Por lo tanto, si antes de junio no se ha anunciado un acuerdo para renovar a sus vocales, se dará la situación de que el Gobierno podrá proponer dos perfiles para sustituir a los magistrados del TC Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez que fueron elegidos a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy y cumplen su mandato y, en cambio, el CGPJ no podrá proponer a dos magistrados para sustituir a Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol.

Mayoría progresista

El Partido Popular se encontraría entonces con un Constitucional contrario a sus intereses, compuesto por siete miembros progresistas frente a seis conservadores, uno de ellos, el magistrado Alfredo Montoya, en duda puesto que ya ha tenido que ausentarse de los dos últimos plenos por motivos de salud. Aunque, en caso de que para entonces el principal partido de la oposición no haya acordado con el Gobierno la renovación del CGPJ, podría presentar al presidente Pedro Sánchez y su equipo como culpables de una situación sin parangón en el tribunal de garantías por la imposibilidad de proponer y elegir al tercio de magistrados previsto para la fecha.

Fuentes jurídicas consultadas por El Independiente tienen puesta ya la vista en el debate que se generará (si sigue sin haber renovación del CGPJ) alrededor de si se puede proponer y elegir únicamente a los dos magistrados a propuesta del Gobierno prescindiendo de los otros dos a propuesta del CGPJ. Incluso apuntan a que los partidos del Gobierno podrían impulsar otra reforma legal para permitir que el CGPJ proponga a los miembros del TC aunque siga con el resto de funciones para nombrar bloqueadas. El artículo 159 de la Constitución establece que los miembros del Tribunal Constitucional "serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres", así como que de sus 12 miembros nombrados por el Rey, "cuatro son a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial", sin especificar si estos últimos cuatro deben ser propuestos a la vez o no.

Un tribunal "politizado"

Ante una situación tan abierta, fuentes internas consultadas por este diario consideran que hasta que llegue junio, el Tribunal puede convertirse en un polvorín político, con consecuencias tanto intramuros como extramuros.

Los últimos meses previos al acuerdo de renovación entre Gobierno y PP ya fueron muy tensos en el Alto Tribunal que fuentes internas describen como "politizado" y dividido claramente en dos bloques: quienes han querido a toda costa respaldar las actuaciones del Gobierno y quienes no. No en vano, en las últimas fechas han salido adelante tres sentencias sobre los dos estados de alarma decretados por Sánchez y la paralización de las iniciativas legislativas en el Congreso que han supuesto un varapalo para el Ejecutivo y los partidos que lo sostienen en las Cortes. Tres fallos que se dictaron con una ajustada mayoría conservadora.

Tensiones dentro de cada bloque

Las tensiones en el órgano no se han dado únicamente entre el bloque conservador y el progresista -que alcanzaron su pico con la filtración del voto particular del magistrado Cándido Conde-Pumpido contra la sentencia del primer estado de alarma calificando a sus compañeros de "juristas de salón"-sino también entre los miembros de cada grupo.

Conde-Pumpido buscó mantener un protagonismo y liderazgo incuestionables dentro del bloque progresista -trasladan las fuentes internas consultadas- para asegurarse la presidencia cuando el próximo junio venza el mandato de González-Trevijano, quien la asumirá siguiendo la norma no escrita de que lo haga el miembro más veterano del órgano. Según interpretan fuentes internas a este diario, el magistrado frenó en ciertos momentos a la magistrada de su grupo María Luisa Balaguer (próxima a la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo) temiendo que ganara posiciones en detrimento suyo.

El bloque conservador tampoco parece ser un camino de rosas. La sentencia que declaró ilegal el confinamiento de la población, ponencia de González-Trevijano, salió adelante con los votos en contra del presidente Juan José González Rivas y del magistrado Andrés Ollero, quienes rompieron la disciplina de grupo que habitualmente se cumplía en el órgano. Unos votos particulares que sorprendieron por tratarse de un fallo con un trasfondo tan político, puesto que supuso el primer golpe al Ejecutivo por su gestión de la pandemia.

El acuerdo de renovación alcanzado hace dos semanas entre Bolaños y García Egea, que aseguraba la salida de los dos magistrados conservadores díscolos, aventuraba un panorama en el Alto Tribunal que podía parecer más beneficioso para los intereses del partido de Pablo Casado que para los del presidente Sánchez si no se tenía en cuenta la situación que se dará el próximo junio. El bloqueo del CGPJ al que el PP tampoco parece querer poner fin deja al tribunal de garantías con una composición más favorable a las perspectivas del presidente del Gobierno y sus socios.