El reto está definido: relanzar Euskadi tras año y medio de parón pandémico. Lo han repetido los responsables políticos vascos en el último tramo de la crisis sanitaria, cuando la luz ya iluminaba la salida del túnel. Entre ellos, el lehendakari Urkullu, quien se ha propuesto acelerar la recuperación desde distintos frentes: económico, sanitario y social.

En lo meramente económico la previsión que por ahora hace el Ejecutivo es positiva, pero es sólo eso, una estimación: crecimiento del 6,4% del PIB el próximo año, descenso del paro al 9,5% y una mejora del 6,8% del consumo. Pero el ‘relanzamiento’ ideado por el Ejecutivo comienza a encontrarse con indicadores que amenazan con complicarlo más de lo previsto, tanto en lo económico como en lo social y en lo político. El repunte de casos y el riesgo de una sexta ola sobrevuela, por el momento sólo como una posibilidad algo remota, de forma inquietante.

Ese intento por levantar el País Vasco que tiene planificado el Gobierno incluye otros ámbitos como el social, con la apuesta por dar pasos sustanciales en la convivencia. Es uno de los ejes esenciales y en los que Urkullu está empeñado desde que accedió al Gobierno vasco en 2012. La reciente conmemoración del décimo aniversario del final de las acciones terroristas de ETA ha revelado que la fractura social sigue aún demasiado reciente y que la reflexión crítica de EH Bildu y su mundo tiene aún mucho camino por recorrer.

Incluso en lo político parece complicarse el retorno a la normalidad. El escenario a medio plazo prevé cambios como el relevo en la dirección del PSE, con Eneko Andueza como nuevo secretario general del partido socio del PNV. El nuevo líder del socialismo vasco, que sustituirá a Idoia Mendia, no parece que vaya a suponer por el momento un cambio drástico pero tampoco una continuidad invariable. Su anuncio de que no descarta explorar otras alianzas, sumado a las encuestas internas del Ejecutivo que apuntan hacia la viabilidad de una alternativa de izquierdas PSE-Bildu-Podemos es una nube oscura en el cielo del PNV.

Un tren sin velocidad

En Madrid el temor pasa por las dificultades que tanto el Ejecutivo Urkullu como su partido perciben ya en Pedro Sánchez. Su respaldo supone un desgaste cada vez mayor. Sostener a un líder que es incapaz de reconducir de modo eficiente la amenaza de crisis económica –fundamentalmente por el impacto de la energía y sus derivados- y de poner orden y controlar internamente su Gobierno y que augura un complicado final de legislatura, cada vez incomoda más a los jeltzales.

Por ahora la fotografía de la Euskadi de finales de 2021 sigue algo desenfocada a la espera de consolidarse el horizonte de muchos frentes. El ‘relanzamiento’ que anuncia Urkullu pasa también por el modo en el que el Ejecutivo Sánchez resuelva la designación de todos los fondos europeos de recuperación y que el Gobierno de Vitoria teme que se lleve a cabo con criterios que perjudiquen sus intereses. En ellos soporta muchas de las reformas y avances que se anuncian en el campo energético y de salto relevante en proyectos estratégicos y de transición medioambiental y tecnológica para el País Vasco.

En la lista de temores no falta el Tren de Alta Velocidad, un proyecto que acumula lustros de retrasos y que una vez más sigue envuelto en la incertidumbre. A medio plazo el Gobierno vasco había situado a la ‘Y’ vasca como una de las infraestructuras estratégicas para el avance de la economía vasca. Ahora, ante las enésimas dudas de cómo se financiará su llegada a las capitales vascas –estaba comprometida una llegada soterrada a Bilbao y Vitoria-, la conexión ferroviaria de alta velocidad con el trazado europeo parece haber sumado un respiro.

El acuerdo alcanzado entre el PNV y el Gobierno el pasado viernes para evitar la presentación de una enmienda a la totalidad de los presupuestos incluye un compromiso por asegurar la ejecución de este tramo. El Gobierno de Sánchez y el PSOE se han comprometido a no dejar dudas en sus socios ‘preferentes’ en torno a su compromiso por el soterramiento del TAV. Aún se debe plasmar en sendas reuniones con los alcaldes de Bilbao y Vitoria. Todo apunta a que serán las instituciones vascas las que asumirán parte de la financiación de los trabajos a modo de encomienda de gestión. Un coste que posteriormente deberá ser compensado en el pago del Cupo.

IMV, deuda vendida como logro

No es el único alivio escenificado estos días de zozobra. El acuerdo presupuestario inicial también resucita un compromiso antiguo pero abandonado y que ahora sed presenta como logro: la transferencia de la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital. En realidad, el pago al PNV que se presentó ayer como contraprestación a su no presentación de una enmienda a la totalidad es el abono de una deuda pendiente. El Gobierno había asegurado al Ejecutivo vasco que la transferencia sería efectiva en octubre de 2020. Las reticencias del ministerio de Escrivá y la dificultad para encontrar un acuerdo había impedido la cesión de la gestión del IMV. Aún hoy carece de una fecha comprometida para su cumplimiento, “a finales de año o como muy tarde comienzos del próximo”, se limitó a decir el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Al menos, el acuerdo ha permitido para "recuperar la confianza", debilitada sobremanera en los últimos meses.

En la lista del relanzamiento de Euskadi no descuida Urkullu y el PNV la cuestión territorial e identitaria. Lo hace, cierto es, con menor entusiasmo que en ocasiones anteriores. Sin embargo, el lehendakari y su partido se han propuesto retomar el proceso de definición de un nuevo estatuto vasco que supere el de Gernika de 1979. El borrador de su propuesta de articulado, que cuenta con un apoyo parcial de PSE y Podemos, aspira a que sea el referente para un acuerdo trasversal que se antoja complicado. La ponencia de autogobierno acumula ya dos legislaturas sin lograrlo. EH Bildu quiere disputar al PNV ese liderazgo y ha comenzado a mover ficha. El próximo 20 de noviembre ha convocado una manifestación 'nacional' en favor de la nación vasca.

En materia de convivencia, Urkullu ve cómo los pasos que se dan sólo han permitido mejorar levemente la situación pero está lejos de haberse completado el ‘relanzamiento’ de una Euskadi en paz transcurrida una década del final de la violencia. El pasado 20 de octubre se cumplieron diez años desde el anuncio de ETA del cese de su actividad armada pero fue imposible celebrar un acto institucional que agrupara a todas las sensibilidades. La resistencia de la izquierda abertzale a condenar la violencia de ETA sigue más viva que nunca y su reticencia a reconoceré que “matar estuvo mal”, como de modo insistente le reclama Urkullu, sigue siendo una deuda.