La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el Congreso de los Diputados, que entre hoy y mañana aborda el debate de las enmiendas a la totalidad, ha comenzado con un anuncio de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que ha indicado que el Gobierno trabaja ya en un nuevo texto legal que se llevará en breve al Consejo de Ministros para "corregir los elementos inconstitucionales" del impuesto de plusvalía municipal, después de que una sentencia del Tribunal Constitucional haya anulado varios artículos del tributo por "excesiva o exagerada". Montero ha aclarado que esperará a conocer la "literalidad" de la sentencia antes de elaborar la reforma legal definitiva para seguir cobrando el mencionado impuesto.

El objetivo de la elaboración de un texto "sustitutorio" arreglo a la sentencia del Constitucional es la de "generar tranquilidad y seguridad a los contribuyentes y a la financiación de entidades legales" tras el varapalo de la Justicia, en palabras de la propia Montero. El fallo del tribunal de garantías entiende que en el caso del denominado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, "aunque la cuota no sea superior a la plusvalía realmente obtenida", resulta "excesiva o exagerada y podría lesionar el principio de no confiscatoriedad".

El tribunal alega además que no podrán reclamarse los impuestos si existe una "resolución administrativa firme" porque la anulación de la tasa no se ejecutará con retroactividad si el cobro del impuesto ha sido decidido "mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada", según reza el fallo. El Tribunal Constitucional basa la inconstitucional del impuesto municipal (plusvalía) en que los ayuntamientos españoles han venido cobrando a todo vendedor de una vivienda teniendo en cuenta que el valor del suelo de ésta siempre se incrementaba hasta que la situación económica cambió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la manera de calcular dicho impuesto perdió su sentido.

La sentencia del Constitucional establece un claro límite de los efectos del impuesto de plusvalías. Tal y como adelantó El Independiente, la nulidad de determinados artículos del texto obligará a los ayuntamientos a no seguir cobrándolo a partir de ahora, pero sólo quienes tienen presentado un recurso contra el impuesto y aún no se haya resuelto o pidieran en su momento una revisión de la autoliquidación para la que tampoco exista aún respuesta podrán recuperar su dinero. El fallo judicial cierra la puerta

La titular de Hacienda ha abierto el turno de intervenciones en el Congreso de los Diputados este miércoles, donde se evidenciarán las evidentes fricciones no sólo entre Gobierno y oposición en el debate de enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas, sino también entre los socios de investidura del Ejecutivo. ERC, PNV y Bildu no han presentado finalmente textos de devolución referentes a los Presupuestos, pero apretarán a Pedro Sánchez con nuevas demandas para atar su 'sí' definitivo a las cuentas de 2022.