El catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo (Madrid, 1957) todavía no ha tomado posesión de su cargo como nuevo miembro del Tribunal Constitucional pero su nombramiento, a propuesta del Partido Popular, ya está rodeado de polémica.

Este martes, el Congreso respaldó la designación tanto de Arnaldo como de los otros tres perfiles acordados entre el ministro de Presidencia Félix Bolaños y el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea con los votos de PP, PSOE y Podemos (242 a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones). Sin embargo, el portavoz del PSOE en la Comisión de Nombramientos del Congreso, Odón Elorza, le sometió a un duro interrogatorio en el que puso en duda su independencia e imparcialidad, relacionándole con el Partido Popular y pidiéndole explicaciones por artículos de opinión publicados en prensa "beligerantes con el Gobierno y la izquierda".

Arnaldo declaró en 2010 como investigado en el caso Palma Arena de corrupción alrededor del expresidente popular de Baleares Jaume Matas por contratar a éste una vez abandonó la política para que captara clientes en su despacho de abogados. Al volver a salir ese asunto a la luz esta semana en la Comisión de Nombramientos del Congreso, el compareciente lamentó la recriminalización a la que considera que se le ha sometido por una investigación que fue archivada, afirmando que se le quiere convertir en un "sospechoso permanente o de por vida".

Fuentes del Tribunal Constitucional trasladan a El Independiente su perplejidad porque el partido del Gobierno que ha "suscrito un pacto político para proponer a una serie de candidatos, aceptando su idoneidad jurídica y ética", ataque ahora al candidato Arnaldo. Consideran que se está produciendo un "linchamiento" hacia él con la recuperación de datos del sumario de la investigación de Baleares que le fue archivada y se han vuelto a publicar en la prensa los últimos días.

El pasado jueves, El País publicó que el bufete de abogados de Arnaldo Estudios Jurídicos y Procesales facturó trabajos para distintas administraciones gobernadas por el PP por un valor cercano al millón de euros. Consultado por este periódico acerca de si esos contratos comprometen su independencia, el catedrático y recién elegido miembro para el Tribunal Constitucional explica que tal dato se extrae de un informe de la Agencia Tributaria de hace años en el que se recogían los trabajos que su bufete realizó para diversas administraciones de todo signo político, no sólo del PP. En su comparecencia en el Congreso, Arnaldo se consideró plenamente legitimado para adoptar cualquier decisión en el Alto Tribunal sin estar sujeto a "ninguna dependencia". "Me siento plenamente independiente, sin peajes que nunca aceptaré", dijo.

En las próximas semanas está previsto que tanto él como la hasta ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Inmaculada Montalbán y el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel -los dos últimos propuestos por el partido del Gobierno- tomen posesión de su cargo para reemplazar al tercio del Tribunal Constitucional que venció su mandato en noviembre de 2019.

En el PP se vio cerca su techo de cristal y ahora le apoyan

El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Arnaldo, persona de máxima confianza del líder del PP Pablo Casado, fue uno de los primeros en sonar en las quinielas para el Alto Tribunal antes de conocerse el acuerdo de renovación del Constitucional entre los dos principales partidos de las Cortes. Entonces, fuentes del Partido Popular pusieron en duda, según trasladaron a este periódico, que fuera una buena elección. Aseguraron también que el propio Casado y García Egea decidieron proponer a Arnaldo y a Espejel para el órgano sin consultarlo con nadie más en la formación.

En el partido de Casado se vio que el candidato podía ser blanco de críticas de los partidos del Gobierno por su imputación (posteriormente archivada) en el caso Palma Arena. Cuando se filtró su nombre, hubo quien avisó, entre los populares, de que tenía un techo de cristal próximo. Ahora, sin embargo, cierran filas con su designación. Defienden su imparcialidad, valía y afirman que "es un constitucionalista de gran prestigio" o "un jurista espectacular", según trasladan fuentes del partido a este diario. Respecto a las críticas del PSOE, consideran que resulta "incomprensible" que se desvinculen de un nombramiento acordado conjuntamente.