El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a un año y 15 meses de inhabilitación y el mismo tiempo de inhabilitación para el sufragio pasivo por pegar una patada a un policía tras una manifestación en La Laguna (Tenerife) en 2014.

Dicha condena por delito de atentado contra agente de la autoridad le llevó a perder su escaño en el Congreso de los Diputados. Su defensa considera que la Sala Segunda del alto tribunal que la impuso vulneró hasta siete derechos fundamentales del político: a la presunción de inocencia, al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con las debidas garantías, a la libertad de reunión y de manifestación, a la representación política y al principio de legalidad y del principio de proporcionalidad como principio rector que debe
informar el derecho penal.

El incidente de nulidad es el paso previo y obligatorio a la presentación de un recurso de amparo contra la sentencia ante el Tribunal Constitucional, que pretenden abordar los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, quienes representan al político.

"Falta de imparcialidad"

En el escrito presentado ante la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena, el político considera que en el "reproche" sobre el uso de la última palabra que hizo durante el juicio que hacen los magistrados que apoyaron su condena (la mayoría del Tribunal salvo dos miembros que emitieron voto particular) se aprecia "especial intensidad y sesgo" contra él. Denuncia en este sentido una "apariencia de imparcialidad en la mayoría del Tribunal".

El abogado de Rodríguez dice que el Tribunal considera en la sentencia que las palabras del diputado fueron una "advertencia" que buscaría "perturbar" al órgano jurisdiccional.

"Sin embargo, la Sala no ha reparado en el significado correcto de las palabras de mi mandante: D. Alberto Rodríguez explica cuál es la imagen que podría desplegar nuestro país, ante los 'reveses' padecidos por sentencias procedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que, realmente, está pidiendo a este Excmo. Tribunal que no propicie otro “revés” en el que, tal vez, la imagen de la Justicia de nuestro país se vea nuevamente deteriorada. Como puede observarse, no se desprende una advertencia sino un alegato libre de injerencias, medido y reflexionado, por parte de quien, por haber ocupado un escaño en las Cortes, ha podido tener una clara percepción de la preocupación que no pocas personas e instituciones tienen por la imagen de la Administración de Justicia española fuera de nuestro país. En todo caso, este juicio de 'alegación inapropiada' es suficiente para invocar la falta de imparcialidad", se puede leer en el incidente de nulidad de Rodríguez al que ha tenido acceso El Independiente.