La magistrada Maria Eugenia Alegret ha dado por finalizada la instrucción de la causa abierta contra el ex presidente del Parlament y actual consejero de Empresa, Roger Torrent y tres miembros de la anterior Mesa del Parlament por desobediencia. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado hoy traslado a las partes, dejando a los miembros de la anterior Mesa a las puertas del juicio oral.

Torrent (ERC), Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y la republicana Adriana Delgado serán juzgados por haber permitido el debate de dos resoluciones en defensa de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía a pesar de las advertencias en contra del Tribunal Constitucional. Las votaciones se produjeron en noviembre de 2019.

Costa acumulará además una causa por desobediencia al tribunal, tras haberse negado a presentarse ante el TSJC cuando fue citado a declarar el pasado 15 de septiembre. Finalmente, el dirigente independentista fue puesto a disposición de la justicia por los mossos el pasado 27 de octubre. Costa defendió su desobediencia y alegó que no reconoce la autoridad del Superior de Justicia de Cataluña para juzgar su actuación como vicepresidente del Parlament.  

Reprobación al Rey

En su querella, la Fiscalia acusa a los cuatro ex miembros de la Mesa por haber admitido a trámite y permitido el debate de dos resoluciones. En la primera, aprobada con la mayoría independentista, el Parlament se comprometían a ejercer la autodeterminación. La segunda cuestionaba la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del referéndum del 1-O y reprobaba a Felipe VI.

El ministerio público recordaba en su escrito de acusación que el Constitucional ya declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlament del 9 de noviembre del 2015 en la que el Govern, entonces presidido por Carles Puigdemont, se comprometía a celebrar un referéndum unilateral en 18 meses.

En ese dictamen, el TC acordó la suspensión de las resoluciones parlamentarias y recordó a la Mesa su deber de “impedir y paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada". El alto tribunal advertía además a los miembros de la Mesa de que podían incurrir en responsabilidades, incluida la penal, si no cumplían sus requerimientos.  

En su escrito, la Fiscalía consideraba que los cuatro querellados incumplieron esta sentencia al permitir los debates de noviembre de 2019.