El catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo, que este jueves obtuvo el respaldo tanto de la mayoría del Congreso de los Diputados como del Pleno del Tribunal Constitucional para convertirse en nuevo miembro del Alto Tribunal, está "destrozado" por el ruido político y mediático que ha levantado su propuesta para el cargo por parte del Partido Popular. Aún así, no se plantea renunciar a su nombramiento, "tirar la toalla", según trasladan fuentes de su entorno más próximo a El Independiente.

Según esas fuentes consultadas, el jurista está muy afectado porque desde el PSOE y también desde el Gobierno se haya puesto en duda su profesionalidad y honestidad, afirmando incluso el presidente Pedro Sánchez que no es un candidato de su agrado.

Desde que se supo que sería uno de los dos elegidos por el PP en el acuerdo de renovación alcanzado entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y el secretario general del principal partido de la oposición, Teodoro García Egea, para renovar el tribunal de garantías, fuentes judiciales e internas del PP trasladaron a este diario que su elección podía ser utilizada políticamente por el PSOE, como efectivamente ha ocurrido. El motivo era que Arnaldo estuvo investigado en el caso Palma Arena de corrupción alrededor del expresidente balear Jaume Matas porque su despacho le contrató una vez dejó la política.

"Sospechoso de por vida"

Ese fue uno de los asuntos que el diputado del PSOE Odón Elorza le reprochó en la Comisión de Nombramientos del Congreso para poner en duda su independencia e idoneidad. También le afeó que diera conferencias para la fundación FAES del Partido Popular.

En dicha Comisión, Arnaldo reconoció su presencia en «debates jurídicos, no políticos» de FAES, afirmando que ha participado en más de 400 debates en todo el mundo «de todo signo político». «Nunca he militado en un partido político ni he participado en ningún acto electoral. Conozco a casi toda la clase política española desde hace 35 años», dijo Arnaldo explicando que ese conocimiento le viene de haber trabajado como letrado del Congreso desde 1986. El catedrático de Derecho Público lamentó que se le considere "sospechoso de por vida" por haber estado investigado en un procedimiento que se archivó hace diez años, y se reivindicó como una persona "plenamente independiente. Sin peajes que nunca aceptaré".

Precisamente fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por este diario destacan que lo que se aborda tanto en el Congreso como en el propio Constitucional para respaldar a los candidatos propuestos por los principales partidos políticos es si cumplen con los requisitos exigidos por la Constitución, que son que se trate de magistrados, fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función. En este sentido, magistrados del Alto Tribunal entendieron que se estaba sometiendo a un "linchamiento" al candidato rescatando información de un sumario archivado hace diez años. Otros, sin embargo, trasladaron que las informaciones alrededor de Arnaldo y la polémica que ha generado su elección dañan la imagen del tribunal de garantías. Sin embargo, en el Pleno gubernativo que se celebró este jueves en el Alto Tribunal todos los magistrados salvo uno respaldaron tanto su nombramiento como el de los otros tres candidatos -los magistrados Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez- sin hacer ninguna manifestación al respecto.

Arnaldo, según ha podido saber este diario, se siente "plenamente legitimado" para adoptar cualquier decisión en el tribunal de garantías a partir de ahora. Las fuentes más próximas a él trasladan que espera dejar de estar en el foco mediático y político en los próximos meses.