Cuatro hombres armados y encapuchados interceptaron el año pasado por estas fechas (el 23 de noviembre) una furgoneta de reparto que transportaba de Madrid a Barcelona, entre otros efectos valiosos como relojes de lujo, los ordenadores portátiles, tablets y teléfonos móviles requisados a la familia Pujol en la investigación seguida en la Audiencia Nacional que llevará al expresidente catalán Jordi Pujol Soley y sus hijos a juicio.

El incidente ocurrió en la Avenida de Entrevías de Madrid y, poco después del robo del vehículo, éste apareció quemado en Getafe, resultando imposible rescatar los dispositivos, según adelantó La Sexta y confirman fuentes de la defensa de Pujol a El Independiente.

Los hechos se investigaron en el Juzgado de Instrucción 8 de Madrid y las diligencias 2072/2020 que se abrieron a raíz de la denuncia se archivaron sin dar con los autores del robo, que llegaron al lugar de los hechos en un todoterreno.

Las fuentes de la defensa de la familia Pujol recuerdan que Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor de Jordi Pujol Soley, llevaba años reclamando que se le devolvieran los dispositivos en manos del Juzgado Central de Instrucción 5 con contenido que no estaba relacionado con la investigación que llevó a cabo el juez José De la Mata y que el juez Santiago Pedraz ha enviado a juicio.

Relacionan el inicio de la causa con las 'cloacas policiales'

El abogado del expresident pone el acento en que no es la primera vez que se produce un robo a los miembros de la familia Pujol desde que arrancó la investigación, cuyo origen relaciona con las denominadas cloacas policiales del Estado puesto que fue la examante de Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, quien presentó la primera denuncia ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) contra el primogénito del expresident afirmando que éste iba y volvía de Andorra con "grandes cantidades de dinero en billetes de 500 euros". Lo hizo después de hablar con el comisario investigado en la Audiencia Nacional José Manuel Villarejo, que se hizo pasar por un periodista. Álvarez reconoció a este diario que durante meses recibió dinero de los fondos reservados del Estado por colaborar con la investigación policial a la familia Pujol.

Precisamente en la macrocausa alrededor de los negocios privados del comisario Villarejo mientras estaba en activo en la Policía que instruye el juez Manuel García-Castellón, los investigadores se incautaron de un audio del comisario en el que describió la operativa por la que éste habría hecho nacer investigaciones en la UDEF para beneficiar a clientes privados suyos. Un mecanismo que habría sido posible gracias a las relaciones del comisario en la Unidad. "Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos", resumió el comisario en 2008 al policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso al que intentaba contratar en una de sus empresas, según desveló este diario.

En la pieza BBVA del caso Tándem alrededor de los negocios del comisario ya se aborda si la investigación policial al presidente de Ausbanc Luis Pineda que dio pie a la causa por extorsiones en la que ya ha sido condenado surgió de esta manera, por una maniobra de Villarejo y el banco con la cúpula de la Policía.

La defensa de Pujol, ejercida por el letrado Alberto Carrillo, quiere que el juez investigue también si el caso Pujol tuvo similar origen por toda la documentación requisada al comisario que, según considera, así lo acredita. Para ello, ha solicitado en distintas ocasiones la personación de Jordi Pujol Ferrusola como perjudicado en el caso Villarejo, rechazándolo el juez García-Castellón.

Entradas en la calle Moneders de Barcelona

En la solicitud de personación como acusación particular que el abogado Carrillo presentó al Juzgado Central de Instrucción 6 en representación de Pujol Ferrusola en febrero de 2020 ya denunció la posible comisión de un delito de allanamiento de morada hace años.

En su escrito, se refirió a la existencia de hasta "tres intrusiones en el domicilio de la exesposa D. Jordi Pujol Ferrusola, sito en la calle Moneders de Barcelona el día 27 de febrero de 2013". "El 27 de febrero de 2013 se realizaron tres entradas en la casa sita en la calle Moneders de Barcelona en la que en esas fechas residían la hija pequeña y la exmujer de D. Jordi Pujol Ferrusola: a las 2:30 horas de la madrugada; a las 5:45 horas de la mañana y a las 15:30 horas de la tarde", continuaba.

Policía y Guardia Civil respondieron a los Mossos d'Esquadra que las huellas encontradas en el domicilio eran "especiales"

Según la denuncia que presentó la hija de Pujol Ferrusola ante los Mossos d'Esquadra, "ella misma se encontraba en el interior de la vivienda junto con otras personas y fue quien dio el aviso a los Mossos d’Esquadra, que se personaron en la vivienda y realizaron tomas de huellas dactilares para su posterior análisis. A razón de estas diligencias policiales se incoaron las Diligencias Previas núm. 1091/13-A ante el Juzgado de Instrucción núm. 28 de Barcelona, sin que se haya tenido más conocimiento o noticia del devenir de la investigación".

"Tras preguntar a los agentes de Mossos d’Esquadra que se habían personado en el domicilio para realizar la toma de huellas dactilares, D. Jordi Pujol Ferrusola fue informado de que las tomas de huellas dactilares habían sido enviadas a los cuerpos de Guardia Civil y de la Policía Nacional para que fueran cruzadas con sus bases de datos y que la respuesta que recibieron fue que se trataba de unas huellas 'especiales'. Interesará esta parte, en consecuencia, que se remita testimonio íntegro de las Diligencias Previas núm. 1091/13-A seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 28 de Barcelona para que, incorporada el acta de inspección ocular realizada por el cuerpo de Mossos d’Esquadra se verifique por parte de los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional si corresponden a alguna persona física cuya filiación obre en sus bases de datos", pidió el letrado de los Pujol ante la Audiencia Nacional en febrero del año pasado. Reprocha que el juez no haya aceptado aún la personación de Pujol Ferrusola como perjudicado en el caso Villarejo.