La asociación Jusapol ha logrado que el resto de sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil se sumen y secunden la manifestación que han convocado en Madrid el próximo 27 de noviembre para expresar el rechazo a la derogación de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana -conocida como Ley mordaza- que impulsan los partidos que sustentan el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos).

Inicialmente, la convocatoria de Jusapol la respaldaron sus organizaciones filiales (Jupol en el Cuerpo Nacional y Jucil en el Instituto Armado, ambas mayoritarias), la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) e Independientes de la Guardia Civil (IGC), pero no despertó inicialmente las adhesiones de otras siglas.

Un bloque conformado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión Federal de Policía (UFP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Asociación Profesional de Cabos (APC) anunciaron la convocatoria de concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno el próximo día 24 -tres días antes- y no ocultaron su malestar con Jusapol por haber convocado la manifestación del 27 de noviembre de forma unilateral en lugar de haberse pactado con todas las organizaciones por el calado de la reforma que se proyecta.

Esa situación ha cambiado este lunes. El SUP, la AUGC, el SPP, la UFP y la APC han anunciado que asistirán a la protesta convocada por Jusapol, que se celebrará en Madrid el próximo 27-N a partir de las 11.30 horas y en la que previsiblemente se leerá un manifiesto consensuado por todas las organizaciones. De momento, no han trascendido detalles del recorrido ni otras cuestiones organizativas.

También ha confirmado este lunes su adhesión a esta protesta Alternativa Sindical de Policía (ASP), actualmente sin representación en el Consejo de Policía. "En una manifestación en la que cada sindicato o asociación puede mostrar sus siglas libremente, no hay motivo ni excusa para no aunar fuerzas y dejar en el olvido y en el pasado roces, enfrentamiento o imposiciones que de poco sirven hoy", han indicado.

En paralelo, Jusapol -plataforma constituida en 2017 para reivindicar la equiparación salarial con las policías autonómicas- ha informado en un comunicado de que hace un "llamamiento" para que todos sus seguidores "acudan a la concentración propuesta por otras organizaciones" el próximo día 24. "No vamos a discutir sobre quién debe llevar esta bandera. El momento en el que nos encontramos está por encima de estas cosas, nos jugamos mucho todos en esta lucha y creemos que hay que estar todos a la altura de las circunstancias. Es lo menos que podemos hacer por nuestro colectivo", defienden.

Jusapol también apoyará las concentraciones convocadas por el SUP, la AUGC, el SPP, la UFP y la APC el día 24

Jusapol dice que "la única sigla que tiene cabida en esta lucha es la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y asegura que apoyará todas las medidas que se planteen "para frenar esta reforma", reiterando su invitación a que se sumen a la manifestación todas las policías autonómicas y locales y todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

Según explica en la nota, la fecha del 27-N "no está elegida por azar ni por capricho" sino por ser "la primera fecha elegible posible". De lo contrario, insisten, habría que esperar hasta "mediados de enero de 2022". "Un tiempo valioso que no queremos dejar pasar, ni mucho menos llegar tarde. Recordemos que las enmiendas para la reforma de la Ley han sido presentadas y registradas por los partidos políticos el pasado día 10 de noviembre", añade.

Policías y guardias civiles sostienen que, de salir adelante las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos, se infligirá un "daño grave e irreparable a la operatividad policial". "Destruye el principio de autoridad, merma la capacidad operativa de la Policía y pone en riesgo a los agentes, afirman.

Entre otros aspectos, aseguran que se pone fin al principio de veracidad del testimonio policial, permitirá la difusión de imágenes de los agentes y se limitará el uso de material antidisturbios en alteraciones de orden público. Igualmente, reducirá las multas que se consideren excesivas y se aplicarán "criterios de proporcionalidad" para ajustarlas tanto a la "capacidad de ingresos de las personas sancionadas" como a la edad.