El PSOE vetó durante la negociación de las enmiendas para reformar la Ley mordaza la propuesta de Unidas Podemos de excluir de forma expresa el uso de las pelotas de goma por parte de la Policía como material antidisturbios. Esta prohibición no consta de forma explícita en el texto final que, en cumplimiento del compromiso programático firmado en diciembre de 2019, han pactado los dos partidos que sustentan el Gobierno.

"Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquéllos que causen lesiones irreparables", detalla una de las enmiendas que PSOE y Unidas Podemos han pactado. Se trata de la numerada como 126, enmarcada en el artículo que regula las reuniones y manifestaciones en la actual Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana (el 23).

No era la literalidad que se proponía en uno de los borradores cruzados durante la negociación, mucho más restrictivo respecto a los recursos que deben emplear los policías para asegurar el orden público en caso de disturbios. "Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, quedando excluido el uso de las pelotas de goma", detallaba dicha propuesta.

Unidas Podemos ya presentó una enmienda en 2018 para que se prohibiera el uso de las pelotas de goma

Prohibir las pelotas de goma fue una de las enmiendas a las proposiciones de ley del PSOE y PNV para reformar la Ley mordaza que el grupo confederal de Unidas Podemos registró a principios de 2018. Aquella ponencia quedó en el cajón al disolver Pedro Sánchez las Cortes y convocar las elecciones generales que se celebraron el 28 de abril de 2019, once meses después de su llegada a La Moncloa tras prosperar la moción de censura.

De entrar en vigor la futura Ley de seguridad ciudadana en los términos pactados por PSOE -formación que controla el Ministerio del Interior dentro del pacto de gobierno- y Unidas Podemos, el empleo de las pelotas de goma no estaría formalmente prohibido, si bien los integrantes de las unidades antidisturbios tendrán que tener presente que deberán evitar el uso de medios que provoquen "lesiones irreparables". El uso de este material fue fundamental para garantizar el orden público en Cataluña en octubre de 2019 tras los graves altercados provocados por radicales independentistas tras dictar el Tribunal Supremo la sentencia contra los líderes del procés.

En Cataluña, la Policía Nacional y la Guardia Civil sí pueden usar las pelotas de goma pero no los Mossos d'Esquadra, tras la iniciativa aprobada en diciembre de 2013 por el Parlament -con el apoyo de los grupos de CiU, ERC y Ciudadanos- y que entró en vigor en abril de 2014. Fue a raíz de la polémica suscitada después de que Esther Quintana perdiera un ojo durante la huelga general del 14-N de 2012.

El grupo parlamentario que plantea que quede "expresamente prohibido" el uso de pelotas de goma a la hora de disolver reuniones o manifestaciones es ERC. También de "cualquier otro instrumento o producto que pueda producir amputaciones o la muerte de una persona", detalla su enmienda al actual artículo 23.

La eventual limitación en la utilización de medios antidisturbios es uno de los puntos que ha suscitado el malestar entre los sindicatos policiales tras conocerse las enmiendas que los socios de gobierno han pactado con vistas a la derogación de la ley, que fue aprobada con los únicos votos del PP en la etapa en la que la formación entonces liderada por Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta.

No es la única discrepancia que airean las organizaciones que representan a policías nacionales y guardias civiles, que secundarán una manifestación el próximo 27 de noviembre en Madrid para mostrar su rechazo a la reforma normativa. Liderada por Jusapol, la asociación constituida en 2017 para reivindicar la equiparación salarial, la protesta ha logrado la adhesión de todos los sindicatos y asociaciones profesionales.

Cuando se celebre dicha concentración, hará diez días que se habrá constituido la ponencia en el Congreso de los Diputados -está previsto que se cree este miércoles- que estudiará las enmiendas antes de enviar el texto al Senado. La oposición asegura que los partidos que sustentan el Gobierno quieren llevar a cabo una "tramitación exprés sin debate" a fin de que se envíe a la Cámara Alta "antes de Navidad". PSOE y Unidas Podemos han pactado 52 enmiendas a la proposición del PNV, el 15,75 % de las presentadas por todos los grupos (330).

"Busca limitarnos ante los violentos, reducir nuestra operatividad para poder apaciguar la violencia en las calles y poner el foco delictivo en los policías y guardias civiles en vez de en los delincuentes y los violentos", interpreta Jupol, el sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional. Va a provocar un "daño grave e irreparable a la operatividad policial", resume la Confederación Española de Policía (CEP). Éstas son algunas de las cuestiones que han soliviantado a policías y guardias civiles.

  • Manifestaciones espontáneas. Una de las críticas dirigidas a las propuestas pactadas por PSOE y Podemos está relacionada con la enmienda para que, aun teniendo la consideración de "infracción leve", puedan llevarse a cabo reuniones y manifestaciones sin comunicación previa. A mayor abundamiento, PSOE y Unidas Podemos proponen que no se considere infracción "cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora", siempre que "no cause violencia o alteración del orden público". Según los sindicatos, esa posibilidad dificulta la labor policial, ya que impide planificar de manera adecuada los dispositivos operativos. Que no se comunique la celebración de manifestaciones choca con lo previsto en la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión, que obliga a los promotores a comunicar su celebración a la autoridad gubernativa correspondiente con una antelación de entre 10 y 30 días naturales. Esta disparidad podría terminar dirimiéndose en el Tribunal Constitucional.
  • Presunción de veracidad. "El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable...". La inclusión de estos tres adjetivos despierta los recelos entre los agentes, hasta el punto de que alguna organización considera que sitúa al agente "al mismo nivel que los delincuentes". Se trata de la enmienda relativa al actual artículo 19 de la ley, en el que se detallan las disposiciones comunes a las diligencias de identificación, registro y comprobación. Fuentes policiales consideran innecesaria esa definición, puesto que ya tienen instrucciones expresas de detallar con todo lujo de detalles las actas que levantan para evitar que puedan ser posteriormente tumbadas. "El retirar la presunción de veracidad a las actas policiales que supuestamente no sean 'lógicas o coherentes' es un brindis al sol que de paso mancha gratuitamente la credibilidad del trabajo policial, ya que es evidente que por sistema policías y guardias civiles se esfuerzan desde siempre en dotar de esa imprescindible lógica y coherencia a su trabajo en aras de la verdad. La reforma simplemente pone a la misma altura que el de un delincuente el testimonio de un guardia o policía", denunciaron la pasada semana el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en un comunicado conjunto.
  • Difusión de imágenes y datos personales. Sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil consideran que se les "pone en riesgo" si se retira la prohibición de grabación de imágenes de los agentes en el desarrollo de su labor. La enmienda pactada por los dos grupos plantea que "no es infracción" la toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones o su "mera difusión". Pero el uso de imágenes o datos personales de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar" seguiría considerándose una infracción grave. En relación con la redacción actual, contenida en el artículo 36, se cambia la expresión "pueda poner en peligro" por "cuando genere un peligro cierto".