La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante ha abierto la fase de enjuiciamiento en el procedimiento por el que se considera a más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el ex vicepresidente Oriol Junqueras, responsables contables del gasto público destinado al referéndum ilegal del 1 de octubre y a la promoción exterior del proceso independentista por el que se les reclama una cantidad conjunta de 5,4 millones de euros.

Este jueves abandonarán su puesto los consejeros salientes del órgano fiscalizador y entrarán los nuevos que resultaron del acuerdo de renovación de los órganos entre Gobierno y Partido Popular. A las 17 de la tarde, después de tomar posesión del cargo y haber constituido la Comisión de Gobierno del órgano, se celebrará el primer Pleno de los nuevos miembros.

Fue la autora de la sentencia del 9-N

Antes de abandonar el Tribunal de Cuentas, la consejera titular del departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento Mariscal de Gante ha dictado la providencia en la que envía el procedimiento a la fase de enjuiciamiento. Es decir, insta a la Fiscalía y las entidades denunciantes a que presenten demanda o, en caso contrario, soliciten el archivo.

El Tribunal de Cuentas une con este paso las actuaciones seguidas por el gasto destinado a la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y el destinado a la promoción del procés en el exterior a través de las embajadas catalanas y el Diplocat.

Mariscal de Gante concluye su actuación y envía a enjuiciamiento las supuestas irregularidades contables seguidas tanto para afrontar los gastos del 1-O como para la promoción exterior del procés entre 2011 y 2017, según confirman fuentes del órgano fiscalizador. Mariscal de Gante fue la consejera que redactó la sentencia en la que se condenó al expresidente Artur Mas como responsable contable de los gastos destinados al referéndum del 9 de noviembre de 2014 (9-N) en la que se le obligó a devolver casi cinco millones de euros por la consulta impedida por el Constitucional. El Tribunal Supremo avaló dicha sentencia.