Desde la renuncia explícita a grandes proyectos como el Hard Rock de Salou o los Juegos Olímpicos del Pirineo, al fin de la normalización de las relaciones de ERC con el PSOE, o una nueva subida de impuestos. Es el precio que la CUP sigue poniendo sobre la mesa para permitir la tramitación de los presupuestos de la Generalitat para 2021 y salvar, así, la "mayoría del 52%" que sostiene casi en solitario el discurso independentista a estas alturas.

La CUP ha vuelto a demostrar este martes su gusto por llevar al extremo las negociaciones con las que, desde hace un lustro, condiciona el futuro de los sucesivos gobiernos independentistas de Cataluña. Tras el anuncio de una enmienda a la totalidad a los presupuestos, los antisistema sostienen que la negociación sigue hasta que el próximo lunes se voten las enmiendas. Y a ese argumento se agarran ERC y JxCat para cerrar la puerta a CatEC y el PSC, que ofrecen su apoyo alternativo al gobierno de Pere Aragonés.

Aragonés se pone al mando

De momento, los antisistema ya han conseguido un primer triunfo: obligar a Aragonés a ponerse al frente de las negociaciones, pilotadas hasta ahora por el consejero de Economía, Jaume Giró. Aragonés tuvo que modificar ayer su agenda y renunciar a la presentación del equipo CMR Group Women Dakar Team para recibir a una delegación de la CUP en Palau. Previamente, las cúpulas de ERC y JxCat se habían reunido en la Plaza Sant Jaume para analizar los pasos a dar tras el portazo de su socio de investidura.

En el encuentro Aragonés y Giró repitieron los argumentos esgrimidos previamente por sus partidos, la necesidad de aprobar las cuentas y de preservar el bloque independentista de la investidura. Y reclamaron a los antisistema "concreciones" sobre sus peros a los presupuestos. Unos puntos de conflicto que Eulalia Reguna, portavoz de la CUP, no quiso explicitar ante la prensa, pero que se fijaban de hecho en el documento de debate propuesto a las 15 asambleas locales que durante el fin de semana debatieron el estado de la negociación, para acabar votando a favor de la enmienda a la totalidad.

Más presión fiscal

En términos generales, los antisistema hacen dos grandes reproches al Govern: haber "normalizado" la relación con el PSOE "que se evidencia en el despliegue del programa Fomento y de Aena y en la incapacidad colectiva de desplegar las herramientas para autodeterminarnos". La CUP recrimina además a ERC que solo se ha cumplido el 40% del pacto de investidura, aunque los republicanos elevan el cumplimiento al 80% y argumentan que, sin presupuestos, no se podrán llevar a cabo las promesas explicitadas en materia de políticas sociales.

De hecho, en el documento trasladado a sus bases denunciaban un "intento de cierre desde arriba del proceso independentista". Y alertaban que ese intento va acompañado de un posible intercambio de favores para la aprobación de los presupuestos del Gobierno, la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona y, si ellos no lo impiden, la Generalitat.

Más allá de las divergencias políticas de fondo, los antisistema critican en primer lugar que los presupuestos no recojan su exigencia de subir impuestos. Un punto al que Giró se ha negado tajantemente, consciente de que Cataluña ya es la comunidad con mayor presión fiscal. El consejero ha prometido, a cambio, rebajas fiscales para los segmentos vulnerables que permitan hablar de una mayor redistribución de la riqueza, pero la CUP lo considera insuficiente.

No a los macroproyectos

Los macroproyectos, que la CUP considera herencia de la "sociovergencia" son otro de los obstáculos insalvables para los antisistema. Incluyen en este apartado el Complejo Recreativo de Salou -un proyecto con participación de La Caixa y el paraguas de la cadena Hard Rock con la promesa de construir casinos y hoteles en torno de Port Aventura-; la ampliación del Aeropuerto de El Prat, los Juegos Olímpicos de Invierno o la financiación de la Fórmula 1 en Montmeló. Y reclaman el rechazo explícito del Govern a esos proyectos.

En el caso del Hard Rock, Giró se comprometió este verano con las administraciones locales de Tarragona a sacar adelante el proyecto, con el que esperan revertir la caída del turismo agudizada por la pandemia. Sin embargo, sí han conseguido la promesa del que los Juegos solo saldrán adelante si así lo aprueba la ciudadanía de las comarcas afectadas en una consulta pública.

Respecto al aeropuerto, la CUP no se contenta con el fracaso del proyecto de ampliación y reclama además que la Generalitat renuncie a la promoción de 20 nuevas rutas desde el aeropuerto barcelonés, que consideran incompatibles con sus propuestas medioambientales.

Reclaman además "dejar de priorizar la industria automovilística y turística" los dos grandes sustentos del PIB catalán, y apostar por proyectos de nueva economía en los que el Govern debería entrar con el capital público que deje de invertirse en esos sectores. Todo ello a partir de un nuevo Pacto Nacional por la Industria que no debe pivotar, según ellos, en Foment, Pimec, CCOO y UGT.

Sanidad y vivienda

En materia de vivienda la CUP también considera insuficientes los avances ofrecidos por el Govern. Los antisistema reclamaban una inversión de 1.000 millones en este ámbito, con especial énfasis en la promoción de vivienda pública y la ampliación del parque publico vía tanteo y retracto. Pero el Govern "solo" ha llegado a los 750 millones en su última oferta, 50 más de los consignados en los presupuestos que aprobó el Consell Executiu.

En Sanidad el Govern ofreció el viernes, en la última negociación antes de la votación de las bases, revertir la externalización del servicio del 061, una de las exigencias consignadas en el pacto de investidura. Un "mejora" que la CUP ha destacado. Pero los antisistema siguen considerando insuficiente el aumento de la inversión en Atención Primaria, que pasa del 12% al 17% del presupuesto de Salud. "Lejos del 25% comprometido" se lamentan los antisistema.

Estos serán los próximos caballos de batalla a los que Aragonés deberá hacer frente en los próximos seis días si no quiere depender a partir de ahora del PSC o los comunes. Todo ello después de haber quemado ya cartuchos como la revisión del modelo policial, la creación de una energética pública o la citada internalización del 061.