Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) aboga por una reforma de la ley para que, tanto si una comunidad pide refuerzos como si se lleva a cabo una actuación conjunta, sea la Policía autonómica la que ejerza el "mando" sobre la Policía Nacional o la Guardia Civil por tener "un mayor conocimiento de la realidad social y geográfica".

Así lo plantea el partido independentista catalán en una de las enmiendas que ha registrado al articulado de la proposición de ley presentada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para modificar la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley mordaza y cuya derogación se ve más cercana tras el acuerdo alcanzado por los dos partidos que sustentan el gobierno (PSOE y Unidas Podemos).

En concreto, ERC plantea que se añada una disposición adicional a la citada norma para que se modifique la Ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad en su artículo 46, uno de los dos que regulan la colaboración entre la Policía Nacional y la Guardia Civil -dependientes del Ministerio del Interior- con los cuerpos policiales de las comunidades (adscritos a los departamentos autonómicos de Interior).

Dicho precepto determina que, cuando una comunidad autónoma pida "auxilio" al Estado para poder cumplir sus funciones por no tener "medios suficientes", los policías nacionales o guardias civiles que se envíen de refuerzo "actuarán bajo el mando de sus jefes naturales".

La enmienda del partido del que Gabriel Rufián es portavoz en el Congreso de los Diputados busca que se modifique la redacción de ese punto a fin de que, en tal circunstancia, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sean movilizados desde otros puntos del país intervengan "bajo el mando de la Policía de la Comunidad Autónoma" correspondiente.

De haber estado vigente este precepto en otoño de 2017, el contingente de Policía Nacional y Guardia Civil que el Ministerio del Interior envió a Cataluña para cumplir el mandato judicial y evitar el referénum ilegal del 1-O habría dependido operativamente del mayor Josep Lluís Trapero en lugar de atender las órdenes impartidas por Diego Pérez de los Cobos, coordinador de dicho dispositivo de seguridad por su condición -entonces- de director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.

"Policía más próxima"

De igual manera, Esquerra propone cambiar también el apartado segundo del citado artículo 46, de forma que sean los mandos de la policía autonómica los que "asuman la dirección" en caso de operaciones o servicios en los que intervengan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un cuerpo dependiente de una comunidad de manera conjunta o simultánea.

"Se considera oportuno que sea la policía más próxima a la ciudadanía, quien trabaja cotidianamente sobre el terreno y tiene un mayor conocimiento de la realidad social y geográfica, quien asuma el mando de las operaciones que son exclusivas del territorio de la comunidad autónoma y, aún más, teniendo en cuenta que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales se produce a petición de la propia comunidad autónoma", argumenta ERC para justificar la enmienda.

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La formación que preside Oriol Junqueras ha presentado un total de 51 enmiendas al articulado de la proposición de ley de reforma de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana del PNV. En concreto, los cambios afectan a 15 artículos, dos disposiciones finales y una disposición adicional de la norma vigente, aprobada en la etapa en la que el PP de Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta en las Cortes y en vigor desde el 1 de julio de 2015.

Entre otras modificaciones, ERC pretende que se introduzca un cambio sustancial en el artículo 23, de modo que a la hora de disolver reuniones o manifestaciones quede "expresamente prohibido el uso de pelotas de goma o de cualquier otro instrumento o producto que pueda producir amputaciones o la muerte de una persona".

ERC plantea también que, si Interior manda refuerzos a una comunidad, éstos queden al mando de la Policía autonómica

En este sentido, el partido insta al desarrollo de "claros protocolos de actuación" partiendo de los estándares internacionales a fin de guiar cuál debe ser la actuación policial a la hora de disolverse manifestaciones. "Estos protocolos deben regular las circunstancias, la autoridad responsable para tomar la decisión de la disolución de la reunión, la interlocución con organizadores y manifestantes, los procedimientos para la utilización de material antidisturbios y uso de la fuerza si fuese necesario, así como los sistemas de rendición de cuentas sobre cada intervención", justifica.

Como ha informado El Independiente, también el grupo de Unidas Podemos pretendía enmendar la Ley mordaza con la prohibición explícita de este material antidisturbios. El texto pactado finalmente con el PSOE no veta el uso de este tipo de proyectil, si bien establece que se deben utilizar "los medios menos lesivos para las personas y evitando aquéllos que causen lesiones irreparables".

Junto con la antigua CiU y Ciudadanos, ERC apoyó el 18 de diciembre de 2013 una resolución en el pleno del Parlament por la que se aprobó la "prohibición total" de las balas de goma por parte de los Mossos d'Esquadra a partir del 30 de abril de 2014. Ésta fue una de las conclusiones que arrojaba el Informe de la Comisión de estudio de los modelos de seguridad y orden público y del uso de material antidisturbios en eventos de masas, emitido meses después de que la vecina de Barcelona Esther Quintana perdiera el ojo izquierdo durante la huelga general del 14-N de 2012.

Registros corporales

De otro lado, el partido independentista propone que se altere la redacción del artículo 17 con la intención de obligar a los cuerpos policiales a poner en conocimiento tanto de la Fiscalía como de la Oficina del Defensor del Pueblo -nacional y autonómico- la restricción de la circulación en vías o lugares públicos en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana.

En relación con los registros corporales externos, ERC defiende que se obligue a la fuerza actuante a "elaborar un formulario" en el que se detalle tanto el motivo que ha llevado a practicar tal actuación como la "nacionalidad o etnicidad real o percibida de las personas registradas" y que ello se ponga en conocimiento del Ministerio Público y del Defensor del Pueblo.

De igual forma, plantean que los actos violentos no se consideren causa suficiente para disolver una manifestación. "Las fuerzas de seguridad diferenciarán manifestantes pacíficos de aquellas personas que actúen de manera violenta", razona.