Las pancartas, las consignas y las reivindicaciones llegarán dentro de una semana nuevamente a las puertas del Ministerio del Interior, donde desembocará la riada de guardias civiles y policías nacionales, autonómicos y locales que protestará por el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos para derogar la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana o Ley mordaza. Un nuevo frente para el Gobierno de coalición en el ecuador de la legislatura, una nueva polémica que alcanza al ministro Grande-Marlaska.

Sindicatos y asociaciones profesionales sostienen que, de aprobarse la norma en los términos en que los dos partidos que sustentan el Ejecutivo han pactado las enmiendas, se "destruye el principio de autoridad", se "merma la capacidad operativa de la Policía" y se "pone en riesgo a los agentes", alrededor de 240.000 si se suman las plantillas de todos los cuerpos que operan en el país. La manifestación del próximo 27 de noviembre irá precedida, justo tres días antes, de concentraciones ante todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno bajo el lema 'No a la España insegura'.

El "acuerdo de coalición progresista" que Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) suscribieron la víspera de la Nochevieja de 2019 para formar gobierno incluía el compromiso de aprobar -"a la mayor brevedad", se especifica en el documento- una nueva Ley de seguridad ciudadana "para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica". También la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, precepto que castigaba los piquetes con cárcel y que ya fue anulado el pasado mes de abril.

El juez que ocupó una vocalía en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP y cuyo nombre formó parte de la terna final para ostentar la Fiscalía General del Estado en el tramo final de la etapa de Mariano Rajoy defiende la necesidad de cambiar la ley que solivianta ahora a policías y guardias civiles, como ha dejado claro en comparecencias parlamentarias. Los diarios de sesiones de las Cortes dan fe de ello.

"Ésta fue una ley fruto del rodillo, fruto de las mayorías, incluso hablaban de que lo que querían era modular el ejercicio de determinados derechos y libertades. Esa ley significó la ruptura del equilibrio entre el ejercicio de derechos y libertades y la seguridad ciudadana, que es importante para el ejercicio de esos derechos. Ha motivado el colapso, por denuncias que se sustentan en infracciones muchas veces ajenas al principio de proporcionalidad y conculcadoras del ejercicio de los derechos fundamentales. Por todo ello, estamos ante una ley que podríamos denominar fallida", argumentó Grande-Marlaska el 11 de febrero de 2020 en el pleno del Senado.

Marlaska, en el Senado en 2020: "Queremos una Ley de seguridad ciudadana que se amolde a los principios y valores constitucionales"

El titular de Interior respondía así al senador socialista Raúl Díaz Marín, que, en los primeros compases del actual mandato, quería que quedara claro que la modificación de esta norma constituía una "prioridad" para el bipartito. "Le puedo afirmar que el Gobierno tiene entre sus prioridades, evidentemente, la derogación de la denominada Ley mordaza. Queremos una ley de seguridad ciudadana que esté acompasada, que se amolde a los principios y valores constitucionales [el TC avaló esta norma en noviembre de 2020]. También queremos una ley de seguridad ciudadana que ofrezca garantías a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que necesitan garantías y medios para desarrollar su trabajo", contestó. Precisamente lo que denuncian los policías y guardias civiles es que con las enmiendas pactadas por PSOE y Unidas Podemos no tendrán garantías para desarrollar su labor en la calle.

La Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015 con los únicos votos a favor del PP y está en vigor desde el 1 de julio de dicho año. La formación liderada entonces por Mariano Rajoy contaba entonces con una amplia mayoría absoluta -224 diputados- y Podemos, que tenía un año de vida y no había concurrido aún a ningún proceso electoral, carecía de representación en la Cámara Baja. Hoy puede ser determinante en la reforma del texto.

Tampoco hay consenso en esta ocasión, a tenor de las manifestación que han realizado los líderes políticos en las dos últimas semanas. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos -con más del 41 % de los escaños en la Cámara Baja- se muestran en contra del articulado que los socios de gobierno pretenden sacar adelante a partir de la proposición de ley que impulsa el PNV desde la pasada legislatura.

Detención de la subdirectora de Villena

Las críticas por la derogación de la Ley mordaza no son las únicas que han retumbado en el oído de Grande-Marlaska esta semana. Organizaciones de funcionarios de prisiones han pedido su dimisión -y la del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz- después de que saliera en defensa de la subdirectora de la cárcel de Villena (Alicante) que el pasado mes de septiembre denunció haber sufrido una agresión por parte de encapuchados en vísperas de prestar declaración por una investigación interna a raíz de la reducción de varios empleados públicos de dicho penal a un interno. La mujer, a la que el ministro llegó a calificar de "verdadera funcionaria", fue detenida el pasado miércoles por la tarde por la Guardia Civil como posible autora de simulación de delito y denuncia falsa.

Si hay un colectivo especialmente crítico con la gestión del titular de Interior es el de los trabajadores penitenciarios, que se consideran ninguneados por el actual equipo y acusan a la Administración de inacción ante las agresiones que sufren a diario. A ello suman reivindicaciones económicas, como la equiparación salarial con los funcionarios de prisiones catalanas. No hay avances en sus mejoras, muchas de las cuales apoyaba el PSOE cuando estaba en la oposición.

Equiparación salarial

Entre los reproches dirigidos al titular de Interior por policías nacionales y guardias civiles ocupe un lugar preminente que no se haya ejecutado en su integridad el acuerdo de equiparación salarial firmado por su antecesor en el cargo -Juan Ignacio Zoido (PP)- con cuatro sindicatos y siete asociaciones profesionales. Grande-Marlaska no sólo no ha dado muestras de querer cumplir las cláusulas pendientes sino que encargó un dictamen al Consejo de Estado que concluye que los compromisos asumidos por el anterior ministro no le vinculan jurídicamente.

En concreto, falta elaborar un auditoría que realice una comparación puesto a puesto con las policías autonómicas para calcular realmente si los 807 millones de euros desembolsados en el trienio 2018-2020 son suficientes para cerrar la brecha (la consultora contratada no dispuso de todos los datos y fue condicionada por la Administración a la hora de hacer sus estimaciones), no se ha dado el impulso legislativo comprometido por el Gobierno de Rajoy para evitar que en el futuro pudieran producirse nuevamente diferencias salariales importantes y no se han desembolsado los 300 millones anunciados para incentivar el reingreso de la segunda actividad al servicio activo. Las organizaciones no olvidan estas tres cláusulas y demandan su cumplimiento.

Vehículos y pistolas 'Taser'

Las quejas de sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil alcanzan también a la falta de medios, a pesar del esfuerzo inversor que el actual equipo de Interior asegura que está llevando a cabo desde que llegó tras los años de restricciones presupuestarias en la etapa del PP. En concreto, los representantes de los agentes se quejan de la antigüedad de muchos de los vehículos, hasta el punto de que parte de la flota adscrita al Instituto Armado no llega a pasar la ITV debido a la antigüedad y al desgaste que sufren. En el caso del Cuerpo Nacional, la falta de suministro de microchips está retrasando la sustitución de 679 vehículos radiopatrullas en régimen de renting, lo que agrava la situación.

No sólo faltan coches más modernos, también defensas. Desde julio, la Policía custodia en sus almacenes 600 dispositivos electrónicos de control, conocidas popularmente como pistolas 'Taser' y en uso ya por parte de diversos cuerpos autonómicos (como los Mossos) y locales (como la Policía Municipal de Madrid). A estas alturas no sólo no se ha repartido entre los funcionarios que harán uso de ellas sino que ni siquiera se ha completado el proceso de formación de los monitores que deben adiestrar a los agentes. La Guardia Civil, por su parte, acaba de cerrar la compra de la primera remesa (150): no llegarán antes del primer trimestre de 2022.

Escalafón para el generalato

No había sucedido nunca hasta la llegada de Fernando Grande-Marlaska que el escalafón que se elabora una vez evaluados los méritos de los coroneles de la Guardia Civil que aspiran al generalato se convierte en papel mojado y no se respeta, lo que ha causado estupefacción en el Cuerpo e indignación entre los afectados.

Uno de ellos es Diego Pérez de los Cobos, un respetado oficial al que el ministro ha vetado su ascenso a general de brigada dos veces pese a ser el número uno de su promoción. Este coronel recurrió su destitución como jefe de la Comandancia de Madrid por parte del actual equipo de Interior ante la Audiencia Nacional, órgano jurisdiccional que le dio la razón en primera instancia pero no fue al resolverse la apelación. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra.

Otro coronel al que se le ha negado el fajín de general es a Manuel Sánchez Corbí, purgado como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) por Grande-Marlaska semanas después de la llegada de éste al ministerio. El cese se produjo después de que el coronel firmara una orden interna en la que comunicaba a los diferentes departamentos de la unidad que, hasta nueva orden, quedaba "temporalmente suspendida cualquier actividad" que requiriera obligatoriamente disponer de fondos reservados tras haberse agotado esta partida.

Medallas cuestionadas

El pasado mes de julio, la Audiencia Nacional anuló la concesión -en 2020- de medallas medallas pensionadas por parte del Ministerio del Interior a tres mandos policiales ya jubilados al entender que ni se motivaron las razones p0r las que se tomó la decisión ni se detallan en los expedientes los méritos que exige la ley para ser merecedores de dicha distinción. El fallo, a instancias de un recurso interpuesto por la Unión Federal de Policía (UFP), ha sido recurrido.

El varapalo judicial pone de manifiesto la laxitud en la concesión de algunas condecoraciones, alejada del espíritu de la ley que regula este tipo de reconocimientos (de 1964). La situación ha vuelto a repetirse este año, cuando se han dado medallas de plata a cuatro comisarios principales jubilados o a punto de hacerlo en el momento del otorgamiento. De esta forma, estos funcionarios han recibido más premio que los agentes de los Grupos de Operaciones Especiales (GEO) y de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que corrieron un evidente riesgo el pasado mes de agosto al participar en las labores de evacuación de Kabul: se han tenido que conformar con la medalla roja.

Cansados de que se cometan "injusticias" en el reparto, los sindicatos vienen exigiendo a Grande-Marlaska -sin éxito por el momento- que se derogue esta ley franquista y que se promulgue una nueva norma reguladora que prime los méritos a la hora de la concesión en lugar de convertirse en una medida para elevar la pensión a mandos que alcanzan la edad de jubilarse.

ZES para el Campo de Gibraltar

Desde el verano de 2018, Interior viene haciendo un notable para reforzar los medios humanos y materiales en el Campo de Gibraltar para luchar contra el narcotráfico y el contrabando de tabaco, lo que ha permitido la incautación de importantes cantidades de droga y el descabezamiento de las principales organizaciones criminales que operaban en la zona.

A lo que no se ha dado todavía visto bueno es a la declaración de esta comarca como Zona de Especial Singularidad (ZES), lo que conllevaría incentivos económicos y sociales para los agentes destinados en este rincón de la provincia de Cádiz. Ésta fue una de las reivindicaciones que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) puso encima de la mesa del ministro durante la reunión mantenida el pasado lunes. Según esta organización, el titular de Interior les ha asegurado que va a estudiar la propuesta -al igual que declarar ZES a Cataluña por las dificultades para que arraigue la plantilla de la Policía- tras admitir que es necesario incentivar a los agentes. "Habla el ministro de adoptar medidas sociales en un principio y más adelante tomar medidas económicas cuando los presupuestos lo permitan", ha informado a sus afiliados.