La Policía Nacional está utilizando una de sus tanquetas blindadas en el dispositivo con el que se están reprimiendo las protestas violentas que están llevando a cabo piquetes violentos durante la huelga del sector del metal en Cádiz. Sindicatos policiales reclamaron el uso de este vehículo en las calles de Barcelona durante el otoño de 2019 por los graves altercados que provocaron radicales independentistas tras conocerse la sentencia del procés, pero entonces no se consideró necesario a pesar del asedio que llegaron a sufrir los antidisturbios en el centro de la capital catalana.

Vecinos de Puerto Real se han sorprendidos este lunes al ver circular por las calles del municipio el BMR (Blindado Medio sobre Ruedas) J-101 con matrícula CNP 8201 AV en el despliegue que desde hace una semana lleva a cabo la Policía por los cortes de carretera y barricadas con contenedores que se están registrando con motivo del paro indefinido que los trabajadores de las empresas auxiliares del sector metalúrgico secundan en la provincia de Cádiz -donde cuentan con factorías Acerinox, Airbus y Navantia, entre otras grandes compañías- desde hace una semana.

La tanqueta de la Policía Nacional a Cádiz, en un desfile.
La tanqueta de la Policía Nacional enviada a Cádiz, en un desfile.

Este BMR es uno de los vehículos blindados jubilados por el Ejército de Tierra y con el que la Dirección General de la Policía, una vez homologado, dotó a las Unidades de Intervención Policial (UIP) a finales de 2017 para su uso a la hora de disolver grandes concentraciones o retirar obstáculos de la calzada aprovechando la pala con que va equipado el frontal. Con una longitud de 6,15 metros y un peso de casi 15 toneladas y media, tiene capacidad para transportar en su interior a siete personas.

Sindicatos policiales pidieron sin éxito a Interior que autorizara el uso del camión lanzaagua y la tanqueta para frenar la violencia en Barcelona en 2019

La utilización de la tanqueta en Cádiz contrasta con la decisión adoptada por la Policía en Cataluña hace dos años, cuando el Ministerio del Interior no vio necesario que los antidisturbios de la Policía Nacional movilizados en refuerzo de los Mossos d'Esquadra recurrieran ni a este blindado ni al lanza-agua a pesar de la gravedad de los altercados. El conocido coloquialmente como 'camión botijo', que costó casi 350.000 euros, llegó a desplazarse desde el complejo de Moratalaz (Madrid) -sede de la I UIP- hasta las dependencias policiales de la Zona Franca de Barcelona. De allí salió semanas después para regresar a su base habitual.

La decisión de que no se emplearan estos recursos en el otoño caliente de 2019 fue duramente contestada por cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, SPP y UFP), que reclamaron sin éxito a Interior que diera la orden de utilizar estos vehículos pesados para frenar la violencia desatada contra los agentes en el centro de Barcelona "sin titubeos, sin matices y sin cálculos de conveniencia política". Esta demanda la formularon el 21 de octubre de 2019, tres días después de que varios antidisturbios resultaran gravemente heridos por el impacto de los adoquines que les arrojaron en la batalla campal de Urquinaona. Tres agentes -Iván A.F., Ángel H.S. y Álvaro G.B.- se han tenido que jubilar anticipadamente, después de que se les haya reconocido la invalidez permanente absoluta o total por la gravedad de las lesiones sufridas.

Los Mossos d’Esquadra sí sacaron a la calle aquel viernes por la noche su tanqueta de agua para abrir paso por la barcelonesa Vía Laietana a los vehículos policiales entre las barricadas que ocupaban la calzada. El ministro del Interior llegó a cifrar en más de 200 el número de agentes -tanto de policías nacionales como autonómicos- que habían resultado heridos tras varias jornadas ininterrumpidas de actos vandálicos en Cataluña. 

Antidisturbios de la Policía, ante contenedores y un suelo 'alfombrado' de adoquines el 18 de octubre de 2019 en Barcelona.

"Claro que se necesitaba el BMR en Barcelona. No podíamos acceder a determinados sitios con las furgonetas porque había contenedores y adoquines en el suelo. Nos pusieron a los pies de los caballos para que nos acribillaran a pedradas", declara a este diario un antidisturbios que participó en el dispositivo desplegado por los altercados registrados tras dictar el Tribunal Supremo la sentencia que condenaba a prisión a los líderes del procés.

Otras fuentes policiales consultadas por este diario, sin embargo, consideran poco operativo el empleo tanto del camión lanza-agua como del BMR en alteraciones del orden público debido a que se requiere que numerosos agentes vayan protegiéndolo a los lados por si se arrojaran cócteles molotov, lo que pondría riesgo a los funcionarios que van en el interior. El camión sí dispone de un sistema para apagar el fuego, pero no el BMR.

A raíz de una querella interpuesta por Justicia Policial (Jupol), el Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona investiga desde hace meses si el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y el Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, cometieron delitos contra la seguridad de los trabajadores por el dispositivo desplegado en octubre de 2019 en Cataluña. El sindicato entiende que se puso en riesgo a los agentes desplegados -entre otras cuestiones-por no autorizar el empleo de otros medios para repeler los ataques de los violentos, caso del camión lanza-agua.