Mide más de seis metros de largo, pesa 14 toneladas, puede alcanzar una velocidad de casi 100 kilómetros a la hora, tiene siete plazas más las dos de la tripulación y puede superar una pendiente de hasta el 60 % de inclinación. Ésta es la ficha técnica del BMR (Blindado Medio sobre Ruedas), la tanqueta utilizada por la Policía Nacional para responder estos días a los disturbios provocados en el marco de la huelga del metal en Cádiz y cuyo uso ha generado los últimos roces entre los socios de gobierno.

En septiembre de 2017, en vísperas del referéndum ilegal del 1-O, el Ministerio del Interior recibió dos unidades de este modelo fabricados por la compañía estatal Santa Bárbara y que habían sido dados de baja por el Ejército de Tierra. La Policía adaptó los vehículos a sus necesidades (se aligeró de peso, se retiró la ametralladora de 12,70 milímetros y se instaló una pala en el frontal para la retirada de obstáculos, entre otras modificaciones), los rematriculó, los pintó con el color corporativo del Cuerpo (azul), se adhirieron los escudos oficiales y los adscribió a la Unidad Central de las UIP -los 'antidisturbios'- para su uso en grandes concentraciones una vez lograda la homologación.

Entre otros operativos, la tanqueta formó parte de los recursos materiales utilizados en los dispositivos diseñados con motivo tanto de la disputa de la Final de la Copa Libertadores en el estadio Santiago Bernabéu en diciembre de 2018 -ganada por el River Plate a Boca Junior por 3-1- como de los partidos de la Eurocopa 2020 celebrados el pasado verano en el estadio sevillano de la Cartuja. Pero ha sido ahora con ocasión del despliegue policial que se lleva a cabo en la provincia de Cádiz desde hace ocho días cuando mayor repercusión ha tenido y el gran público ha tenido conocimiento de su existencia en la flota policial.

La vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz y el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Assens, han criticado que Interior haya enviado un BMR a Cádiz -concretamente el indicativo Alcántara- para repeler las protestas que los trabajadores del metal llevan a cabo en la calle en demanda de un nuevo convenio colectivo y han pedido su retirada. El Ejecutivo ha reiterado este martes que se utilizarán "en momentos puntuales de una situación de máxima tensión".

Los antidisturbios desplegados en Cádiz tienen la consigna de garantizar que los puentes puedan ser despejados a la mayor velocidad en caso de que se produzcan barricadas, misión para la que -aseguran- necesitan el BMR ante la dificultad de acceder con los furgones y lograr el restablecimiento del tráfico con celeridad. Este vehículo cuenta con una pala en el frontal que permite limpiar de obstáculos la calzada.

La Policía retiró al antiguo blindado militar la ametralladora y le incorporó una pala frontal para retirar obstáculos

Con un peso máximo autorizado en carretera de 14 toneladas, el 6X6 BMR tiene una longitud de 6,15 metros, una anchura de 2,5 y una altura de dos. Su inclinación lateral máxima es del 30 %, la pendiente máxima superable es del 60 % y su radio mínimo de giro es de siete metros y medio, pudiendo transportar en su interior a dos tripulantes y a siete pasajeros más.

Según se detalla en su ficha técnica, este tipo de blindado medio -de seis ruedas- puede alcanzar una velocidad máxima de 96 kilómetros a la hora y tiene una autonomía para recorrer 800 kilómetros, lo que le permitiría cubrir un trayecto superior al que separa Madrid y Cádiz sin necesidad de pasar por la gasolinera para repostar.

La incorporación de los antiguos vehículos militares para uso policial tuvo lugar en septiembre de 2017, durante la etapa de Juan Ignacio Zoido como ministro. Pero el proyecto se había gestado con Jorge Fernández Díaz como titular de Interior atendiendo las recomendaciones técnicas formuladas por Florentino Villabona, entonces comisario general de Seguridad Ciudadana y aupado luego por Zoido a la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

Camión lanza-agua

En el Cuerpo Nacional se consideraba necesario sustituir vehículos antiguos para reforzar la protección de los agentes que han de responder a disturbios en grandes concentraciones y se pensó en la reutilización de los blindados utilizados por el Ejército de Tierra. Esa necesidad justificó también la incorporación de un camión lanza-agua, comprado en junio de 2014 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las empresas Beit Alpha Tecnologies (BAT) y Quatripole Ingeniería SL por 348.480 euros (incluido el IVA).

Ambos modelos de vehículos han tenido escaso uso hasta ahora, a pesar de haber sido demandado por los sindicatos policiales para garantizar la seguridad de los agentes en situaciones de extrema complejidad. Ocurrió en octubre de 2019, cuando la Policía tuvo que responder a graves altercados provocados por radicales independentistas en las calles de Barcelona tras dictar el Tribunal Supremo la sentencia que condenó a los líderes del procés. Interior no atendió esta petición.