"¿Cuál va a ser la posición del PP? ¿Quizá la de la Comunidad de Madrid, que está más alineada con la posición de los partidos catalanes que por ejemplo con Andalucía o Galicia?". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió hace dos meses una caja de Pandora que no sólo tiene el PP, sino también el PSOE. La reforma del modelo de financiación autonómica propicia un choque de trenes al más alto nivel que trasciende a las siglas, y en el que comunidades de diferente signo han hecho frente común no contra el Gobierno, sino contra regiones de su mismo signo político. De hecho, algunas autonomías como la del valenciano Ximo Puig han hecho de la financiación autonómica uno de sus caballos de batalla política en una afrenta dirigida especialmente contra la Comunidad de Madrid, a la que acusa de dumping fiscal.

Mientras el PSOE libra también sus particulares batallas internas, en el PP se niegan a pactar con sus barones una posición unánime respecto a la reforma que plantea llevar a cabo el Ministerio de Hacienda con el visto bueno del primer partido de la oposición. Primero porque resultaría "contraproducente" al no tener información de parte del departamento de María Jesús Montero sobre cómo quiere "orientar" una reforma cuyo primer borrador debería estar listo antes de que finalice el mes de noviembre, de modo que "el Gobierno podría dar la vuelta a nuestra propuesta al día siguiente de presentarla". Y segundo porque abrir un debate encarnizado en el seno del PP en un momento especialmente delicado para el partido por la guerra abierta entre Génova y Ayuso no es precisamente un escenario deseado en estos momentos.

Los populares entienden que ha de ser la titular de Hacienda la que tome las riendas de la negociación sobre la reforma de la financiación autonómica y la que trace una "estrategia de Estado" para abordar un asunto especialmente sensible en el que "no existen los amigos", como recuerda en este caso un líder autonómico del PP. La premisa del primer partido de la oposición pasa por no abrir al partido en canal con un nuevo frente que, a su juicio, debería ser responsabilidad del Gobierno, quien además tampoco ha logrado sacar una posición común en las comunidades autónomas donde gobiernan los socialistas. Y piden a María Jesús Montero que su primer borrador aporte "soluciones reales" sin "privilegios a los nacionalistas" y con criterios pactados en el seno del Consejo de Política Financiera y Fiscal.

El debate sobre la financiación autonómica ha dejado al país dividido en, al menos, tres bloques diferenciados. Por un lado está el frente mediterráneo que compone el andaluz Juanma Moreno (PP); el murciano Fernando López Miras (PP); y el valenciano Ximo Puig (PSOE), quienes defienden que la reforma sobre el reparto autonómico dé más peso al criterio de la población al entender que el modelo actualmente vigente provoca una situación de "desventaja" respecto a otras regiones en el actual "contexto de reconstrucción". Los tres barones mantuvieron sendos encuentros bilaterales el pasado mes de septiembre, en los que acordaron presionar al Ejecutivo para abrir de una vez "el melón" de la financiación autonómica y tratarlo como un "problema de Estado".

En respuesta a la cumbre de presidentes 'mediterráneos', este martes se celebró otra cumbre de líderes autonómicos encabezada por Alberto Núñez Feijóo (PP) en la que se pactaron criterios opuestos a los que defienden sus compañeros de partido en otros puntos de España. Junto al gallego, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; el de Aragón, Javier Lambán; el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la de La Rioja, Concepción Andreu; y los barones de Asturias y Cantabria, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla. El denominado como 'Foro de Santiago' hará frente común para exigir al Gobierno que en el borrador se priorice la asignación de recursos en base a criterios como la dispersión de la población, la orografía o la baja densidad. En otras palabras: la incógnita que deberá despejar Sánchez es la de si decide priorizar a la España poblada o a la España despoblada en la financiación del Estado a las autonomías.

El tercer bloque de esta complicada ecuación lo completa Cataluña, Madrid y Baleares. Aunque en el caso de estas comunidades autónomas existe la coincidencia de priorizar el principio de originalidad en la ejecución de medidas de nivelación, no existe un frente común como tal, sino actuaciones más bien unilaterales con el Ejecutivo central que los presidentes del 'Foro de Santiago' han acordado frenar en el marco de una mayor "multilateralidad" en la negociación autonómica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desvinculado por completo de las reivindicaciones de unos y otros compañeros de partido y ha decidido seguir su propio rumbo.

En la Puerta del Sol recelan de que el modelo que pueda impulsar el Ejecutivo con el beneplácito de otros territorios -como Galicia y Castilla y León, que pujan a favor de la descentralización de nuevos organismos en territorios con menor densidad de población- pueda terminar perjudicando a la Comunidad de Madrid, "señalada" por otros territorios pese a estar "infrafinanciada" en comparación con su aportación al sistema de financiación autonómica. "Lo único que pido es que se tenga en cuenta que Madrid es la que más aporta a la casa común de todos", señaló Isabel Díaz Ayuso en TVE, en la víspera de la reunión del 'Foro de Santiago'. "No me gusta que se trate a Madrid como si fuera una región de ricos, como si aquí la gente no tuviera problemas. Los madrileños han sufrido mucho en los últimos meses", alegaba la dirigente, que promete una batalla particular a Sánchez si la reforma del actual modelo implica un "agravio" para la región que preside.

La falsa armonización no es otra cosa que subir los impuestos a los madrileños

ISABEL DÍAZ AYUSO

'No' a una reforma fiscal

La condición a la que se aferra la dirigente madrileña y que defiende también el resto del Partido Popular es la de no transigir con la idea que ya ha deslizado el Ministerio de Hacienda: vincular la reforma del sistema de financiación autonómica con una reforma fiscal que "dote de más recursos a las comunidades autónomas". La bajada de impuestos es una de las principales reivindicaciones y promesas programáticas del modelo de gestión que lidera Pablo Casado, por lo que el pacto naufragará si Montero plantea una subida impositiva o una armonización fiscal que hace tiempo que lleva planeando en el Palacio de la Moncloa y de la que con mayor fiereza se defiende Isabel Díaz Ayuso.

"La falsa armonización no es otra cosa que subir los impuestos a los madrileños (...) Sánchez quiere alterar de forma unilateral el régimen de financiación de las regiones, y eso es ilegal (...). Cualquier cambio en el modelo tienen que ser una decisión multilateral, y en el marco de la financiación autonómica", manifestó Ayuso a principios de semana, marcando el camino al PP nacional para oponerse a la hipotética propuesta del Ejecutivo central.