La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha negado que haya un "lío" con la implantación del pasaporte covid en las comunidades autónomas, ya que ha señalado que el Tribunal Supremo es el que sienta doctrina sobre esta cuestión cuando se recurren ciertas decisiones de los tribunales autonómicos.

"No creo que sea un lío. Lo que se acordó, y así está en las disposiciones legales, es que sea el Tribunal Supremo el que siente doctrina sobre esas cuestiones cuando se recurren", ha declarado a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados, informa Efe.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no ha autorizado la implantación del pasaporte covid para acceder a locales de ocio nocturno y restaurantes con comedores para más de 50 personas, pero el Gobierno autonómico ha descartado recurrir al Tribunal Supremo esta decisión.

Distintas órdenes en cada comunidad

Por ahora, el pasaporte covid se pide en Baleares, Cataluña y Galicia para acceder a determinados servicios como el ocio nocturno, aunque la Xunta lo requiere también para visitas a hospitales.

En Aragón, donde quieren exigirlo en los establecimientos de ocio nocturno y en los espectáculos públicos con grandes aforos, el Tribunal Superior de Justicia considera que esta medida podría incurrir en un "vicio de inconstitucionalidad", por lo que ha instado a la fiscalía y al Ejecutivo aragonés a presentar antes alegaciones.

En Andalucía abogan por requerir este documento en hospitales y residencias, aunque también esperará a lo que digan sus jueces. Y en Madrid, que emplaza a Sanidad a liderar la implementación de esta medida, apuestan por usarlo pero no como en otros países de Europa si no de forma más selectiva, como en la hostelería o determinados eventos.

El Gobierno de Navarra enviará el miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) para su ratificación judicial su aplicación entre el sábado 27 de noviembre y el jueves 6 de enero de 2022, ambos inclusive.

También La Rioja consultará esta misma semana a su Tribunal Superior antes de adoptar una decisión sobre el documento sanitario y pretende saber si es posible exigirlo y si supondrá una mejora en el índice de vacunación o para los establecimientos y, principalmente, para las personas.