El llamado "Foro Santiago. Camino de consenso", que reúne hoy en la capital gallega a ocho presidentes autonómicos -cinco del PSOE, dos del PP y uno del PRC- ha debatido eta mañana un borrador de una declaración institucional en el que se planteaba que la madrileña Isabel Díaz Ayuso, sin citarla explícitamente, asumiera las responsabilidades de sus anunciadas bajadas de impuestos.

Concretamente se citaba en el punto 41 de dicho borrador, ahora desaparecido, que "del mismo modo, apostamos por establecer mecanismos efectivos que garanticen que las Comunidades Autónomas asumen la plena responsabilidad de los incrementos y disminuciones de recaudación que sean consecuencia del ejercicio de su capacidad normativa".

Todo ello después de explicar que el nuevo modelo de financiación autonómica debe hacer "plenamente efectivo el principio de lealtad institucional y seguridad jurídica, de tal forma que en las decisiones de la Administración General del Estado que afecten a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios éstas deben poder ser compensadas por la totalidad de los efectos financieros que puedan producirse".

Dumping madrileño

No se hablaba explícitamente de "dumping" ni de "armonización fiscal", pero no son pocos los presidentes autonómicos, incluidos algunos populares, que creen que Madrid juega con ventaja respecto al resto del territorio nacional.

El gallego Alberto Núñez Feijóo, anfitrión de la cita; el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco; el castellanomanchego Emiliano García Page; el extremeño Guillermo Fernández Vara; el aragonés Javier Lambán: el asturiano Adrián Barbón, la riojana Concha Andreu, y el cántabro Miguel Ángel Revilla, representan al 62 por ciento del territorio nacional pero a poco más del 24 por ciento de la población total. Son el exponente de la llamada España vaciada o despoblada, también de la dispersa, con unas necesidades muy distintas a la del resto de Comunidades que como Madrid, Andalucía, Valencia o Murcia tienen a su población reunida en torno a núcleos urbanos más amplios.

Piden los reunidos en este foro transversal, superador de siglas y de partidos, "una evaluación de la situación actual y futura de los mecanismos
extraordinarios de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas, bajo la premisa de que las medidas que se adopten deberán respetar una igualdad de trato entre todas las Comunidades Autónomas y no generar ningún perjuicio financiero" a ninguna de ellas.

Exigen igualdad de trato sin perjuicios financieros

En la misma línea, "defendemos que el reparto de los Fondos Next Generation se haga de forma equitativa y con criterios estables y objetivos" y solicitan que no compita la asignación de recursos de la política de cohesión con el reparto de los fondos de recuperación, de modo que se asegure la complementariedad y un uso óptimo de los recursos en los territorios con importantes desventajas demográficas.

Lo cierto es que los presidentes autonómicos socialistas no quieren que esta cita se interprete en clave de enfrentamiento con el Gobierno central mientras que los dos populares tampoco desean confrontar con otros barones, o baronesas, de su partido. Esto ha llevado a un equilibrio complicado en la elaboración de una declaración sujeta a cambios.

Era el caso del siguiente enunciado: "Ponemos de relieve la trascendencia de este debate, ya que afecta a la principal vía de ingresos de las comunidades. Por ello, reivindicamos que el nuevo sistema sólo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas" dice el texto, que agrega, "quedando al margen por tanto de los legítimos espacios bilaterales entre el Gobierno central y cada Comunidad", expresión última "enmendada" por los populares.