El gobierno catalán no tiene ninguna intención de cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ratificada ayer por el Tribunal Supremo, que establece la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de las materias en castellano en la educación obligatoria. Lo dejó claro ayer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y lo ha confirmado hoy el consejero de Educación, Josep González-Cambray, con una misiva dirigida a los maestros catalanes en la que los conmina a no acatar la sentencia.

Una negativa en la que el presidente catalán ha exigido hoy el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez. "Exigimos al Gobierno una clara defensa de un modelo que ha sido de éxito durante años", ha defendido Aragonès en una comparecencia en Palma de Mallorca junto a la presidenta balear, Francina Armengol. "Lo que tenemos que hacer es incrementar el uso del catalán en las escuelas y reforzar el aprendizaje, ir en sentido contrario de lo que dice la sentencia" ha añadido.

Aragonès ha defendido que el Ministerio de Educación "expresó su disconformidad con lo que preveía la sentencia ratificada por el TS", en comunicaciones a la Unión Europea. "Exigimos al Gobierno que exprese de forma clara su apoyo al modelo lingüístico actual en las escuelas. Es imprescindible". El republicano ha recordado que "hemos avanzado en otros ámbitos" en referencia a las cuotas de catalán para las plataformas audiovisuales, y ha advertido: "no puede ser que el Gobierno sea ahora cómplice en este retroceso".

En este contexto, el presidente catalán ha asegurado que "no delegaremos la responsabilidad en los centros educativos" a la hora de oponerse al acatamiento de la sentencia. Una desobediencia que el consejero de Educación ya ha reclamado a los responsables de los centros educativos.

Carta a los profesores

"Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora" afirma la carta del consejero a los maestros, a los que agradece su "dedicación". La misiva llega después de que el president asegurara ayer, tras conocerse la decisión del Supremo, que "el catalán en la escuela no se toca" y que su Govern amparará a los colegios catalanes para no aplicar la sentencia.

Lo hizo tras reunir a una treintena de entidades de defensa del catalán, con Òmnium y Plataforma por la Lengua a la cabeza, para expresar su rechazo a la decisión judicial y dejar claro que no piensan cumplirla. La reunión de urgencia se convocó en el Palau de la Generalitat para escenificar el rechazo a la decisión judicial, anunciada por el propio González-Cambray poco antes.

"No estamos ante conflicto social sino ante la acción de los tribunales, que toman decisiones desconociendo lo que pasa en los colegios" defendió González-Cambray. El consejero insiste en que desde 2005 "solo 80 familias han pedido escolarización en castellano en un sistema con 1,5 millones de alumnos. Que sea un juez el que determine de forma arbitraria de horas necesarias para aprender una lengua es una anomalía y representa un desprecio a nuestras normas".

Amparados en la Ley Celaá

En este contexto, ni Aragonès ni González-Cambray ocultan que su esperanza, ahora, es que el Gobierno de Pedro Sánchez obvie la ejecución de la sentencia. Una esperanza que han verbalizado el consejero y secretario general de Política Lingüística d, Francesc Xavier Vila. "Hemos hablado con la ministra" de Educación, Pilar Alegría, "y nos trasladan que el Gobierno hará cumplir la Ley Celaá".

La Asociación por la Escuela Bilingüe (AEB) -una de las entidades que más ha batallado por hacer efectivas estas sentencias- ha advertido sin embargo que no permitirán que la decisión del Supremo quede sin efecto. Recuerdan desde la AEB que "la legitimidad para solicitar el cumplimiento de la sentencia es de otros los afectados" y dejan claro que no se limitarán a esperar la actuación de la Abogacía del Estado.

Desde el Govern se escudan en que la sentencia del TSJC responde a un recurso del ministerio de Educación de 2015 basada en la Ley Wert, superada por la reforma aprobada por el Gobierno con la Lomloe. ERC forzó la introducción de una enmienda en ese texto para que se excluyera el reconocimiento explícito del castellano como lengua vehicular, y a esa reforma se acogen ahora desde la Generalitat para argumenta que la sentencia del 25% del castellano ha quedado superada por la Ley Celaá.

Los independentistas cuentan en esta batalla con el apoyo de los Comunes, que ya se han manifestado también en contra de la decisión judicial. El portavoz de CatEC, Joan Mena, ha asegurado este miércoles que su formación "está hablando con el Ministerio para que no se exija la ejecución de la sentencia". Mena hacía estas afirmaciones recordando que "formamos parte del Gobierno" como confluencia de Podemos.

Illa defiende la sentencia

Pero los socialistas no comparten esa postura. El líder del PSC, Salvador Illa, ha recordado a la Generalitat que "hay que respetar las sentencias" judiciales. Lo ha hecho defendiendo el modelo de inmersión lingüística que impera en la escuela catalana, pero reclamando al Govern "flexibilidad" para aplicarlo.

Las palabras de Illa no convencen a Cs y PP, que temen que el Gobierno se pliegue a las exigencias de la Generalitat y obvie la ejecución de la sentencia. Una desconfianza que comparten las entidades constitucionalistas que están en el origen de las sentencias del TSJC exigiendo que se cumpla ese mínimo del 25% de materias en castellano.