El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) no tiene constancia de que el Ministerio del Interior haya cumplido 16 de las 42 reclamaciones que diversos ciudadanos interpusieron contra el departamento que dirige Grande-Marlaska y que fueron estimadas durante los diez primeros meses del año, lo que equivale al 38 % del total.

La autoridad independiente encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que tienen las entidades públicas ha actualizado el grado de cumplimiento en el que se encuentran las resoluciones que ha emitido entre el 16 de abril y el 27 de octubre, tanto las correspondientes a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas con las que tiene convenio.

En el caso de los ministerios, el CTBG ha resuelto en el citado periodo 234 expedientes, ejecutándose sus pronunciamientos en 189 ocasiones (80,8 %). En total se registran 33 incumplimientos (14,1 %), siete se encuentran "en tramitación" y las cinco restantes han sido recurridas ante el orden contencioso-administrativo al no estar de acuerdo el organismo concernido con el sentido de la resolución.

Con diferencia, Interior es el departamento que más ignora las resoluciones de Transparencia. De las 33 estimadas que no se habían cumplido a finales de octubre, 16 corresponden a reclamaciones que se habían dirigido contra el ministerio de Grande-Marlaska por responder con silencio negativo, invocar algún límite de acceso que no concurría o contestar de forma parcial.

La mayor parte de las resoluciones no materializadas por Interior tienen que ver con la cuestión migratoria. Así, el ministerio se ha negado a facilitar datos sobre entradas irregulares de menores extranjeros acompañados y no acompañados; el número de inmigrantes por nacionalidad, edad y sexo; las deportaciones llevadas a cabo; el número de personas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2020 o el servicio de interpretación y traducción de lenguas disponible en Canarias, entre otros extremos.

El sueldo de 'Lenin', liberaciones sindicales...

Otras reclamaciones amparadas por Transparencia y desoídas por este departamento buscaban conocer el número de policías que gozan de exención del servicio por labores sindicales, la productividad repartida entre los funcionarios de Información o la retribución percibida el pasado año por José Antonio Rodríguez -conocido como Lenin- en su condición de director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, reconvertida este año en dirección general tras alcanzar éste la edad de jubilación y no poder seguir en activo como comisario de policía.

De acuerdo con la información que difunde el CTBG en su web, Interior ha interpuesto un contencioso-administrativo para combatir una de sus resoluciones, concretamente la resuelta el pasado 26 de julio en relación con la reclamación que había formulada una persona tras denegársele la documentación correspondiente a un informe de inspección tras la denuncia presentada contra el director de un centro penitenciario.

Tras el ministerio que gestiona la seguridad ciudadana, el tráfico y las prisiones se situó la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno como el segundo órgano que más resoluciones de Transparencia desoyó: seis. En este ámbito, las cuestiones que no han obtenido respuesta a pesar de no existir obstáculo alguno son relativas al personal eventual en plantilla, los test de detección de la covid-19 realizadas a los ministros y al personal de La Moncloa, la información enviada a la Comisión Europea en relación con las reformas laboral y de pensiones, los despachos mantenidos por el jefe del Ejecutivo con el rey y el coste y expediente de la campaña publicitaria 'Este virus lo paramos unidos'.

De las 60 resoluciones estimadas por Transparencia entre abril y octubre, la Comunidad de Madrid no ha cumplido 31

La relación de resoluciones a las que el Gobierno no ha dado cumplimiento se completa con las cuatro de Hacienda y Función Pública; las dos de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y las de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Industria, Turismo y Comercio; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social, y Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el caso de las administraciones territoriales con las que tiene convenio, el Consejo de Transparencia estimó entre abril y octubre 240 resoluciones, de las que no le consta que se haya cumplido una cuarta parte (60). Sí se ejecutaron 162, mientras que 18 figuran "en tramitación".

Más de la mitad de las no cumplidas (concretamente 31) corresponden a Madrid, que ya cuenta con su propio órgano en materia de transparencia. Algunas de esas peticiones giraban en torno a documentación relacionada con la gestión de la pandemia. También se solicitaban informes técnicos y jurídicos sobre expedientes urbanísticos, el detalle de las partidas de gastos en centros escolares o el presupuesto destinado a espectáculos con bóvidos en varios ejercicios, entre otros asuntos.

Tras Madrid fue Castilla-La Mancha, con ocho, la segunda comunidad con más resoluciones incumplidas en el periodo que abarcan los datos. Por detrás se situaron Extremadura (6), Asturias (5), la ciudad autónoma de Melilla (4) y Cantabria y La Rioja con tres cada una.