Frente al 155 educativo que el líder del PP, Pablo Casado, quiere aplicar a la Generalitat para que dé cumplimiento a la sentencia del TSJ de Cataluña, que obliga a impartir un 25 por ciento de la materia escolar en castellano, el Gobierno central se lo toma con mucha más calma. Está convencido de que el ejecutivo catalán "no se va a arriesgar a hacer otro Puigdemont", en alusión a la ilegal declaración unilateral de independencia de octubre de 2017 que acabó con él fugado y buena parte del govern condenado por el Supremo. Y para ello, apuntan a que la solución, "es muy sencilla, bastaría con que se impartiera una asignatura troncal más en castellano", explicaron fuentes del Ministerio de Educación a El Independiente.

La ministra de este departamento, Pilar Alegría, habló el martes y miércoles con el consejero de educación catalán, Josep Gonzàlez-Cambray, de ERC, y la versión oficial desde el Gobierno es que "no tenemos ninguna duda de que las administraciones del Estado cumplen las sentencias" -a pesar de los antecedentes que hay en sentido contrario- y que una cosa son las declaraciones periodísticas y otra el hecho de que "la desobediencia de una sentencia implica la apertura de un proceso penal".

Educación desmiente que la Ley Celáa impida el 25 por ciento de la enseñanza en castellano

Además, frente al argumento de los independentistas en el sentido de que la Ley Celáa exime de ese 25 por ciento de castellano en las escuelas, Educación lo desmiente. Si bien se eliminó del nuevo texto legal la palabra "lengua vehicular", que sí recogía la ley Wert, la actual, en su disposición adicional 38 señala que al final de la educación básica, todos los alumnos "deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente".

Además, tanto la materia Lengua Castellana y Literatura como la Lengua Cooficial y Literatura "deberán impartirse en las lenguas correspondientes". Pero en nada impide que haya otra asignatura que se imparta en castellano para asegurar el 25 por ciento que marca la sentencia.

En primer lugar, aducen, es el TSJ de Cataluña el que debe pedir la ejecución de la sentencia a la Generalitat y si pasados dos meses no hay respuesta, podrían solicitarlo las partes, esto es, los padres que recurrieron para exigir la enseñanza en castellano para sus hijos y la abogacía del Estado.

"El Gobierno no tiene que pedir la ejecución de la sentencia", subrayan los medios consultados. No quieren adelantar acontecimientos respecto a si activarán a la abogacía ante esta patata caliente que puede envenenar las relaciones entre ambos ejecutivos y que tiene una fuerte carga simbólica para el independentismo. Prefieren que sea la justicia la que se asegure el cumplimiento de su sentencia y la Generalitat la que asuma que no tiene otra vía más que esa.

Aún en caso de que la Generalitat cumpla la sentencia, no se aplicará hasta el curso que viene

Pero aún en el caso de que el gobierno catalán acabe cediendo ante la justicia, no es previsible que el 25 por ciento de clases en castellano se pueda aplicar antes de que termine el actual curso. Gonzàlez-Cambray ha remitido una carta a los centros educativos públicos en la que pide a sus directores que “sigáis trabajando exactamente como hasta ahora".

Desde la Generalitat, el presidente Pere Aragonès ha sido contundente a la hora de “exigir” el apoyo del Gobierno en defensa de la inmersión lingüística. Es decir, de la no aplicación de la sentencia del TSJC. Precisamente, la Generalitat confía para ello en que el Gobierno omita el cumplimiento de la sentencia, que es fruto de un recurso de la Abogacía del Estado, amparándose en la reforma de la Ley de educación aprobada hace un año, que no explicita el carácter vehicular del castellano en las comunidades con lengua propia.

Pero el Govern sabe que no será una batalla fácil y ya ha empezado a movilizar resortes para garantizarse ese apoyo. El primero, con los comunes, que este jueves han participado junto a ERC, JxCat y la CUP en un encuentro convocado por la Consejería de Educación para debatir cómo sortear la sentencia del 25 por ciento. Un encuentro al que también fue convocado el PSC, según la Consejería porque se invitó a los partidos favorables a la inmersión lingüística. Los socialistas catalanes, sin embargo, se han desmarcado de la iniciativa, afeando al ejecutivo catalán que no convocara a todas las fuerzas presentes en el Parlament. "El catalán se defiende con consenso, hablando con todos" apuntan desde el PSC.

Al Consejo de Europa

Paralelamente, la consejera de Exteriores, Victoria Alsina, anunciaba que el Govern llevará esta decisión judicial ante el Consejo de Europa. El ejecutivo catalán argumenta que la decisión del TSJC supone un incumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, ratificado por España. Para Alsina se trata de un "golpe del Tribunal Supremo al modelo de inmersión lingüística".