Jusapol, la asociación que ha convocado la manifestación de este sábado en Madrid en protesta por el proyecto de reforma de la conocida como Ley mordaza, espera congregar al menos a 75.000 personas para forzar a los partidos que sustentan el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) a dar marcha atrás y a sentarse a dialogar la modificación de la norma. Los organizadores han contratado más de medio centenar de autobuses que llegarán desde distintos puntos del país, por lo que no dudan de que será una de las movilizaciones con más respaldo de los últimos años en España.

"Esperamos que nos escuchen, que tengan en cuenta las opiniones de los expertos en materia de seguridad, porque [si se cambia la ley en los términos acordados] puede generar problemas de operatividad policial y situaciones comprometidas para la ciudadanía. Que nos hagan caso. La reforma sí es necesaria; hay margen para llegar a un entendimiento entre todas las partes", declara a este diario el presidente en funciones de Jusapol, Miguel Ángel Gómez, que confía en que muchos ciudadanos se sumen y secunden la protesta.

La concentración partirá a las once y media de la mañana de la Puerta del Sol y concluirá varias horas después a las puertas del Ministerio del Interior, donde el periodista Albert Castillón leerá un manifiesto. La marcha irá encabezada por una doble pancarta -sin logos de ningún sindicato policial ni asociación profesional de la Guardia Civil- con las leyendas 'No a esta reforma. No a la inseguridad ciudadana' y 'Policías unidos en contra de esta reforma'.

"Consideramos un éxito que hayamos podido unir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una reivindicación común. Nos hemos subido todos al carro, hemos puesto a los compañeros por encima de las siglas y estamos contentos por este ejercicio de responsabilidad y por haber generado la unión policial para el tema de la ley", añade Gómez.

Convocada por Jusapol, la plataforma constituida en 2017 para reclamar la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con los Mossos d'Esquadra, la manifestación cuenta con la adhesión de la mayoría de organizaciones profesionales que defienden los intereses de guardias civiles y policías nacionales, autonómicos y locales.

Respaldo de PP, Vox y Cs

Esta movilización se desarrollará tres días después de las concentraciones secundadas ante las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno por miles de policías y guardias civiles en respuesta al llamamiento de la plataforma 'No a la España insegura' y previsiblemente no será la última. Ya preparan una protesta a las puertas del Congreso de los Diputados el próximo 14 de diciembre, cuando está previsto que se fije el calendario para sacar adelante la modificación de la ley.

La convocatoria de este sábado será respaldada también por los tres partidos de centro-derecha, que suman 149 de los 350 escaños que integran la Cámara Baja. El PP estará representado -entre otros dirigentes y cargos destacados- por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. No acudirá finalmente Pablo Casado, que estará en la jornada de 'convivencia' con los presidentes provinciales que la formación celebra en León.

Policías y guardias civiles estudian ya concentrarse ante el Congreso el 14-D, el día que se fijará el calendario para modificar la norma

De Vox se espera la presencia del presidente y el secretario general, Santiago Abascal y Javier Ortega-Smith -respectivamente- y de la portavoz adjunta en el Congreso, Macarena Olona. De Ciudadanos se da por segura la presencia de la presidenta, Inés Arrimadas; el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, y el diputado Miguel Gutiérrez. Ningún político estará en primera fila, apuntan desde la organización.

Los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado consideran que la entrada en vigor de la ley en los términos que plantean las enmiendas pactadas por PSOE y Unidas Podemos para modificar la ley -un compromiso incluido en el "acuerdo de coalición progresista" que Pedro Sánchez firmó con Pablo Iglesias la víspera de la Nochevieja de 2019 y que posibilitó la formación del actual Gobierno- propiciaría una "desprotección" para el policía en su trabajo diario y "beneficiaría a los violentos".

Entre los aspectos más criticados figura la limitación del uso de material antidisturbios para disolver concentraciones. Las enmiendas acordadas por ambas formaciones no prohíben de forma expresa la utilización de las pelotas de goma, pero sí obligarían a los agentes a recurrir a los medios "menos lesivos" para evitar "lesiones irreparables".

Manifestaciones espontáneas

También advierten de que la posibilidad de que se puedan desarrollar manifestaciones espontáneas -sin la comunicación previa que fija la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión- dificultaría la labor policial al no poder planificarse de manera adecuada los dispositivos operativos, al tiempo que interpretan que se les pone al mismo nivel que al supuesto "delincuente" al señalarse expresamente que el acta que levante el agente sólo gozará de presunción de veracidad si los hechos relatados resultan "coherentes, lógicos y razonables".

De igual forma, el colectivo de la seguridad pública rechaza que se reduzca el tiempo para llevar a cabo la identificación de una persona indocumentada de seis a dos horas y denuncia que se les pondría "en riesgo" -a ellos y a sus familias- si se retirara la prohibición de grabación de imágenes de los agentes en el desarrollo de su labor.

La enmienda pactada por los dos grupos plantea que "no es infracción" la toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones o su "mera difusión". Pero el uso de imágenes o datos personales de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar» seguiría considerándose una infracción grave. En relación con la redacción actual, contenida en el artículo 36, se cambia la expresión "pueda poner en peligro" por "cuando genere un peligro cierto".