Policías y guardias civiles consideran que el "éxito" de la manifestación secundada este sábado en Madrid debe llevar al Gobierno a "sentarse a negociar" la reforma de la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana en vez de tratar de sacar adelante el cambio normativo sin contar con la opinión de sindicatos y asociaciones profesionales.

Una riada de personas -20.000 según la Delegación del Gobierno, más de 150.000 según los organizadores- ha mostrado en la calle su rechazo al proyecto que los dos partidos que sostienen el Ejecutivo (PSOE y Unidas Podemos) han pactado para derogar la conocida como Ley mordaza, en vigor desde 2015. La marcha ha contado con la presencia de los líderes de PP, Vox y Ciudadanos, que de forma expresa han querido hacer visible su oposición a la derogación.

"Hoy hemos salido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los ciudadanos nos han mostrado el apoyo con un grito al unísono: 'No a esta reforma'. Esperemos que el Gobierno, y en particular el ministro del Interior, abra los oídos y escuche a la ciudadanía y a los garantes de la seguridad, que somos los que operamos todos los días con esta ley. Una reforma sí es necesaria, pero no ésta. Lo único que pedimos es que nos protejan y protejan a los ciudadanos", declara Miguel Ángel Gómez, presidente de Jusapol.

La asociación constituida en 2017 para reivindicar la equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza ha sido la convocante de esta movilización, respaldada por la mayoría de las organizaciones que defienden los intereses profesionales de guardias civiles y policías nacionales, autonómicos y locales.

"El ministro del Interior se habrá dado cuenta de que, antes de iniciar una reforma de una ley que afecta a todos los policías de España, lo que tiene que hacer es sentarse con nosotros y debatir las cosas que nos afectan directamente", resalta el secretario general de Justicia Policial (Jupol). En esta línea incide Pablo Pérez, portavoz de este sindicato: "Después del éxito de la manifestación, el Gobierno tendría que contar con su policía para hacer esta reforma. Ha quedado totalmente demostrado que ni los policías ni la ciudadanía están de acuerdo, así que le instamos a que nos tengan en cuenta y cuenten con nosotros".

"Sin aval"

Ese llamamiento al diálogo antes de que el proyecto salga del Congreso de los
Diputados camino del Senado lo realizan también desde la Confederación Española de Policía (CEP), que critica que PSOE y Unidas pretendan sacar adelante la reforma de la Ley de seguridad ciudadana "sin el aval" de los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni contar con informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"El Gobierno debería ver que está cometiendo un error y sentarse a negociar cualquier modificación con los actores y con la ciudadanía, que es la que va a recibir la atención de los policías y guardias civiles bajo el amparo de esta ley", opina el portavoz de la CEP, David Pola.

De espaldas a estas invocaciones, los socios de gobierno no transmiten ninguna señal de reconsiderar el tenor de las enmiendas que han soliviantado al colectivo de la seguridad pública en España. El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha defendido este sábado que la reforma planteada está destinada a "corregir" aspectos del texto actual que dificultan los derechos de manifestación y reunión, rechazando que suponga una limitación a "las competencias" de los agentes a la hora de "garantizar los derechos de los ciudadanos".

Santiago ha recordado que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha reclamado a España una reforma de la Ley de seguridad ciudadana que "debe ir acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos dado su potencial represivo", al tiempo que ha anunciado que su formación denunciará ante la citada comisión la actitud de los partidos de centroderecha (PP, Cs y Vox) y de las organizaciones policiales de oposición a la recomendación efectuada por el citado organismo consultivo del Consejo de Europa.

Unidas Podemos critica a las organizaciones policiales por haber "entrado en el juego de la ultraderecha"

El líder comunista ha criticado que los sindicatos y asociaciones profesionales hayan "entrado en el juego de la derecha y la ultraderecha para desgastar al Gobierno", y ha censurado que policías y guardias civiles apoyen los "recortes a los derechos fundamentales de los ciudadanos, la limitación del derecho de reunión o manifestación o que se suprima la presunción de inocencia" cuando su función es "servir y proteger" a la ciudadanía.

"Nos están desarmando tanto material como jurídicamente. Es como si alguien desde la Administración hubiese dado una hoja en blanco a los antisistema, a los violentos y les hubiera dicho: 'Pon lo que quieras que lo sacaremos adelante'. Nos va a abocar a un sendero de incertidumbre y la calle va a ser la principal perjudicada. Los ciudadanos van a perder libertad de movimientos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no podrán reaccionar de antemano a las provocaciones y los actos violentos", considera el portavoz de Jucil, Agustín Leal.

14-D: próxima protesta

El representante de la asociación mayoritaria en la Guardia Civil invita a la ciudadanía a que se sume a las protestas -iniciadas el pasado miércoles con concentraciones a las puertas de todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno convocadas por la plataforma 'No a la España insegura’- y anuncia que se llevarán a cabo más movilizaciones si los partidos que sustentan el Gobierno continúa adelante con la tramitación parlamentaria. "Seguiremos con las demandas y las protestas para denunciar este despropósito y esta irresponsabilidad de la Administración", anticipa Leal.

En concreto, las organizaciones estudian ya convocar una concentración ante el Congreso de los Diputados el próximo 14 de diciembre, fecha en que está previsto que se fije el calendario para sacar adelante la modificación de la ley. Este cambio normativo es un compromiso incluido en el "acuerdo de coalición progresista" que Pedro Sánchez firmó con Pablo Iglesias la víspera de la Nochevieja de 2019 y que se ha visto retrasado por la declaración de la pandemia.