La Fiscalía de Madrid ha pedido el archivo de la causa en la que se investiga si el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y la subdirectora general de Recursos Humanos Pilar Allué cometieron un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo a cuenta de la gestión de la pandemia al considerar "acreditada" tanto la compra de material de protección al inicio de la expansión de la covid-19 como la "efectiva entrega" a los agentes.

Los hechos tienen su origen en la querella que interpuso en 2020 el sindicato Justicia Policial (Jupol) -mayoritario en el Cuerpo Nacional- y que recayó en el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid. Este órgano inadmitió inicialmente la denuncia, pero la Audiencia de Madrid estimó parcialmente el recurso de la organización y le ordenó que investigara los hechos relatados al apreciar indicios de que los agentes pudieron estar desempeñando sus funciones al inicio de la pandemia sin las medidas de protección adecuadas (como mascarillas y guantes).

La querella de Jupol alcanzaba por supuesta prevaricación a otros altos cargos, entre ellos el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; la directora general de Salud Pública, Calidad de Innovación, Pilar Aparicio, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Esa acusación ya quedó descartada.

El Ministerio Público considera que de las diligencias practicadas no se desprende la comisión del delito imputado tanto a Pardo Piqueras como a Pilar Allué -hoy destinada como consejera de Interior en la Embajada de España en Roma (Italia)- y pide al instructor el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La Fiscalía basa en gran medida su decisión de dar carpetazo al procedimiento en el escrito que el 24 de enero de 2020 firmó el entonces jefe Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, el facultativo José Antonio Nieto (hoy ya jubilado), recomendando que los funcionarios que ejercían su trabajo en aeropuertos con vuelos con China utilizaran mascarillas y guantes de nitrilo. Según el Ministerio Público, ello "derivó en la adopción por parte de los investigados de medidas de protección para garantizar la seguridad en el trabajo de los agentes policiales con la entrega de existencias y numerosa compra de material y posterior realización de protocolos de actuación".

La Fiscalía resalta que el facultativo, cesado la víspera de la declaración del primer estado de alarma, "se anticipó a las autoridades sanitarias"

El 13 de marzo de 2020, en víspera de que el Gobierno declarara el estado de alarma para intentar contener la propagación del virus, José Antonio Nieto fue destituido de forma fulminante por una supuesta "falta de lealtad", al reenviar por correo electrónico a los técnicos de Riesgos Laborales del Cuerpo un documento con instrucciones -recibido de su jefe superior- que no había sido firmado aún por el director general de la Policía. Al facultativo le quedaban tan sólo tres meses para jubilarse tras 36 años de servicio.

La Fiscalía resalta la "importancia" de que todas las personas que han declarado en la causa coincidan en la "relevancia" del informe de Nieto, "lo que demuestra que ya desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional se anticiparon a las eventuales consecuencias de la covid-19,  protegiendo a los agentes con las existencias de EPI [Equipos de Protección Individual] existentes".

Este argumento rebate el reproche que formulaba Jupol en su querella, al mantener que no se adoptaron medidas para contener la propagación del virus y que "miles de agentes" desempeñaron sus funciones "sin medios de protección, sin protocolos de actuación o con protocolos contradictorios". Según el sindicato, "cientos" de solicitudes de material de protección de elevadas por los agentes a sus superiores "fueron desatendidas", al tiempo que llamó la atención sobre el hecho de que funcionarios sospechosos de haberse infectado "se reincorporaban sin haberles realizado la prueba o test con resultado negativo de coronavirus".

Ni dolo ni imprudencia grave

"Aun aceptándose la veracidad de dichos reproches, en absoluto se aporta el más mínimo elemento que permita considerar que el sujeto legalmente obligado pudo hacer algo diferente a lo que hizo, ni mucho menos que tuvo la posibilidad de proporcionar a los policías equipos de protección adecuados en número y por su propia voluntad no se los facilitaron. De ahí que no puede apreciarse que su conducta o sus omisiones estén embebidas del necesario dolo o imprudencia grave", concluye la Fiscalía.

El Ministerio Público considera que no hay dudas de que el Cuerpo Nacional compró material de protección antes de que el Gobierno declarara el primer estado de alarma para contener la propagación del virus y que lo repartió a su plantilla, con los que compartió los "numerosos protocolos efectuados a raíz del citado informe" de José Antonio Nieto.

"Y todo gracias al 'valioso' trabajo del jefe de Prevención de Riesgos laborales, que se anticipó incluso a las autoridades sanitarias de España, advirtiendo del riesgo grave que suponía la covid-19 sobre todo para el desarrollo de trabajos en puestos fronterizos, interesando a sus superiores de la necesidad de entregar mascarillas FFP2 y guantes a los agentes, hecho que motivó que así se hiciera", destaca.

El fiscal no pasa por alto el "esfuerzo" realizado por los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer cumplir las restricciones acordadas por las autoridades sanitarias para contener la propagación del virus y que son un "pilar fundamental" en la lucha contra la pandemia, si bien no pasa por algo que la situación que se vivió a principios del pasado año fue "excepcional" motivada por una "crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud".

El procedimiento que tramita el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid es uno de los dos en los que el director general de la Policía tiene la condición procesal de investigado. Pardo Piqueras está imputado en otra causa en la que se dilucida si, junto con el número dos del Cuerpo (José Ángel González), cometió un delito contra la seguridad de los trabajadores por el dispositivo desplegado en octubre de 2019 en Cataluña para repeler los graves disturbios provocados por radicales independentistas tras dictarse la sentencia del procés.