Madrid, Cataluña y el País Vasco no se plantean en este momento solicitar ayuda al Ministerio de Defensa para rastrear contactos de personas contagiadas por covid-19 pese al incremento de la incidencia y la incertidumbre que a las puertas de las navidades genera la variante ómicron, secuenciada inicialmente en Sudáfrica y de la que ya se han confirmado al menos cuatro casos en España.

En el marco de la bautizada como Misión Baluarte, en marcha desde el 30 de septiembre de 2020, el departamento que dirige Margarita Robles viene apoyando con rastreadores militares -expresamente formados para estas labores concretas- a las comunidades autónomas que lo han solicitado para identificar posibles contagios y evitar la propagación del virus. El despliegue se ha ido acompasando con la evolución de la pandemia, alcanzándose una cifra de 2.000 en los momentos de mayor impacto.

En las últimas semanas, seis gobiernos autonómicos -de ellos cinco gobernados por el PSOE- han pedido reforzar el número de rastreadores militares a la vista del incremento de positivos que se ha venido constatando. Son los casos de Asturias (30), Baleares (30), Cantabria (30), Aragón (20), Canarias (12) y Navarra (12). El despliegue está integrado actualmente por "más de 500" profesionales de las Fuerzas Armadas, según ha confirmado el Ministerio de Defensa.

A excepción de Navarra, las otras cinco regiones ya contaban con profesionales de las Fuerzas Armadas para el rastreo de casos. En concreto, según los datos facilitados por el Gobierno al grupo del PP en el Senado referidos al 17 de septiembre de 2021, Aragón tenía 22; Asturias, 30; Baleares, 45; Canarias, 34 y Cantabria, 73. Completaban la relación Andalucía (210), Castilla-La Mancha (120), Castilla y León (150), Extremadura (22), Galicia (100) y La Rioja (26), lo que totalizaba 802 militares. La dotación fue disminuyendo al descender de forma notable la incidencia durante el inicio del otoño.

Este recurso que brinda el Gobierno de Pedro Sánchez no lo consideran necesario en estos momentos al menos seis comunidades. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que dice contar con 950 rastreadores propios y no va a solicitar "ninguno", según las fuentes consultadas por este diario.

Extremadura, Murcia y Valencia tampoco han pedido ayuda ahora, pero dejan la puerta abierta por si fuera necesario

A finales del pasado año, antes de que se iniciara el proceso de vacunación, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sí pidió ayuda a Defensa: 150 rastreadores. La ministra Margarita Robles se mostró sorprendida entonces por el hecho de que la Comunidad de Madrid pidiera menos efectivos que otras provincias con mucha menos población -caso de Castellón de la Plana- pese a existir recursos suficientes.

No ha habido tampoco petición ni por parte del Gobierno vasco ni del Ejecutivo catalán, según han trasladado a este periódico. Ambas autonomías utilizan sus propios recursos para rastrear los posibles contagios, como ya ocurrió durante la fase aguda de la pandemia. La ayuda del Ejército en ambas comunidades se ha limitado, en la primera ola, a la desinfección de residencias e infraestructuras públicas.

Madrid, Cataluña y Euskadi no son las únicas. Tampoco lo han requerido ahora la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, las dos primeras con gobiernos socialistas y la última regida por el PP. "En estos momentos no contamos con su colaboración, ya que tenemos personal que realiza esas labores de rastreo", explican desde el Ejecutivo que preside Ximo Puig.

"Ahora no están colaborando militares en el rastreo de los casos, pero sabemos que, si los necesitáramos estarán disponibles, como en otras ocasiones", indican desde Extremadura. "A día de hoy realizan esta importante labor cerca de 230 rastreadores integrados en el Servicio de Epidemiología de la Región de Murcia, cuyo trabajo de detección precoz nos está permitiendo controlar de forma rápida y eficaz los casos de contagio que detectamos en la Región. Del Ejército no hay actualmente, pero si fuese necesario se volverían a incorporar", señala un portavoz del Ejecutivo murciano.

El caso opuesto de Andalucía

Existen otras comunidades que no han dejado de contar con rastreadores militares incluso cuando el impacto de la pandemia era muy bajo. Es el caso de Andalucía, que cuenta en estos momentos con una cifra -exactamente 90- muy lejana a la que llegó a tener en la fase más aguda (360). "Existe el compromiso del Ministerio de que, si hicieran falta más, podríamos contar con ellos", aseguran desde la Consejería andaluza de Salud.

Tampoco ha renunciado a este ofrecimiento el Gobierno de Castilla y León (PP y Cs). Según los últimos datos facilitados, esta comunidad cuenta en el momento actual con 468 rastreadores, distribuidos en once gerencias (Ávila, Burgos, El Bierzo, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid Este, Valladolid Oeste y Zamora) y de los que 120 son militares (el 25,64 %).

En Aragón, una veintena de rastreadores militares colabora con el Departamento autonómico de Sanidad encargándose de comunicar los resultados negativos. Y en Asturias hay actualmente otros 20, que se suman a los 70 civiles que siguen el rastro en esta comunidad a posibles contagiados.

En Navarra, la región que en la dos últimas semanas viene registrando más casos diagnosticados con 588 por cada 100.000 habitantes, los militares que hacen labores de rastreo son 24. "Son un complemento coyuntural del sistema de rastreo de la comunidad foral a los que se ha recurrido de nuevo ante el incremento de necesidades en esta nueva ola para reforzar un equipo de profesionales dependientes del sistema sanitario de salud, dado que se tratan de personas que habían recibido un formación y contaban con una experiencia que es importante en este momento de nuevo repunte. Su volumen ha ido variando a lo largo de la pandemia", explican fuentes del gobierno navarro. 

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Con información de Ana Belén Ramos (Madrid), Iva Ánguera de Sojo (Cataluña) y Mikel Segovia (País Vasco).