Faltaba Euskadi y ayer la pieza de su puzzle de partido en vías de reconversión como agente institucional y pactista legitimado se completó. El apretón de manos entre la portavoz de Bildu, Maddalen Iriarte y el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu es la foto que le faltaba a la coalición. Se la facilitó ayer el PNV, quien pese a no requerir de su apoyo –goza de mayoría absoluta junto al PSE- no ha dudado en buscar el apoyo de la izquierda abertzale.

El acuerdo presupuestario alcanzado entre marca un nuevo tiempo en la política vasca. La coalición liderada por Arnaldo Otegi lo hizo primero en el Congreso de los Diputados, continuó con su estrategia en Navarra y ahora lo hace en el País Vasco. La tradición abertzale que no hace tanto empleó las instituciones como altavoz y ejerció más como partido-pancarta que como formación de acuerdos, sigue dando pasos para intentar dejar atrás la imagen de su pasado que aún sobrevuela con fuerza sus siglas.

El viraje debía completarse en Euskadi. La sintonía que EH Bildu y el PSOE han venido fraguando desde 2018, primero facilitando la investidura de Sánchez y después permitiendo la aprobación de sus primero presupuestos –y anunciando su apoyo a los segundos, aún pendientes de votación- continúo consolidándose en Navarra. En la Comunidad Foral EH Bildu aplicó la misma receta, apoyar la investidura de Chivite y dar vía libre a la aprobación de sus cuentas. El tercer botón de su nuevo traje de facilitador de acuerdos lo ajustó en Vitoria, sabedor de que pese a no ser un respaldo necesario sí completaría el proceso de reconversión política institucional.

El punto negro a su transformación seguía siendo Euskadi. En estos años la relación de PNV y EH Bildu en la Comunidad Autónoma Vasca no ha sido buena. La crítica de seda empleada en Madrid contra Sánchez se transformaba en reproche continuó y férreo contra el Ejecutivo de Urkullu. Desde que ocupa la lehendakaritza, a la que llegó en 2012, la izquierda abertzale se ha opuesto a todas las cuentas presentadas por el Gobierno Urkullu. En estos nueve años el Ejecutivo liderado por el PNV logró acuerdos presupuestarios con el resto del arco parlamentario, con el PP de Alfonso Alonso, con el PSE de Mendia y con Elkarrekin Podemos de Lander Martínez. Sin embargo, EH Bildu ha estado ausente de los principales acuerdos con el PNV.

Acelerar la 'mutación'

La estrategia de dura oposición de EH Bildu le había dado buenos resultados. Las encuestas han venido ratificando que lejos de desgastarle el apoyo social incluso podría haber aumentado. La muestra de músculo social demostrado en la manifestación celebrada en Bilbao el pasado 20-N da muestra de la fortaleza de su base electoral.

Cumplida una década del final de las acciones terroristas de ETA, el entorno radical ha decidido acelerar la mutación que hace años comenzó Otegi. En las últimas semanas se han dado varias muestras de ello. Al reconocimiento del dolor causado a las víctimas por su pasado de apoyo a ETA que el 18 de octubre proclamó EH Bildu, se sumó el pasado lunes –en plena negociación presupuestaria- el manifiesto del colectivo de presos de la banda instando a acabar con los ‘Ongi etorri’.

Ahora, y sin que el escenario se incluyera en las previsiones de la mayoría de los analistas políticos vascos hace unas semanas, EH Bildu accede a dar un paso a un lado de su estrategia anti PNV. Lo hace tras ver una vía libre al desmarcarse Elkarrekin Podemos de un posible acuerdo y pese a que la coalición de Gobierno no requiere de su apoyo al gozar de mayoría absoluta.

La abstención que emitirá en el pleno del próximo 23 de diciembre y su compromiso a no apoyar ninguna enmienda en contra ha tenido un precio; 253 millones en forma de modificaciones presupuestarias. Las negociaciones, que se han llevado con discreción en el caso vasco –no así en la negociación llevada a cabo en Madrid- incluyen medidas económicas y compromisos políticos. Entre estos últimos destaca el que asume el Gobierno vasco de defender y fomentar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los convenios colectivos “que sea proporcional a la renta media” en Euskadi.  

Alquiler e I+D+i

Un segundo compromiso se refiere al mercado de la vivienda de alquiler. El Ejecutivo Urkullu se compromete a elaborar un sistema de control de precios del alquiler privado “adaptado a las especificidades de la realidad vasca”. Además, deberá elaborar un informe con posibles medidas de incentivo y penalización fiscal que permitan contener los precios de alquiler en Euskadi.

El tercer compromiso hace referencia al I+D+i. EH Bildu ha logrado que el Gobierno incremente un 12% cada año las partidas destinadas a este fin, con la mirada puesta en el año 2028 para que la I+D+i alcance entonces el 3% del PIB vasco. Supondrá duplicar los recursos destinados en los presupuestos. Las medidas económicas, que suman cambios presupuestarios por valor de 253 millones de euros, abarcan áreas que van desde la salud hasta la emergencia climática, el bienestar energético, las políticas sociales y la juventud.   

Con este acuerdo EH Bildu culmina un proceso de institucionalización reforzando un perfil pactista del que hasta no hace muchos años carecía. En este ámbito los avances respecto a su pasado son evidentes, no así los referidos a su trayectoria de apoyo a la violencia cuya evolución avanza a un ritmo muy inferior. La condena a la violencia de ETA o el reconocimiento de que matar estuvo mal continúa siendo una reclamación pendiente que el conjunto de formaciones aún les reclama.

Durante décadas la izquierda abertzale o se ausentó de las instituciones –en ocasiones por voluntad propia y en otras por estar ilegalizada- o las empleó como altavoz para sus reivindicaciones políticas. Aún se recuerda en la Cámara vasca episodios como la candidatura de un preso de ETA a lehendakari que el 26 de febrero de 1987 protagonizó Juan Carlos Yoldi, preso preventivo de la banda. Su candidatura le disputó la investidura a José Antonio Ardanza tras avalar la Justicia su derecho a hacerlo como candidato de la izquierda abertzale al no haber sido aún juzgado. El 24 de marzo de 1995 la Cámara de Vitoria fue empleada para escenificar la fractura que supuso el ‘caso Laza y Zabala’, enterrados bajo cal tras ser asesinados y torturados por los GAL. En aquella sesión parlamentaria el diputado de HB, Mikel Zubimendi arrojó una bolsa con cal al escaño del entonces secretario general del PSE, Ramón Jauregi, “esto es un mensaje para el justiciero Jauregi”, dijo.