La sanidad pública catalana ha realizado 24 eutanasias en los primeros seis meses de aplicación de la nueva ley que regula la muerte asistida en España. Se han recibido 53 solicitudes, de las que 28 han sido aprobadas, tres rechazadas y dos revocadas, ha explicado este jueves la secretaria general de Salut de la Generalitat, Meritxell Maso. La mayoría de los casos corresponden a pacientes oncológicos o con enfermedades neurodegenerativas.

La mayoría de las peticiones, 34, se han gestionado a través de la atención primaria, mientras que 19 peticiones se recibieron en centros hospitalarios. En el ámbito hospitalario, la mayor parte de las peticiones son de pacientes oncológicos, ha explicado Azucena Carranzo, directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria.

Es la primera comunidad que ofrece datos sobre la aplicación de la muerte asistida, unos datos que Maso ha puesto en contexto, recordando que estos primeros meses se han acumulado las peticiones de pacientes que llevaban tiempo esperando esta regulación. En este contexto, ha pedido a esperar al primer año de aplicación de la norma para hacer un balance de los datos con la perspectiva adecuada.

Eutanasia a domicilio

Maso ha explicado además que las personas solicitantes "pueden escoger el lugar" donde se realizará la eutanasia. En el caso de los pacientes que lo solicitan a través de su médico de familia o su enfermera en la atención primaria, la gran mayoría se hacen a domicilio, ha explicado Carranzo.

Pero tienen la opción de pedir que el traspaso se produzca en un centro hospitalario, ha aclarado el doctor Albert Tuca, presidente de la Comisión de Garantía de Evaluación de Cataluña, que revisa la aprobación o no de todas las solicitudes. "En algún caso el solicitante pide hospital" ha relatado Tuca, aclarando que, también en esos casos, la eutanasia la realiza el médico de cabecera del solicitante.

La Ley de la eutanasia entró en vigor en España el pasado 25 de junio entró en vigencia la ley de la eutanasia en España que establece que los enfermos “sin cura o con enfermedades crónicas” podrán decidir entre recibir atención para mejorar su calidad de vida o solicitar una muerte digna. España fue el séptimo país del mundo en legalizar la eutanasia.

La ley establece la obligación de crear una Comisión de garantías en cada comunidad, responsable de avalar las peticiones que elevan los sanitarios, así como un registro de objetores para los profesionales sanitarios que no quieran aplicar la eutanasia.

Médicos y enfermeras objetores

En el caso de Cataluña, 90 médicos se han incorporado al registro de objetores, de los 77 corresponden a la provincia de Barcelona. A ellos se suman 12 enfermeras y un farmacéutico. Unas cifras bajas para un colectivo de 90.000 profesionales sanitarios, ha destacado Maso.

La secretaria general de Salud ha insistido en el "agradecimiento y reconocimiento a los profesionales que han participado en garantizar este derecho". Maso ha señalado que se trata de un "proceso difícil también para los profesionales, de gran dureza para los profesionales".

Carranzo ha destacado además la formación -voluntaria- ofrecida a los profesionales sanitarios sobre la regulación de la eutanasia. Un total de 11.375 profesionales sanitarios han participado ya en estas formaciones, y otros 6.000 participarán en próximas sesiones formativas.