El despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, pareja de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se opone a que la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, acceda a información sobre sus abogados porque carece de "legitimación" para ello.

Los representantes de dicha asociación pidieron a la Fiscalía General toda la información de la investigación interna que se hizo al fiscal Ignacio Stampa, quien investigaba el caso Villarejo cuando el comisario jubilado denunció una posible filtración de información judicial secreta por parte del investigador a la abogada de Podemos y Pablo Iglesias, Marta Flor Núñez.

El fiscal Stampa denuncia que la fiscal general y su mano derecha, el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía Álvaro García, "maniobraron" para alargar la investigación penal que se desarrolló en la Fiscalía Superior de Madrid para ver si había incurrido o no en dicha revelación de secretos con el fin de que quedara fuera de la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, del caso Villarejo. Considera que la máxima representante del Ministerio Fiscal tiene "interés directo" en la causa porque el despacho de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, defiende a algunos de los investigados en el caso. En este sentido, ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia por los perjuicios que le ha causado quedarse fuera de Anticorrupción.

La Asociación de Fiscales, que ha pedido la dimisión de Dolores Delgado por su "falta de idoneidad" por su procedencia directa del Gobierno de Pedro Sánchez (fue ministra de Justicia) y del PSOE, como diputada, pide mayor "transparencia" a Delgado sobre este caso. Ha pedido toda la documentación de la investigación a Stampa porque considera que quedan aspectos "oscuros" que no se han resuelto. Entre ésta información, que Delgado ha rechazado entregar considerando que se trata de "materia reservada", han solicitado aclarar si el despacho de Garzón defiende a alguno de los investigados del caso Villarejo.

"Analizando acciones legales"

En una nota difundida este jueves, el despacho ILOCAD expone que "hasta el momento la Asociación de Fiscales no tiene ningún tipo de legitimación para sustentar la petición de la información que interesa de la Excma. Sra. Fiscal. General del Estado puesto que no está personada en el procedimiento iniciado por el Fiscal Sr. [vacío, en referencia a Ignacio Stampa)] (tampoco puede estarlo por el carácter particular de la acción) ni en ningún otro procedimiento -inexistente- en la que tenga una participación directa ILOCAD, S.L.; dicho en otros términos, esta Asociación no tiene previsto estatutariamente el acceso a la información reservada que interesa en lo que a esta sociedad se refiere".

Anuncian que "se están analizando las distintas acciones judiciales que se puedan emprender en defensa de nuestros intereses legítimos", asegurando que "las referencias directas que esta Asociación hace a esta sociedad, en los términos indicados, está generando un importante daño en nuestra reputación que se traduce en un evidente perjuicio económico, una merma en nuestra actividad económica, con una injustificada presión hacia nuestros clientes -y
potenciales clientes-, así como una lesión del legítimo ejercicio de la profesión y a no padecer ningún tipo de intromisión en el ejercicio de Ja misma por parte de los respectivos Letrados en todos y cada uno de los casos que se están tramitando dentro y fuera de nuestro territorio nacional (no se está asumiendo con ello ninguno tipo de información, circunstancia o valoración de la que pretenda hacer uso esta asociación)".