La asociación mayoritaria de la Carrera Fiscal, Asociación de Fiscales (AF), ha endurecido en las últimas semanas sus críticas hacia la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, apoyándose en una denuncia del fiscal Ignacio Stampa. El investigador asegura que perdió su plaza en la Fiscalía Anticorrupción y quedó fuera del caso Villarejo por "maniobras" de la máxima responsable del Ministerio Público que tiene un "interés directo" en la macrocausa de la Audiencia Nacional donde se abordan los trabajos privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo mientras era policía porque el despacho de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, lleva la defensa de dos agentes investigados.

La agrupación de fiscales, conservadora, ha sido muy crítica con Delgado desde que fue nombrada. Sus miembros consideran que la designación de la exministra de Justicia del Gobierno socialista, sin solución de continuidad, pone en peligro la "independencia" de la institución respecto del poder político, así como daña su "credibilidad". Pero, después de conocer la denuncia de Stampa, el nivel de las críticas de AF ha ido en aumento hasta pedir la dimisión de Delgado.

La asociación, a la que estaba afiliado el fiscal Stampa, no le apoyó través de ninguno de sus representantes en el Consejo Fiscal el 27 de octubre de 2020 para que continuara en Anticorrupción. Sin embargo, ahora exige a la fiscal general la documentación de las diligencias internas que se abrieron al investigador después de que Vox denunciara que había filtrado información judicial secreta a la abogada del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. Los Los representantes de AF principalmente quieren conocer las comunicaciones entre el teniente fiscal instructor de la investigación interna, Carlos Ruiz de Alegría, y el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía y mano derecha de Delgado, Álvaro García. Stampa, ahora destinado en la Fiscalía de Madrid, se basa en éstos para alegar que García buscó dilatar las diligencias para que los miembros del Consejo Fiscal se vieran influenciados porque estaba en el foco mediático y le desecharan de entre los ocho candidatos que aspiraban a una plaza de la Fiscalía Anticorrupción, como finalmente ocurrió, respondiendo a los intereses de Dolores Delgado.

La fiscal general rechazó entregar la citada documentación a los representantes de AF alegando que es de "carácter reservado" y los representantes de la asociación en el Consejo Fiscal exigieron abordar el asunto en el Pleno del pasado 24 de noviembre. A éste acudieron la Fiscal Jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sáinz, el jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, responsable de Stampa cuando investigaba el caso Villarejo. Los tres respaldaron la actuación de la fiscal general y consideraron que no ha habido ninguna irregularidad en los nombramientos del años pasado donde Stampa quedó descartado en detrimento de otros perfiles. Niegan cualquier maniobra o dilatación de la investigación para perjudicarle.

AF opinó que le faltaba "prudencia y discreción"

Pero los miembros de la Asociación de Fiscales en el último Consejo Fiscal no se quedaron conformes con la contestación del hombre de confianza de Delgado y de Luzón, quien dijo que el caso Tándem no se ha resentido por la salida de Stampa y descartó cualquier relación de Delgado con la causa.

"El intento de centrar la cuestión en el nombramiento para un cargo determinado de una persona determinada, sobre el que no se pregunta y ni siquiera ha sido recurrido por el interesado, no conduce a nada", trasladaron los miembros de AF del Consejo Fiscal en un comunicado posterior a su celebración. Cuando eligieron al fiscal Luis Rodríguez Sol en detrimento del investigador que ahora denuncia a Delgado, los miembros de dicha asociación destacaron que todos los candidatos elegidos, además de por razones de mérito y capacidad, eran más adecuados que él por la "discreción y prudencia en el ejercicio del cargo".

Para los representantes de AF, "el debate se centra, y es lo que verdaderamente interesa a la opinión pública, en aclarar las graves acusaciones que se realizan contra la Excma. Sra. Fiscal General del Estado", continuaba el comunicado donde pidieron toda la documentación de la investigación penal realizada a Stampa en la Fiscalía de Madrid; los expedientes disciplinarios en tramitación o ya archivados contra el fiscal; el expediente de abstención de Delgado si es que lo hubiera -el jefe de la Secretaría Técnica les explicó que la fiscal general no ha intervenido ni ha conocido en ningún momento el curso del procedimiento- y la información por escrito de los abogados personados en el caso Villarejo. Es decir, el listado de abogados para ver si el despacho de Garzón defiende a policías. El exjuez ha enviado un burofax a la asociación afirmando que no tiene por qué aportar información de sus abogados y que estudia acciones legales contra lo que considera una intromisión.

"Hay mucho oscurantismo"

Preguntada por si los miembros de AF habrían apoyado a Stampa en el Consejo Fiscal del año pasado si hubieran tenido toda la información que solicitan ahora, la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, considera que "no puede saberlo, pero lo importante es que haya más transparencia en la gestión de Delgado porque ahora se conocen una serie de circunstancias peculiares que llaman poderosamente la atención y deben ser aclaradas, hay mucho oscurantismo", traslada a El Independiente. Aclara que Stampa se desvinculó de la asociación hace meses y su denuncia ante el Ministerio de Justicia "es independiente" a las reivindicaciones de AF. "Él emprendió su propio camino" afirma Dexeus.

Insiste en que Delgado debería haberse abstenido en este procedimiento como en otros tantos que la asociación ha venido solicitando por su "procedencia del ámbito de la política" y porque se ha "posicionado en asuntos políticos que después ha tenido que abordar en la Fiscalía de una manera muy marcada".

Dolores Delgado tuvo que dar explicaciones públicas respecto al caso Villarejo en septiembre de 2018, cuando llevaba poco tiempo al frente del Ministerio de Justicia y el digital Moncloa.com publicó el audio de una comida en el restaurante Rianxo de Madrid a la que acudió junto a Baltasar Garzón y los ahora investigados en la Audiencia Nacional José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, defendido por uno de los abogados del despacho del exjuez Garzón. Podemos, a través de su exlíder Pablo Iglesias, pidió la dimisión de Delgado tras la publicación de dicho audio.