Moncloa no tiene opinión ni sobre la situación personal de Juan Carlos I ni sobre la judicial a raíz de una demanda de su ex amante, Corinna Larsen. O, al menos, no la manifiesta. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, no se ha salido ni una línea del argumentario habitual, es esto, que el Gobierno "valora el esfuerzo" de la Casa Real para "dotar a la monarquía parlamentaria de mayor ejercicio de trasparencia y ejemplaridad", pero nada ha dicho respecto a la conveniencia o no de su vuelta a España y del juicio que se le quiere abrir en Londres.

El mismo día en que se conocía que el rey emérito apela a su condición de "soberano o jefe de Estado de España" y, por lo tanto, inimputable para enfrentarse a la demanda por amenazas de Larsen, sí ha admitido que nada hay de ese anuncio que hace un año hizo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Habló entonces de la existencia de una "hoja de ruta" para la modernización de la jefatura del Estado.

Sin avances normativos respecto a la Casa Real

"No se ha producido ningún avance en la cuestión normativa porque la hoja de ruta del gobierno es la recuperación económica, cumplir nuestros compromisos, ser los primeros en recibir fondos, avanzar en al generación de empleo y no dejar de ejercer nuestra gestión de la pandemia". En definitiva, el objetivo ha sido la recuperación, orillando cualquier medida sobre la Casa Real, incluyendo una Ley de la Corona que, en realidad, nunca fue una propuesta en firme. De hecho, ya algo molesta ante la insistencia de los periodistas, Rodríguez ha puntualizado que "no soy la portavoz de la Casa Real".

Un día después del polémico discurso de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con motivo del día de la Constitución en la que apeló a la lealtad institucional y a "desjudicializar" la política, en alusión, a PP y a Vox, Rodríguez ha destacado que el Gobierno está en disposición de renovar "mañana mismo" el CGPJ por entender que "es una necesidad de nuestro país", pero no se ha atrevido a dar ningún plazo para alcanzar un acuerdo que depende del PP.

El Gobierno sigue avanzando en la negociación de la Ley Audiovisual con ERC

Algo más optimista se ha mostrado sobre la marcha de la negociación de la ley Audiovisual con ERC, de la que penden las cuentas del Estado para 2022. Aunque es cierto que los independentistas republicanos no se han sumado en el Senado a ningún veto a los Presupuestos, queda el plazo de enmiendas, lo que puede retrasar su aprobación definitiva, pues volverían a ser votadas en la Cámara Baja. Gobierno y ERC "seguimos en la negociación con dos elementos claros que tienen que ver con al consolidación de nuestro país como hub audiovisual y que sea compatible con el uso de las lenguas cooficiales".

Interrogada respecto a qué va a pasar a partir del 1 de enero con el IVA de las mascarillas, que hasta esa fecha es el superreducido del 4 por ciento para pasar a ser del 21, se ha mostrado algo esquiva. Admite que, a estas alturas, "no hay una decisión tomada", pero ha defendido que el Gobierno "ha demostrado agilidad a la hora de acoplar las necesidades de la ciudadanía, hay margen para actuar sobre esta cuestión si fuera necesario". Lo cierto es que Hacienda arrastró los pies durante meses a pesar de que la mayoría de los países de nuestro entorno rebajó el impuesto a las mascarillas incluso, algunos, hasta tipos 0.