A la guerra entre Cayetana Álvarez de Toledo y el Partido Popular aún le quedan muchos capítulos. La diputada por Barcelona ha remitido una carta al secretario general del grupo parlamentario, Guillermo Mariscal, en la que denuncia que la sanción interpuesta por la dirección del PP en el Congreso en su contra por saltarse la disciplina de voto marcada por el partido durante la renovación del Tribunal Constitucional en la Cámara Baja -como ella misma reconoció en una entrevista para El Mundo- "vulnera los procedimientos legales, incumple los estatutos del grupo, socava la autonomía del diputado, frustra la regeneración democrática e impugna el ideario del Partido Popular".

La dirigente se revuelve así contra la intención del Grupo Parlamentario del PP de sancionarla -la multa iría entre los 500 y los 700 euros- por votar en blanco durante la renovación de los órganos constitucionales, que llegó al Congreso con un pacto previo entre PSOE y PP. En la misiva, la diputada alega una serie de motivos por los que justifica que las actuaciones previstas por la dirección popular contra ella son ilegales, y echa un nuevo pulso al partido al entender que "no procede por su parte ninguna actuación" ya que "sancionarme sería tanto como sancionar la defensa de los principios y la coherencia ideológica del Partido Popular".

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El pasado 1 de diciembre, el Grupo Popular comunicó oficialmente la apertura de un expediente sancionador contra Cayetana Álvarez de Toledo al entender que la infracción de la dirigente durante el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional pactado previamente por el partido constituía una infracción "grave" susceptible de sanción económica. Aunque sí lo hizo la dirección del grupo parlamentario, Génova decidió no abrir expediente sancionador contra la dirigente amparándose en las normas internas que contemplan sanciones contra dirigentes que generen "corrientes de opinión" contrarias a los "intereses" del partido. Nada más recibir la comunicación, la diputada por Barcelona anunció que presentaría "alegaciones".

En la misiva inicial, Guillermo Mariscal defendía que las instrucciones de la dirección del Grupo habían sido claras, y que se había comunicado expresamente a los diputados el sentido del voto "que en ningún caso era el voto en blanco". "Teniendo en cuenta la importancia de la votación, este hecho se tipifica como falta grave", continuaba el comunicado firmado por el secretario general del PP en el Congreso, que informaba a la dirigente que contaba con un plazo de diez días naturales para presentar las alegaciones pertinentes antes de considerar firme la correspondiente propuesta de sanción que los populares justifican en base a lo establecido en el artículo 32 bis, c) de los Estatutos de la formación.

Cayetana Álvarez de Toledo no ha presentado formalmente alegaciones, sino que ha respondido a Guillermo Mariscal con otra misiva en la que aduce que da la propuesta de sanción como "no recibida" porque, insiste, "no procede" por parte de la dirección popular ninguna actuación contra su persona. Y alega que, en base al artículo 3 de los mismos Estatutos en los se ampara la dirección del grupo parlamentario establece que "todos los diputados se comprometen a defender los principios y líneas básicas del programa electoral con el que conjuntamente concurrieran a las elecciones". "Eso es, precisamente, lo que hice al votar en blanco a la propuesta de nombramientos para el Tribunal Constitucional", añade.

A continuación, recuerda que el programa electoral del PP para la últimas elecciones generales de noviembre de 2019 establecía que el partido liderado por Pablo Casado se comprometía a fortalecer la "independencia del Poder Judicial", una promesa que se repite en la hoja de ruta que el PP desplegó para los comicios de abril de 2019. "La Justicia es la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos (...). Por ello, es necesario potenciar los mecanismos de transparencia y dotar de nuevos instrumentos de control al Parlamento para evitar la degradación institucional de nuestra democracia", refleja Álvarez de Toledo en su misiva.

Y no se queda ahí. La ex portavoz popular explica que, en el caso de la renovación de los órganos constitucionales, "era esencial rehuir nombramientos con vinculaciones partidistas flagrantes" y "evitar una operación de intercambio de cromos". "No fue, por tanto, mi voto en blanco el que contradijo la línea política del partido. Lo que contradijo la línea política del partido fue el voto a favor", zanja. Por todo ello, exige a la dirección del Grupo Popular la retirada de la propuesta de sanción, dejando así la pelota en el tejado del partido que deberá decidir en los días siguientes si sigue adelante con las actuaciones pertinentes.

La guerra entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Casado abre así un nuevo frente de batalla. La ruptura de la disciplina de voto en la renovación del Tribunal Constitucional -que también despertó fuertes recelos en las filas de PSOE y Podemos, donde también se produjeron algunos votos 'rebeldes'- no es el único conflicto entre la actual dirección del partido y la ex portavoz parlamentaria del PP. Los puentes saltaron definitivamente tras la publicación de Políticamente indeseable, el nuevo libro de la diputada por Barcelona en el que carga abiertamente contra Pablo Casado, al que acusa de ser un "bienqueda" con miedo; y especialmente contra Teodoro García Egea, al que señala por ejercer un mando "despótico" e, incluso, hacer bullying a los diputados del grupo.