El presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) dependiente del Consejo de Europa, Marin Mrčela, ha hecho pública este jueves una declaración en la que advierte de los "riesgos de corrupción" en los que pueden incurrir los gobiernos de los países de la Unión Europea con las medidas que adopten para hacer frente a la pandemia.

"Dado que los gobiernos se enfrentan a sucesivas oleadas de la pandemia de Covid-19 y siguen necesitando reaccionar con rapidez, a menudo recurren a medidas extraordinarias. A pesar de lo excepcional de la situación, es crucial que los gobiernos actúen con pleno respeto a la ley y basen todas sus acciones en los principios de transparencia, supervisión y responsabilidad", arranca la declaración del presidente del órgano.

En ésta, pone el foco del riesgo de corrupción "especialmente en el sector sanitario y en la actuación de los gobiernos para hacer frente a su impacto económico", así como en "la adjudicación de contratos públicos, los conflictos de intereses y los grupos de presión". En este sentido, destaca que "el acceso público a la información sigue siendo crucial, al igual que los sistemas eficaces de protección de los denunciantes".

Informes de evaluación antes de que acabe el año

Anticipa en el comunicado que, antes de que acabe el año, GRECO habrá emitido informes de evaluación sobre "23 de sus 50 Estados miembros en relación con la prevención de la corrupción en los gobiernos centrales -incluidas las funciones ejecutivas de alto nivel- y la aplicación de la ley".

Mrčela advierte de que en éstos se supervisará que "los gobiernos apliquen plenamente las recomendaciones del GRECO para prevenir y combatir la corrupción. Su objetivo principal debe ser establecer un marco jurídico e institucional que reduzca el riesgo de prácticas corruptas antes de que se desarrollen y que lo acompañe de procedimientos penales oportunos y justos que prevean sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias", traslada.

El Gobierno recibió 20 querellas y 30 denuncias

El año pasado se presentaron en España 20 querellas y 30 denuncias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra los ministros de su Gobierno por la gestión de la pandemia de coronavirus ante el Tribunal Supremo.

La Sala de lo Penal del alto tribunal las inadmitió todas considerando que en éstas no estaba debidamente justificada la autoría de los hechos punibles que los querellantes atribuían a los miembros del Ejecutivo, entre ellos supuesto delito de homicidio imprudente, delitos contra la seguridad de los trabajadores, omisión del deber del socorro o prevaricación, pero no rechazó de plano investigar los hechos. Remitió las denuncias a los juzgados ordinarios considerando que había extremos, como la omisión de medidas de seguridad para sanitarios o policías, la contratación de material fallido y las muertes de ancianos en residencias, que sí debían investigarse.

En todo caso, el presidente de la Sala Penal Manuel Marchena y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Pablo Llarena y Vicente Magro consideraron que la vía penal no era la más adecuada para denunciar las irregularidades por parte de los responsables públicos que veían los denunciantes, indicando que sería más adecuado denunciar por la vía contencioso-administrativa.

"Para considerar a los querellados responsables de un delito de homicidio o de lesiones por imprudencia, no bastaría con acreditar que se ocultó información procedente de organismos internacionales y que esos informes técnico-sanitarios ya eran disponibles por el Gobierno. Ni siquiera sería suficiente con demostrar que la no adopción de medidas tendentes a evitar las aglomeraciones masivas pudo incrementar el número de contagios. Nuestro sistema no conoce un tipo penal en el que se castigue a la autoridad o funcionario público que, de forma intencionada o negligente, oculte información relevante para conocer el verdadero alcance de una pandemia que amenaza con causar un grave peligro para la sanidad colectiva. En ausencia de un delito de riesgo que criminalice la desinformación que pone en peligro la vida o la integridad física de las personas, sólo podría ser objeto de un proceso penal la investigación de esas conductas de ocultación si existe posibilidad de demostrar que entre esa desinformación y el resultado lesivo o mortal hubo una precisa relación de causalidad», se expuso en el auto de diciembre del año pasado con el que los magistrados rechazaron las querellas.