El PP ha registrado una proposición de ley de creación de la Alta Inspección Educativa para dotarla de autoridad suficiente para garantizar el cumplimiento de las sentencias y el "no adoctrinamiento". Lo ha anunciado el presidente del partido, Pablo Casado, en una visita a Barcelona para reunirse con las entidades que defienden el bilingüismo. Casado ha denunciado la desobediencia de la Generalitat, a la que ha advertido sobre las consecuencias penales de su actitud, y la pasividad del Gobierno.

Casado ha presentado una batería de medidas en el ámbito de las Cortes, en las instituciones europeas y ante la justicia para garantizar el cumplimiento del 25% en castellano. En este contexto, ha dejado claro que si la Generalitat no implementa las sentencias judiciales pedirá la aplicación de un 155 sobre las competencias educativas de la administración catalana.

Aplicación del 155 en educación

El líder popular ha reclamado al Gobierno "que incoe el requerimiento de incumplimiento de la Constitución y que inicie procedimiento para aplicar 155". Casado se ha remitido al ejemplo de Felipe González y Josep Borrell "ante un incumplimiento menor de la fiscalidad en Canarias" para reclamar al ejecutivo de Pedro Sánchez un golpe de autoridad ante la Generalitat.

"No es cuestión de quitar competencias sino exigir que se cumplan" ha concluido Casado, denunciando que "se está vulnerando la Constitución y las sentencias judiciales".

El Govern "está cometiendo delitos, por ahora desacato a las sentencias, probablemente delito de desobediencia y si no atiende a los requerimientos judiciales sería un delito de prevaricación" ha añadido el líder popular. "Si persisten" ha añadido, "nosotros acudiremos a los tribunales para recabar la tutela judicial efectiva por estos delitos" ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe en consecuencia con la aplicación del 155.

Los nacionalistas "han pensando que la impunidad iba a seguir campando, el PP no lo va permitir" ha advertido tras acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de dejar "desamparados" a los catalanes para garantizarse los votos de ERC.

La Alta Insepcción

Respecto a la Alta Inspección Educativa, Casado ha reconocido que su formación "no hizo todo lo que debía" cuando ocupó el Gobierno, pero ha asegurado que reforzar este cuerpo es básico para garantizar los derechos educativos. La proposición de ley, que el PP ha registrado hoy en el Congreso, debe servir a su juicio para "poner fin al adoctrinamiento en la enseñanza nacional" y garantizar la "libertad lingüística en el porcentaje determinado por la ley o la justicia".

De este modo, ha asegurado, se evitará la ineficacia de una Alta Inspección lastrada hasta ahora por "la falta de personal o la falta de rango". Con rango de ley y la jurisprudencia constitucional la inspección "podrá ser eficaz para que no haya ni adoctrinamiento, ni segregación lingüística, ni desobediencia de sentencias".

Cumbre del bilingüismo

El presidente del PP se ha reunido en Barcelona con representantes de la Asociación por la Escuela Bilingüe (AEB), Sociedad Civil Catalana (SCC), S'ha Acabat, Impulso Ciudadano, Universitarios por la Convivencia, Convivencia Cívica Catalana y Ames. El objetivo, escenificar el apoyo de su partido a la batalla de estas entidades por que se respete la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que fija un 25% mínimo de castellano en las aulas catalanas.

El encuentro llega en plena polémica por la batalla política abierta en torno a una familia de Canet de Mar que solicitó la aplicación del 25% en la escuela de infantil de su hijo de 5 años. Una batalla que se suma a la crisis abierta en el seno del independentismo por la ratificación de la sentencia del TSJC, que la Generalitat debe implementar en el plazo de unas semanas.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocado este jueves a sindicatos de la educación y entidades en defensa del catalán para explicar cómo piensan "defender" la lengua de lo que consideran un ataque de la justicia al sistema de inmersión lingüística.